La Policía, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra siguen sin poder compartir sus bases de datos en tiempo real un año después de los atentados de Las Ramblas de Barcelona y Cambrils que provocaron la muerte a 15 personas y heridas a un centenar. Una incompatibilidad tecnológica en cuya solución ya está trabajando el nuevo equipo del Ministerio del Interior ha impedido en los últimos años intercambiar esa información al momento, según reconocen fuentes del departamento que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska. No obstante, el Ejecutivo asegura que la cooperación con las autoridades policiales catalanas es “excelente”.
Interior asegura que en los últimos años las bases de datos de los cuerpos policiales españoles y la del catalán “no se entendían entre sí” por un “pequeño fallo tecnológico” que sigue impidiendo ese intercambio inmediato. Pero aseguran que tras la llegada al poder del Ejecutivo de Sánchez el ministerio se está ocupando de hacer frente a ese contratiempo y espera solucionarlo “en breve, en poco tiempo”. Explican que cuando eso ocurra “el intercambio de información” entre Policía, Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra “va a ser en tiempo real”.
En todo caso, las fuentes del departamento de Grande-Marlaska consultadas por eldiario.es señalan que “la colaboración” entre la administración española y la catalana en materia policial y de lucha contra el terrorismo es “constante”. Recuerdan que dicha cooperación se inició en 2007 con el acuerdo suscrito entre el ministerio entonces encabezado por Alfredo Pérez Rubalcaba y la consellera de Interior de la Generalitat, Montserrat Tura, que permitió a Mossos y Policía acceder a sus respectivas bases de datos.
Interior señala, además, que de forma “permanente” un oficial de los Mossos se encuentra integrado en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) creado en 2014 y que es el encargado de realizar la gestión y el análisis de toda la información estratégica relativa al terrorismo, la criminalidad organizada y las organizaciones violentas. Y el Ejecutivo añade que el cuerpo catalán también está presente en la Audiencia Nacional así como en la Comisaría General de Información del barrio de Canillas, en Madrid, que es la encargada de la lucha contra el terrorismo.
La investigación de los ataques
“El intercambio es constante”, insiste el equipo de Grande-Marlaska, que cita como ejemplo de esa cooperación la investigación de los atentados del 17A y el esclarecimiento de lo sucedido, así como el procesamiento de todas las personas implicadas en los ataques.
Las afirmaciones de Interior contrastan con las declaraciones efectuadas este jueves por el exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, máximo mando policial durante los atentados del 17A de 2017 y que se encuentra en prisión acusado por el Tribunal Supremo de rebelión por su vinculación con la celebración y preparación del referéndum independentista del pasado 1 de octubre. En una entrevista en el diario Ara, Forn denunciaba que el Estado “es celoso a compartir datos” sobre terrorismo. “Hoy Cataluña no tiene acceso a determinadas fuentes de información que son primordiales para poder luchar efectivamente contra el terrorismo”, apunta.
El propio Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior cuando ocurrieron los ataques, reconoce que pudo haber ciertos fallos de coordinación con las autoridades policiales catalanas. “Reconozco que cuando se analiza con posterioridad, uno puede encontrar alguna laguna, pero he visto absoluta colaboración, existe a diario y existió en aquella época. Institucional y también desde el punto de vista policial y con eso nos tenemos nos tenemos que quedar”, indicaba este jueves en una entrevista en Antena 3.
Una “asignatura pendiente”
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), principal organización del cuerpo, también considera que se produjeron errores. En declaraciones a Europa Press, su presidente, Juan Fernández, reconocía que hubo una falta de colaboración con los Mossos tras los atentados y lo achacaba al modelo policial. A su juicio, esa cooperación entre todos los cuerpos policiales “es la gran asignatura pendiente que tiene la democracia”. Todos los cuerpos policiales “recelan” y quieren tener todas las competencias lo que, en su opinión, “perjudica al ciudadano”.
También desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) denuncian que la colaboración de los Mossos tras los ataques del 17A fue “demencial”. A juicio de su portavoz, Ramón Cossio, el problema de los responsables de la policía catalana es que “se arrogan una autosuficiencia” habida cuenta, en su opinión, de “su sesgo político” que “deriva en la falta de coordinación” con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.