El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha mentido al asegurar que el Gobierno del que forma parte “no ha concedido ni un solo indulto por asuntos de corrupción”. El Consejo de Ministros ha concedido el perdón gubernamental al menos a siete personas condenadas por este tipo de delitos en lo que va de legislatura.
La primera aprobación de esta medida de gracia para condenados por corrupción se conoció en marzo de 2012 y favoreció a un exdirigente de la Generalitat y a un empresario, ambos militantes de Unió. En 2009 la Audiencia de Barcelona condenó a cuatro años y medio de cárcel a Josep Maria Servitje, exnúmero dos del Departamento de Trabajo del Gobierno catalán; y a dos años y tres meses a Víctor Manuel Lorenzo Acuña. El Gobierno de Mariano Rajoy redujo sus penas de cárcel a multas de 3.650 euros.
La siguiente tanda se produjo en julio de ese mismo año y sus benefactores fueron miembros del Partido Popular: el Consejo de Ministros concedió el indulto parcial al exalcalde de la localidad malagueña de Valle de de Abdalajís y tres concejales condenados por delitos continuados de prevaricación urbanística cometidos entre 2001 y 2004. La reducción del castigo eximió al regidor de cumplir una pena de prisión.
Otro caso fue la rebaja de la pena en 2012 por parte del Gobierno a Constancio Alvarado, exsecretario de la subdelegación del Gobierno en Cáceres, condenado en 2010 por vender permisos falsos a inmigrantes.
La asociación Jueces para al Democracia ha denunciado que “resulta evidente que el ministro no está diciendo la verdad”: “Este Gobierno ha indultado a miembros de su propio partido en casos de prevaricación urbanística y a otros cargos condenados por delitos contra la Administración pública”, ha destacado. Este colectivo profesional asegura que se lleva a cabo un “inadecuado” uso de la medida de gracia y ha pedido que se reforme la legislación que regula los indultos, una medida propuesta por la Izquierda Plural en el Congreso y a la que el PP se opuso esta misma semana.
“Los datos objetivos sobre concesión de indultos indican con claridad que el mayor porcentaje se produce en los delitos vinculados a la corrupción o en supuestos de personas que tienen conexión con el poder político- señala Jueces para la Democracia en un comunicado-. Con ello se provoca la sensación de que el poder se perdona a sí mismo, a pesar de contar con el criterio desfavorable a estas medidas de gracia de los tribunales sentenciadores”.
Gallardón, que se ha comprometido a no indultar a ningún condenado por corrupción en el futuro, ha matizado sus declaraciones tras las críticas recibidas y ha apuntado que se refiere a aquel político “que se lleve dinero a su bolsillo”. El ministro se ha defendido aduciendo que la corrupción no es un concepto jurídico que figure en el Código Penal.