La aplicación del estado de alarma deja por el momento en todo el país 350 detenidos por desobediencia grave a la autoridad y más de 31.000 sancionados por incumplir las restricciones impuestas. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho públicos estos datos en una rueda de prensa en la que ha insistido en que en las actuales circunstancias sólo está permitido salir a la calle en las excepciones contempladas en el real decreto. Para cumplir ese objetivo -ha señalado- cualquier ciudadano puede ser “objeto de interrogatorio” en la vía pública por parte de los agentes de la autoridad, que actuarán en todo caso con “proporcionalidad”.
Pasado el “plazo razonable” de la pedagogía para explicar las restricciones, el ministro ha señalado que todos los cuerpos policiales tienen la obligación de hacer cumplir el real decreto del estado de alarma. “Entiendan que si no se cumple la normativa, se impondrán sanciones por incumplimiento de la ley e insolidaridad manifiesta”, ha avisado. Ha recordado también que la DGT y la Guardia Civil están haciendo controles en las carreteras ante la prohibición de ir a segundas residencias o disfrutar de un tiempo de ocio también durante el fin de semana. El dato positivo es que el tráfico ha descendido hasta un 70% en las vías de acceso a las principales ciudades.
Grande-Marlaska ha informado asimismo de que en estos momentos hay un total de 157 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil contagiados por coronavirus. “Es un índice ligeramente superior al conjunto de la sociedad porque llevan a cabo una labor de proximidad importante”, ha explicado.
A preguntas de los periodistas, el ministro del Interior ha recordado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que España ha tomado las medidas “más drásticas de Europa” y una de más severas también “a nivel mundial” para el confinamiento para intentar contener la expansión del coronavirus. También ha adelantado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) seguirá desplegada en Cataluña el tiempo que sea necesario, y que se hará lo mismo en otros sitios como el País Vasco, donde está previsto que lleve a cabo labores desinfección en el aeropuerto de Bilbao.
750 médicos forenses a disposición de Sanidad
Junto al titular de Interior ha comparecido también el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha anunciado la puesta a disposición del Ministerio de Sanidad una plantilla de funcionarios dependientes de su departamento: más de 750 médicos forenses, 180 facultativos, 84 técnicos especialistas en laboratorio y 83 ayudantes de laboratorio para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
Según ha explicado Campo, esa es una de las medidas que ha tomado este mediodía la Comisión de Coordinación para la crisis del coronavirus, integrada por el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. La otra es consensuar una norma común para la prestación de servicios esenciales. Los consejeros autonómicos y el Ministerio de Justicia se han “comprometido” a remitir sus aportaciones durante el fin de semana para dejar hecho un protocolo este domingo.
Por otro lado, Campo ha confirmado que los regímenes de custodia y visitas de padres separados “tendrán que seguir cumpliéndose” durante la vigencia del estado de alarma y ha remarcado que “el regreso del menor al domicilio habitual es una de las causas excepcionadas” en el decreto aprobado por el Gobierno.