El pasado miércoles, sólo un día antes de que saliera a la luz el contundente informe de la Guardia Civil que anticipa su imputación en la trama de corrupción conocida como 'caso Koldo', José Luis Ábalos volvió a pedir su readmisión como afiliado del PSOE. El partido lo había suspendido de militancia en febrero tras la presunta implicación en esa red de su exasesor Koldo García. El que fuera ministro de Transportes de Pedro Sánchez y secretario de Organización socialista emprendió entonces una huida hacia delante de meses, apoyada en declaraciones grandilocuentes, excusas recurrentes y victimismo.
Contaba, como parapeto, con el hecho de que en meses de pesquisas los investigadores no habían sido capaces de reunir indicios evidentes contra él. Pero ese muro se derribó esta semana. La Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado entregó al juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional un atestado que le atribuye un “papel relevante y de responsabilidad” en la trama que anidó en el Ministerio de Transportes que dirigió entre enero de 2020 y julio de 2021. Ese informe constata también las “contraprestaciones” que recibió supuestamente de Víctor de Aldama, un empresario ajeno al sector sanitario que ganó 6,6 millones de euros gracias a los contratos de mascarillas adjudicados por entes que dependían de Transportes y otros departamentos.
Ábalos se puso tras el atril de la sala de prensa del Congreso para hablar de este tema por primera vez el 27 de febrero. Había estallado el caso y su partido abrió un procedimiento interno para suspenderle de militancia: “Si yo renunciara se interpretaría como un signo de culpabilidad, que no asumo”. El exministro se declaró dispuesto a defender su “honorabilidad” y negó haberse enriquecido gracias a los negocios de la trama. Dijo que no dimitiría.
“Defender mi honor desde el grupo mixto me permitirá asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido que me animan a seguir adelante”, proclamó Ábalos con tono grave mientras agarraba el atril transparente con ambas manos.
Al día siguiente hizo una ronda de entrevistas. “Siempre hay algo que te llama la atención, y siempre pedí explicaciones. Se me daban algunas, pero no me ponía a contrastarlas”, afirmó, presentando la trama como algo que había sucedido en el núcleo de su Ministerio, pero de lo que él apenas había percibido señales. Insistió en que no dimitiría con la tesis de que, cuando todo se demostrara falso, nadie repondría su honor: “La reputación es lo único que nos queda”. Ábalos siguió con la misma estrategia durante meses, con entrevistas, ruedas de prensa y un enfrentamiento público contra su partido.
“Yo no formo parte de ninguna trama y lo más importante es que no me beneficié absolutamente de nada”, dijo este jueves, en su última intervención pública, tras salir a la luz el informe. El atestado de la UCO, sin embargo, recoge dos indicios incriminatorios de peso que pueden comprometer su futuro en los tribunales: el disfrute de un chalet en Cádiz a cambio de su intercesión en contratos y el pago por parte de ese empresario del alquiler de la vivienda de lujo en Madrid de quien era su pareja.
No constan, por el momento, mordidas en forma de pagos en efectivo. Pero sí otras dádivas que han sacado a la luz siete meses de pinchazos telefónicos, centenares de correos intervenidos y el volcado de 170 dispositivos electrónicos —entre móviles y ordenadores— requisados a los miembros de la red y las personas vinculadas a ella.
A pesar de ello, durante este tiempo Ábalos se ha prodigado en intervenciones públicas y entrevistas a medios en los que ha declarado su inocencia e incluso ha tratado de mostrarse como víctima de un linchamiento que ha afectado a su “intimidad personal”. “Es una orgía permanente a la que todo el mundo se ha apuntado”, afirmó el pasado septiembre en una entrevista en Onda Cero. El exministro acudió al programa ‘Más de Uno’ de Carlos Alsina después de que el digital The Objective publicara correos en los que una mujer solicitaba pagos de hasta 1.500 euros por acompañarle en viajes oficiales.
En esa entrevista, Ábalos desveló que tuvo con esa mujer, llamada Jéssica, “una relación como la que tienen normalmente todas las personas, no de otro modo”. Y aseguró que él pagaba los gastos de esos viajes a través de su asesor Koldo García, pero siempre de su bolsillo. “¿Esto qué tiene que ver con la causa?”, dijo también tratando de mostrarse como víctima de una supuesta filtración para perjudicarle.
Las pesquisas de la UCO acreditan, sin embargo, que Víctor de Aldama, el empresario que se infiltró en el Ministerio para acceder a contratos de mascarillas, abonó hasta 32 mensualidades de alquiler del apartamento en el centro de Madrid en el que residía Jéssica. Un piso de lujo, situado en el edificio Torre de Madrid de la Plaza de España de la capital, y por el que la trama pagaba 2.700 euros al mes.
A través de un presunto testaferro y personas y sociedades bajo su control, el supuesto conseguidor abonó esa renta desde marzo de 2019 a septiembre de 2021. En total, 82.298 euros. Además, la mujer estuvo contratada como auxiliar administrativa en Ineco, empresa dependiente de Transportes, donde reportaba sus tareas a Joseba García, hermano de Koldo, y también colocado en esa empresa pública.
