El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha librado una orden internacional de investigación ante las autoridades de Reino Unido para obtener datos de la empresa a la que se dirigió Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias, para recuperar el contenido de la tarjeta de su teléfono móvil, que estaba dañada después de que el líder de Podemos se la devolviera.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 quiere saber en qué estado se encontraba la tarjeta cuando fue remitida a las oficinas de Gales de la empresa Recuperación Express, saber qué técnico de la compañía la examinó y trabajó sobre ella para tratar de recuperar el contenido, así como el interrogatorio de esa persona para conocer qué actuaciones llevó a cabo. También interesa la declaración del representante legal de la empresa para conocer los procedimientos que se realizan con carácter general en estos casos.
El resultado de esta diligencia, dice el auto, “permitirá avanzar en el esclarecimiento de la posible existencia de la comisión de un delito de daños sobre dispositivos informáticos del artículo 264 bis del Código Penal Penal y de un delito de apoderamiento de datos reservados de carácter personal del art. 197.2 del Código Penal”, ya que desde que la tarjeta fue devuelta a Pablo Iglesias hasta que éste se la entregó a Bousselham, el dispositivo resultó dañado, mientras por el camino se publicó parte del contenido en medios de comunicación.
Para justificar la petición a Reino Unido, el magistrado instructor del 'caso Villarejo' hace un relato de todo lo averiguado hasta el momento sobre el recorrido que pudo tener la tarjeta del teléfono móvil de Bousselham, desde que ésta denunció el robo del terminal en noviembre de 2015 hasta que recuperó el dispositivo de almacenamiento en el verano de 2016 de manos de Iglesias, el cual declaró en sede judicial que se lo había entregado meses antes, en enero, el presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio.
Según el juez, “ante la evidencia de que la tarjeta contenía información de carácter personal que afectaba directamente a Pablo Iglesias”, Asensio se puso en contacto con el líder de Podemos, quien se desplazó a la sede de la revista Interviú y allí examinó el contenido del dispositivo, tras lo cual el presidente del Grupo Zeta le hizo entrega de la tarjeta “en el mismo sobre en el que lo había recibido la revista”. “Cuando Pablo Iglesias recibe la tarjeta, ésta se encuentra en perfecto estado”, destaca.
CAMBIOS DE VERSIÓN
El pasado 18 de mayo, la exasesora de Iglesias declaró ante García Castellón y los fiscales del caso que cuando Iglesias le devolvió la tarjeta, ésta estaba dañada y no pudo acceder a su contenido. Días después, en un escrito dirigido al juzgado, modificó esta versión asegurando que sí pudo manipular el dispositivo una vez, pero que la siguiente ocasión en que lo intentó fue cuando le resultó imposible. También reconoció haber hecho capturas de pantalla de conversaciones y haberlas compartido con terceras personas.
El magistrado recuerda en su auto que fue la pareja de Bousselham, Ricardo Sa Ferreira, quien se puso en contacto con la empresa especializada para tratar de recuperar el contenido y que la sede en Madrid la remitió a la central de Gales. “Al parecer, en dicha empresa le dieron un presupuesto para realizar la operación que, por su importe, no aceptó, por lo que la tarjeta es remitida de nuevo a España, recibiéndola de vuelta en noviembre de 2017. Se desconoce en qué consistió la actividad de la empresa radicada en Gales y si llegó a realizar algún tipo de intervención sobre la tarjeta”, explica.
Con los correos electrónicos que Bousselham intercambió con la empresa y que ha aportado al juzgado, y “vistas las gestiones efectuadas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional”, el instructor ve la “necesidad de acudir a la cooperación internacional para averiguar qué actuaciones se realizó por la empresa Recuperación Express sobre la tarjeta de memoria procedente del teléfono de Dina Bousselham”.
“Se trata de esclarecer los hechos recabando cuanta información sea posible de la empresa de recuperación a la que fue remitida la tarjeta y mediante la toma de la declaración de los testigos que puedan dar testimonio sobre los hechos relatados”, apunta García Castellón.