La publicación por elDiario.es de los audios de los pinchazos telefónicos en los que el hijastro de la alcaldesa de Marbella alardea de los beneficios que para él y sus socios, procesados por narcotráfico, acarreó en 2019 la victoria de Ángeles Muñoz son la última evidencia de cómo todos los indicios de corrupción existentes en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional quedaron enterrados por motivos no aclarados.
“La causa de los suecos”, como se la conoce en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional siempre fue abordada por la Fiscalía Antidroga y los dos magistrados que ha tenido el caso como un asunto de drogas y de cooperación internacional con Suecia.
Y eso ocurrió incluso después de que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía alertara en tres informes de los indicios de que el poder político y el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico podrían haberse cruzado a través de la figura de Lars y Joakim Broberg, marido e hijastro de la alcaldesa de Muñoz, respectivamente, el primero fallecido en marzo pasado.
El sumario del caso estuvo secreto hasta que hubo auto de procesamiento en septiembre de 2022 y fue a partir de entonces cuando este medio comenzó a desvelar su contenido. Del Juzgado no hubo una explicación y la Fiscalía Antidroga señaló que la fiscal Dolores López Salcedo había rastreado las cuentas de Broberg y que no halló en ellas indicios de que se hubiera beneficiado del poder político de Muñoz.
“Ahora hemos ganado nosotros también. Ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos la jodida Andalucía”. Esta es una de las frases intervenidas a Joakim Broberg con orden judicial. La pronuncia tres días después de las elecciones municipales de 2019 y, como otras con indicios de corrupción, se convirtió en un episodio irrelevante a la postre para el juez y la fiscal.
En la misma conversación, Broberg dice que está en un bar de Marbella y que tiene sentado al lado al “calvo” de Benahavís que les dio tres licencias. La UDEF se esforzó por identificarle. Efectivamente, Juan Carlos C.R es calvo, desempeña un puesto relevante en la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Benahavís y había plasmado su firma en unas licencias de las que se benefició Broberg. “Está sentado con los tres técnicos, con todos, también han ganado, mayoría absoluta”, apostilla Broberg.
Al menos hay tres llamadas más sospechosas de las influencias políticas que mueve Joakim Broberg [consultar aquí]. En su atestado de julio de 2019, la UDEF señala: “Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente, se solicita que se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias”.
En agosto de 2019, un escrito de la Fiscalía Antidroga despacha brevemente las solicitudes de la Policía, apoyándolas ante el juez. Pero la firma es del otro fiscal Antidroga asignado al Juzgado de Instrucción número 6. A su regreso de las vacaciones, la fiscal Salcedo ignoraría tal petición y el entonces juez del caso, Alejandro Abascal, no llegaría a pronunciarse en un auto.
Pero la Policía no cejó en su empeño. Tres meses después de su primer atestado, un segundo informe de la UDEF, de octubre de 2019, trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.
Todavía habría un tercer informe, fechado en agosto de 2020, un año después del primero, en el que la UDEF titulaba un epígrafe sobre Joakim Broberg: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribían los agentes. Joakim Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el Ayuntamiento”.
Tres años en secreto
Con un secreto de sumario tan prolongado, entre la irrelevancia mediática de las causas por narcotráfico frente a otras donde se investiga a políticos, solo la publicación del sumario por elDiario.es permitió conocer tres años después el procesamiento de su marido y su hijastro y los indicios alrededor de Muñoz. Pero para entonces, el juez Manuel García Castellón ya había dictado el auto de procesamiento y daba la investigación por concluida.
Las informaciones se sucedían y Juan Manuel Moreno Bonilla ordenaba una encuesta local para conocer las posibilidades de Muñoz de revalidar el triunfo en Marbella. Finalmente, el presidente andaluz jugó la carta del posible triunfo de Muñoz y avaló su candidatura. Este mismo sábado, 'Titi' –como llaman cariñosamente a Muñoz– volvió a estar arropada por el PP nacional, ese cuyos miembros la tenían como anfitriona de lujo en sus veranos marbellíes. Esta vez fue el expresidente Mariano Rajoy quien acompañó a la candidata a revalidar la Alcaldía de Marbella. “La conozco bien y creo en ella”, dijo en un mitin en Málaga el ex presidente del Gobierno. “Es una candidata de postín”, añadió Rajoy en su reaparición pública.
La confesión del escolta
Después de las primeras revelaciones periodísticas, hubo un acontecimiento que igualmente ha sido ignorado por el juez y la Fiscalía Antidroga. El 21 de noviembre, un policía municipal, acusado de cohecho, debía comparecer ante el juez como el resto de los investigados para el trámite de comunicación de su situación procesal. Y en esa comparecencia, su abogado solicitó realizarle algunas preguntas. El policía municipal había sido durante años escolta de Muñoz y está acusado de vender al hijastro información que sacaba de las bases de datos del Ayuntamiento. Según él, con autorización de la alcaldesa.