Un chalé de medio millón
No fue la única dádiva que según la Guardia Civil recibió Ábalos. El informe alude también a las “múltiples evidencias” de que Ábalos hizo un “uso real” de un chalé de lujo situado en la urbanización La Alcaidesa, cerca de Sotogrande, comprado por Aldama a través de otros supuestos testaferros. Los correos analizados por la UCO muestran cómo el entonces ministro llegó incluso a sugerir a su asesor varios inmuebles en esa urbanización —incluido el finalmente adquirido— y que este último se encargaba de gestionar todos los “pormenores”, incluidas cuestiones relativas al mobiliario de la casa.
Según el informe policial, Aldama gestionó la compra del chalé de 526.500 euros sirviéndose, primero, de unos empresarios venezolanos; y, después, valiéndose de otro fraude que se le atribuye en el sector de los hidrocarburos por el que el pasado jueves fue enviado a prisión. A cambio, el empresario Claudio Rivas —también encarcelado este jueves— pretendía recibir una licencia para la venta de combustible. El 10 de julio, un mes después de la firma de la casa, Ábalos fue destituido.
Medio año más tarde, en diciembre de 2021, el Ministerio de Industria denegó dar a la empresa de Claudio Rivas el título para operar en el mercado de hidrocarburos al por mayor. La decisión enfadó al empresario, que advirtió a Aldama de que el nuevo escenario iba a “traer problemas” y “muy serios”. La UCO ve “una relación causa-efecto entre la negativa por parte de Industria y el desalojo de Ábalos del chalet”.
“Contraprestaciones”
Son “contraprestaciones” que Ábalos habría recibido fruto de sus gestiones a favor de la empresa que se llevó millonarios contratos de mascarillas durante la pandemia. Por ejemplo, la UCO relaciona “la decisión de contratar con Soluciones de Gestión [la empresa adjudicataria de los contratos bajo sospecha] con la compra por parte de Aldama de un chalet para disfrute del propio exministro”. De hecho, el atestado circunscribe a Ábalos la orden final que llevó a un ente público del perímetro del ministerio —Puertos del Estado— a contratar con esa empresa. El contrato ascendió a 20 millones de euros.
El pasado mayo, en su comparecencia en la comisión parlamentaria del Senado que investiga el caso, afirmó que no tuvo “ningún conocimiento” de las compras de material sanitario en los peores meses de la pandemia y negó presiones para contratar con empresas concretas. Afirmó que no hizo “seguimiento” de ninguna compra y atribuyó toda la responsabilidad al subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez García, imputado en la causa desde el pasado julio.
“Todo se lo encargué a él y fue él también el que decidió derivar las contrataciones en torno a las empresas que tenían presupuesto en su momento”, señaló, citando los contratos con Puertos del Estado y Adif, que alcanzaron los 32,5 millones de euros. En su declaración como imputado, Gómez García aseguró que fue Koldo García quien le facilitó la oferta de la empresa de la trama y que él la transmitió a los entes que debían adjudicar los contratos.
Aunque esperado, el informe sobre Ábalos provocó una sacudida interna en el PSOE, donde fue una figura de primer orden. Fue una de las personas clave en las primarias de 2017 que llevaron a Pedro Sánchez a la dirección del partido. Su salida del Ministerio se produjo hace ya tres años, pero nunca fue explicada ni en el Gobierno ni en el PSOE.
El estallido del escándalo, el pasado febrero, derivó en una abrupta ruptura entre el partido y quien fuera su ‘número tres’ y todopoderoso ministro de Transportes. La formación tramita un expediente de expulsión que él ha recurrido. Esa situación también ha provocado la ruptura personal con el actual secretario de Organización, Santos Cerdán.
Ábalos se negó a entregar su acta de diputado y se marchó al Grupo Mixto, lo que le permite conservar el aforamiento que implica que solo le puede investigar el Supremo. La relación con el Gobierno del que formó parte se tensó especialmente a partir del verano, cuando el Ministerio de Transportes que ahora dirige Óscar Puente hizo pública una auditoría que constataba las “irregularidades” en los contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia y señalaba a la gestión de su equipo. “Desde ahora votaré en conciencia, ya no seré seguidista del PSOE”, advirtió en septiembre en una entrevista a El Español. Poco más de diez días después lanzó el primer aviso al abstenerse en dos iniciativas del PP.
También intentó —sin éxito— personarse como perjudicado en el caso y acudió a la Fiscalía para que denunciara las presuntas filtraciones de la causa. Para entonces, la UCO estaba ya ultimando el informe que le apunta con claridad y que ha devuelto el fantasma de la corrupción al corazón del Gobierno y del PSOE. Tras la sacudida, Pedro Sánchez trató de ser contundente: “A diferencia de épocas pasadas, no va a haber impunidad. Si hay corrupción, quien la haga que la pague”.