Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil regresaron este jueves a la sede del holding de OHL en una operación contra la corrupción. El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco volvió a imputar a Javier López Madrid, el yerno del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir, en otro caso de supuesta financiación ilegal del PP. Solo que esta vez el compiyogui, el exitoso directivo de las empresas de su suegro al que mandaban mensajes de apoyo los reyes de España tras su condena en el caso de las tarjetas black, ha acabado detenido.
La crónica de tribunales en España parece anclada en el día de la marmota. Los titulares de la Operación Lezo, que ha acabado de arruinar la carrera del expresidente madrileño Ignacio González, se confunden con los de la trama Púnica, que chamuscó en octubre de 2012 la vida política de su enemigo íntimo Francisco Granados.
González pasa su segunda noche en los calabozos de la Guardia Civil a la espera de sentarse el viernes ante el juez y los fiscales de Anticorrupción. Su rival de siempre, Granados, el hombre con el que pugnó por la herencia de Esperanza Aguirre, suma ya dos años y medio en la cárcel. La ristra de delitos que se les imputan a los dos lugartenientes irreconciliables de Aguirre son similares: los investigadores sitúan a González y Granados al frente de sendas “organizaciones criminales” y entre los cargos que se les imputan en los sumarios está el fraude, la malversación de fondos públicos y el blanqueo.
Aunque quienes conocen por dentro la investigación sostienen que este sumario está más enmarañado que Púnica porque viaja por el mundo e indaga sobre sospechosas operaciones en Latinoamérica del Canal de Isabel II a través de su red de filiales, parte del dinero público del caso Lezo también acabó en Suiza. Como en Púnica.
Los movimientos de cuentas revelan que un banco de Ginebra fue el destino de parte de los 21 millones de euros pagados por una firma de ingeniería que solo unos meses después costaba cinco. Uno de los intermediarios fue arrestado al otro lado del Atlántico.
Esta nueva macrocausa que mantiene acorralado a González –se ha arrestado a su hermano Pablo, y empresas de su mujer, Lourdes Cavero, han sido registradas– acumula meses de callado trabajo en la Audiencia Nacional y dependencias de la Guardia Civil. Los pinchazos telefónicos y el rastro del dinero han vuelto a conducir a un grupo de empresas que ya se han constituido en sospechosas habituales.
OHL, la firma que, según el cabecilla de la red Gürtel Francisco Correa, pagaba comisiones del 3% al PP a través de su tesorero Luis Bárcenas para hacerse con adjudicaciones de la obra pública del Gobierno de Aznar, vuelve a aparecer en una causa de presunta financiación irregular de este partido, ahora bautizada como Operación Lezo.
La historia de Púnica se repite. Allí, las iniciales JLM escritas en una agenda incautada a Granados hicieron sospechar a los investigadores que Javier López Madrid era uno de los empresarios que pagaban las facturas en B del Partido Popular.
López Madrid es yerno del propietario de OHL y su nombre ganó presencia mediática cuando los reyes le dieron su apoyo a través de varios mensajes telefónicos en medio de otro escándalo: las tarjetas black. eldiario.es publicó los buenos deseos que la reina Letizia dirigía cariñosamente a su “compiyogui”.
La pieza que sigue secreta desde otoño de 2012 acumula indicios de que parte del dinero que iba a las arcas del PP y al bolsillo de Granados se quedó por el camino. Los investigadores sospechan que López Madrid se reservó parte de los fondos que las empresas de su suegro le entregaron para llevar al PP.
La cotización de OHL en la Bolsa se fue desplomando durante el jueves, a medida que la empresa fue copando titulares en los periódicos. Cerró la sesión perdiendo un 8,9% de su valor, pero antes llegó a hundirse un 15%. Su departamento de comunicación remitió una nota de prensa a los medios para desmarcarse de cualquier actuación irregular. El texto es muy parecido al que mandó hace un año, después de que otros agentes de la Guardia Civil saliesen por la puerta de sus oficinas cargados de documentación para el archivo de pruebas de Púnica.
Indra, otra de los gigantes del Ibex, se dejó un 2% en medio de una nueva crisis reputacional propiciada en los juzgados. Tampoco es la primera. Varios de sus altos cargos ya fueron imputados en el sumario de Púnica, que pinta a la empresa como una especie de cajero automático para políticos del PP madrileño.
La causa retrata a altos cargos del Gobierno de Ignacio González, como su consejero de presidencia, Salvador Victoria, ordenando a empresas públicas que aprieten a Indra para sufragar campañas de imagen a dirigentes del PP y sondeos electorales.
El caso incluye fotografías del entonces director general de Indra, Santiago Roura, destituido por este escándalo, entregando 10.000 euros al conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, en un aparcamiento de La Moraleja, una exclusiva urbanización de Madrid.
Roura fue imputado, igual que su superior entonces, Javier de Andrés, el consejero delegado que trataba con el Gobierno de González, con el que mantiene una estrecha amistad, para hacer frente a gastos de partido con cargo a los millonarios contratos que recibía de la Administración madrileña.
Indra fue inspeccionada el jueves en busca de documentación comprometida dentro de las más de 30 inspecciones del caso Lezo. La investigación busca nexos con las finanzas del Partido Popular y el entorno de González. Trata de seguir el rastro del dinero para comprobar si los contratos millonarios que recibió en los últimos años de la Administración madrileña vuelven al PP por alguna puerta de atrás.
Los vínculos entre ambos casos no solo son económicos. El consejero delegado de Indra, Javier de Adnrés, imputado en Púnica, es marido de una de las detenidas en la operación contra el Canal de Isabel II. Se trata de María Fernanda Richmond, que fue directora financiera del Canal Isabel II entre 2007 y 2016. Fue destituida por el Gobierno de Cifuentes por avalar algunas operaciones ruinosas del ente público, ahora bajo sospecha. Es la primera mujer encarcelada en el caso. De las responsabilidades que el juez y los fiscales le atribuyen en la red da idea la fianza que se le ha impuesto: cuatro millones de euros.
La instrucción de Velasco se dirige además contra otra constructora, vieja conocida del magistrado de la Audiencia Nacional. Licuas reaparece en el sumario Lezo, que persigue a González, como antes estuvo en la Púnica de Granados. Según contó su socio, David Marjaliza, en la confesión ante Velasco que le permitió salir en libertad, Licuas era una de las firmas que pagaba a la red comisiones de 20.000, 30.000 y 50.000 euros a cambio de adjudicaciones en las consejerías que dependían de Granados. La investigación trata de determinar si también hubo mordidas para González y su entorno.