En un momento de su breve declaración de noviembre, el policía dice: “Realmente, eso es lo más escabroso. Todo lo que yo he hecho ha sido siempre bajo las órdenes de la alcaldesa. Lo que pasa es que el chico este [Joakim] tenía una cara muy dura y era exagerado las cosas que pedía. Pero siempre ha tenido conocimiento la alcaldesa, y siempre se ha puesto en conocimiento y siempre he tenido permiso. Siempre me han dicho que sí, que lo hiciera”.
La afirmación no provocó reacción alguna de la fiscal Antidroga y es muy probable que vuelva a ser ignorada durante la vista oral, cuando ésta se celebre. El Ministerio Público lleva siete meses de retraso en la presentación de su escrito de acusación respecto de su propia previsión. Si las previsiones electorales se cumplen, Muñoz habrá revalidado ya su mandato para cuando la Fiscalía pida elevadas penas de prisión para su hijastro.
El chivatazo que dio igual
Precisamente, la relación del hijastro de la alcaldesa con distintos miembros del equipo de Gobierno, gracias a la intermediación de su madrastra, se pone de manifiesto en los audios publicados por elDiario.es en los últimos días. Uno de los concejales con los que trata es el máximo responsable de la Policía Municipal en el momento de la grabación, octubre de 2019, y a día de hoy, José Eduardo Díaz, quien promete “cuidarle”.
Las diligencias 38/2019 recogen también otro hecho, con claros indicios de delito de revelación de secretos, que sin justificación aparente quedó igualmente sin investigar. Se trata del chivatazo que recibió Lars Broberg, el marido de la alcaldesa, de la investigación que se seguía contra su hijo, en secreto, en un juzgado de la Audiencia Nacional.
Por entonces, el propio Lars no era investigado, lo que ocurrió más adelante, pero esa fuga de información, que puso en alerta al presunto cabecilla de una delegación de la Mocro Mafia sueca en la Costa del Sol, no fue perseguida. La explicación de Antidroga es que son habituales en causas con tantos investigados y tantas unidades policiales implicadas y, más aún si, como ocurre en este caso, se trata de una investigación internacional, procedente de Suecia. En el pinchazo incorporado a la causa, Lars le dice a su hijo en sueco: “El que estás sujetando [el teléfono] está intervenido”.
El patrimonio, abultado y parte sin declarar
Mientras informaba del sumario, elDiario.es indagó en la fortuna de Ángeles Muñoz, que ella atribuía históricamente a haberse casado con un hombre rico –Lars Broberg era promotor inmobiliario– que la Audiencia Nacional había pasado a considerar sospechoso de integrar una organización criminal y blanquear dinero del narcotráfico.
Un estudio patrimonial de Muñoz, casada en régimen de separación de bienes, eleva a más de 12 millones de euros sus propiedades, siempre en un cálculo conservador realizado por expertos del sector. Esa investigación reveló además que Muñoz ocultaba al Senado el incremento de más de 1,2 millones de euros de su patrimonio, debido a una donación de acciones que le había hecho su marido cuando ya estaba siendo investigado. A las pocas horas de que elDiario.es revelara este hecho, Muñoz actualizó su declaración en la Cámara Alta con dos años de retraso.
La joya de ese patrimonio es una mansión en Benahavís cuyos detalles publicó este medio al tener conocimiento de las negociaciones con un rico jubilado de Bahréin para su venta, una operación que se desconoce si culminó y de que, como con el resto de asuntos consultados través del Ayuntamiento, elDiario.es no ha recibido respuesta de Muñoz, que sin embargo ha demandado a este medio y tres de sus periodistas.
El borrador del contrato de compra incluía que el millonario árabe adelantara un millón de euros por la casa y lo depositara en un banco de Luxemburgo, el país europeo que utilizan fortunas de todo el mundo para escapar de las obligaciones fiscales de sus lugares de procedencia.
Los otros frentes judiciales de ‘Titi’: una casa y una discoteca
Más allá de la causa de la Audiencia Nacional, donde nunca ha estado imputada, Ángeles Muñoz llega a las elecciones del 28 de mayo con dos frentes judiciales abiertos y de los que igualmente ha informado en exclusiva este periódico. La Fiscalía del Tribunal Supremo, ante el que está aforada, la investiga por negarse a derribar un edificio ilegal. Las diligencias se han abierto a petición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ya ha impuesto una multa de 1.000 euros a la regidora.
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ha admitido a trámite una querella contra la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra el medio ambiente. La querella describe las irregularidades cometidas en la concesión y explotación del club Opium, una discoteca al aire libre conocida por albergar el tiroteo ocurrido la madrugada 18 de julio pasado mientras Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón celebraba su cumpleaños en el interior del local.
El caso ha recaído en el juzgado de Gonzalo Dívar, el magistrado que se opuso a investigar reiteradamente a Muñoz en el denominado ‘caso Lindes’, que llegó al Tribunal Supremo, y en el que aparecía mezclado su marido, y del que la alcaldesa fue finalmente exonerada. A Dívar se le puede ver fotografiado en actos sociales con la alcaldesa, según ella misma publicita en su cuenta de Twitter. Tras admitir la querella el pasado marzo, el juez se ha limitado a comunicar la condición de querellados a los dueños de la discoteca. Si encontrara indicios contra Muñoz debería elevar la causa al Supremo.
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