El Instituto de Derecho Local asegura que la exedil de Rivas, Tania Sánchez, actual candidata de IU a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, “no tenía un deber específico de abstenerse” en la Junta de Gobierno que en 2008 dio un contrato a la cooperativa Aúpa, administrada por su hermano.
El presidente y el secretario de la comisión de investigación que se está llevando a cabo en la localidad para estudiar los contratos municipales que se concedieron a la entidad entre 2002 y 2008 -por valor de cerca de 1,2 millones de euros- han recibido hoy el informe del Instituto de Derecho Local.
Encargado por el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, ha sido desarrollado por el instituto, vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en el marco del “servicio a los ayuntamientos”, según ha señalado el Ayuntamiento de Rivas en un comunicado.
El escrito reconoce que se puede argumentar la causa de “abstención por parentesco” de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, pero subraya que existe un “criterio superior”, que es el de poner en riesgo el principio constitucional de objetividad, recogido en el artículo 103 de la Constitución.
Además, el informe defiende que Sánchez no tenía un “deber específico” para abstenerse en la deliberación de los contratos porque el acuerdo lo adoptó un órgano colegiado de ocho miembros por unanimidad, y porque la Junta de Gobierno confirmó la previa valoración y propuesta técnica de la mesa de contratación.
Asimismo, el instituto rechaza que la diputada estuviera obligada a abstener porque, en ese caso, en el proceso de adjudicación “sólo había concurrido la sociedad finalmente adjudicataria”.
El dictamen está firmado por el catedrático de Derecho Administrativo de la UAM Francisco Velasco, quien ejerció como letrado del Tribunal Constitucional hasta el año 2001.
Desde el Consistorio han insistido en que las áreas de gestión relacionadas con los contratos concedidos a Aúpa son diferentes a las que desempeñó Sánchez en su etapa como concejal en Rivas.