Una jueza de Madrid ha citado como investigados a seis agentes del Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil en Madrid, el mismo grupo que instruyó los atestados con falsedades, bulos y sesgo ideológico que responsabilizaron al Gobierno central de contribuir a la propagación de la epidemia del Covid-19 a través de la autorización de la marcha feminista del 8 de marzo de 2020.
La actual investigación, que se había limitado hasta ahora al número dos del Equipo, se extiende ahora a otros cinco agentes, acusados todos ellos de colocar balizas sin autorización judicial en el marco de una investigación por narcotráfico. Los seis guardias civiles prestarán declaración el próximo 25 noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid, han avanzado a elDiario.es fuentes del caso.
Los agentes están acusados de un presunto delito contra la intimidad por haber colocado sin autorización dos dispositivos de seguimiento en el coche y la motocicleta de uno de sus objetivos, un presunto narcotraficante al que luego investigaron en la Audiencia Nacional.
En 2020, cuatro de los seis agentes ahora imputados estamparon su firma y su número de carnet profesional en los dos atestados que sirvieron para imputar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y también para apuntar a varios ministros del Gobierno y al epidemiólogo Fernando Simón, que actuó como portavoz del Ministerio de Sanidad durante la pandemia. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que todo el Equipo de Delitos Económicos participó en aquella investigación, bautizada como Operación Sanitario.
El contenido de aquellos informes policiales supuso un terremoto político sobre la gestión de la peor tragedia ocurrida en España desde la Guerra Civil. Su escasa fiabilidad provocó a la postre que la causa fuera archivada por la jueza.
En los atestados se reproducían mantras de la extrema derecha con afirmaciones como la siguiente: “El Gobierno sabía el peligro real del coronavirus (...) en un vídeo de la cabecera de la manifestación del 8 de marzo se observa a la ministra Celaá y a la exministra Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir `No se besa, no se besa´ a las personas que encabezan la manifestación”.
Los guantes morados son un símbolo del feminismo en esa y otras manifestaciones y no servían de protección porque la mayoría de las asistentes los llevaban en una sola mano. El ‘no se besa’ no probaba que el Gobierno manejara información bajo secreto del riesgo del virus. En aquellas fechas ya se habían difundido indicaciones oficiales para evitar en lo posible el contacto físico. La lista de bulos y tergiversaciones de los atestados es extensa [se puede leer aquí].
El Gobierno cesó al coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por no informar a sus superiores del avance de las investigaciones, pero le tuvo que restituir por orden judicial. La única investigación interna que se ordenó fue por la filtración de los atestados y un tribunal militar anuló la sanción a los guardias.
La mayoría de los participantes en los atestados con los bulos y las tergiversaciones siguieron en sus puestos, incluido su jefe, que con posterioridad ascendió a capitán y ha llegado a actuar como jefe accidental de toda la especialidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Comunidad de Madrid. A diferencia de sus subordinados, el capitán no ha sido imputado en la causa de las balizas.
Solo el brigada imputado en septiembre de 2023 fue trasladado a tareas burocráticas de la Comandancia y hoy está destinado en la Academia de Guardias Civiles de Baeza (Jaén) donde instruye a futuros agentes. Su expediente está detenido a la espera de una resolución judicial firme.
“Soy el más ilegal de los ilegales”
En una grabación publicada en septiembre de 2023, ese brigada, número dos del equipo de guardias civiles, confiesa las irregularidades que él y sus compañeros cometen en varios casos que tienen asignados, según informó elDiario.es. “Esa baliza es ilegal. Soy el más ilegal de los ilegales”, llega a decir. La grabación supuso a la postre la primera de las imputaciones por las balizas ilegales, cuyo uso reconocía el brigada en el audio. Su contenido lo aportó a la causa por narcotráfico uno de los abogados de la defensa.
La presunta organización de tráfico de cocaína era objetivo de los guardias civiles en el marco de una operación llamada Águila-Frozen, que se sigue en la Audiencia Nacional. Uno de los investigados, distinto del que descubrió las balizas ilegales, era Borja Villacís, asesinado el pasado junio. El brigada declaró que la mujer que le grabó, con la que mantenía una relación incipiente, era una infiltrada de los narcos. También dijo que él lo sabía y que todo lo que decía era porque estaba fingiendo.
El brigada y su superior, hoy capitán, negaron en un informe que sus subordinados utilizaran balizas ilegales con el argumento de que esa práctica está prohibida. La investigación posterior rebate esa tesis de defensa. Un equipo de policías nacionales destacado en la Audiencia Nacional ha seguido el rastro de las dos balizas. Un minucioso trabajo de reconstrucción ha permitido vincular a los guardias civiles con los lugares donde se compraron y activaron las tarjetas de las balizas, cuya colocación habían negado el brigada y el jefe del Equipo en un escrito remitido al juzgado el pasado otoño.
El estudio de una de las balizas no ha dado resultado, por estar asociada a una empresa francesa que se ha negado a colaborar. Pero el otro dispositivo tenía un funcionamiento distinto, con dos tarjetas SIM: la que lleva el propio dispositivo y otra que se inserta en un teléfono y que va recibiendo el posicionamiento de la primera.
Una investigación secreta a los guardias
El juez Pedraz tomó declaración como testigo a la mujer que grabó el audio e imputó al brigada en el marco de una pieza separada. A continuación, el juez ordenó la Policía Nacional que indagara y el resultado es un informe entregado al magistrado, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que se acredita que las balizas ilegales fueron adquiridas, colocadas y utilizadas por al menos seis miembros del Equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Guardia Civil en Madrid.
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se ha inhibido en favor de un juzgado local y ahora la titular del Juzgado 51 de Madrid, Marta Guitérrez del Olmo, ha citado como imputados a los seis agentes.
A uno de los guardias civiles los agentes le han encontrado “20 posicionamientos que pudieran estar en común con la baliza”. A un cabo primero, un total de 25 coincidencias. Otras 29 a otro guardia civil. En el caso de un brigada se le han detectado “siete zonas en común”. Otro de los guardias estuvo 26 veces en la misma zona de las SIM investigadas y otro agente en ocho ocasiones.
Los guardias civiles usaron la identidad de una persona que había perdido su DNI para adquirir las tarjetas SIM que colocaron en la baliza y en el teléfono móvil vinculado a la misma. A través del posicionamiento de los móviles de los guardias, los policías nacionales han logrado situarlos “en la zona, día y hora, del día y lugar de compra y activación de la SIM”, según recoge el informe que ha dado pie a su imputación.
Los agentes investigados también aparecen en el lugar y la hora donde se sitúa el terminal que “comanda” la baliza y en hospedajes próximos a donde se desplaza el dispositivo, coincidente también con presuntos desplazamientos de los guardias civiles para vigilar al objetivo que luego vincularon con la organización de narcotraficantes.
En el caso del 8M, solo el brigada tomó declaración a seis testigos, tres sindicalistas y tres funcionarios de la Delegación del Gobierno, y firmó esos testimonios con el número de su Tarjeta de Identificación Profesional en calidad de instructor de las diligencias. Las sindicalistas le explicaron que no habían sido advertidas por la Delegación del Gobierno de riesgo alguno y los funcionarios explicaron que no tuvieron conocimiento real del mismo hasta el 11 de marzo, tres días después de que se celebrara la marcha multitudinaria. Tampoco afectó a la tesis de los dos atestados de la Guardia Civil que pretendían incriminar al Gobierno.