Defender los indultos para “responder a la profunda crisis social y política” que vive Catalunya sin que la medida pueda entenderse como un reproche al Tribunal Supremo. Esta es la balanza que ha intentado equilibrar el Gobierno en los expedientes de indulto a los nueve presos del procés que ha concedido este martes. En la argumentación de la medida de gracia para la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la exconsellera de Trabajo, Dolors Bassa, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Ejecutivo justifica que el indulto “no quebranta en absoluto el prestigio” del Tribunal Supremo y es al mismo tiempo “un mecanismo idóneo para rebajar la tensión social y política” y “encarrilar la solución al problema por las vías del diálogo político y el entendimiento”.
De entre los tres motivos habilitados por la ley para conceder el indulto –justicia, equidad o utilidad pública– el Gobierno se centra en este último para justificar el perdón a los condenados por sedición. “Pocos propósitos son tan dignos como el de restablecer la convivencia y la concordia entre catalanes o dar una oportunidad para un nuevo comienzo en las relaciones entre Cataluña y España”, remarca el informe del Gobierno, que describe los indultos como “un paso decisivo” para “normalizar la política en Cataluña”.
Los indultos concedidos a los líderes del procés, que quedarán en libertad en las próximas horas o días, son parciales: sí extinguen la pena de prisión que les queda por cumplir, pero mantiene la de inhabilitación para ocupar cargos públicos y están condicionados a que ninguno de los presos cometa un nuevo delito grave en los próximos años. En el caso de Bassa y Forcadell, el periodo es de tres y cuatro años respectivamente. Sí vuelven a delinquir en ese plazo, el indulto quedará sin efecto.
El diálogo estrenado entre el Gobierno y la Generalitat ocupa un lugar destacado en las justificaciones para el indulto. Alerta el Ejecutivo de que la política “basada en la confrontación” ha impedido durante varios años el diálogo, que es un “requisito imprescindible” para preservar el pluralismo político consagrado en la Constitución y resolver los problemas sociales. La conclusión del Gobierno es que es necesario “un gesto de distensión” como el indulto para “abrir oportunidades al diálogo” pese a reconocer que la medida no está exenta de “inconvenientes” y “riesgos”. El indulto “satisface mejor al bien común de España” en la medida que “puede favorecer objetivamente la vía del diálogo”.
Sin indulto el conflicto se agravaría
El broche a la argumentación del Gobierno son los acontecimientos de la pasada semana que mostraron la soledad del líder del PP, Pablo Casado, en contra de los indultos. Así, el Gobierno destaca que la apuesta por el diálogo del Gobierno y la Generalitat “ha ido sumando amplios apoyos sociales”, y cita como ejemplo el último pleno del Congreso que tumbó una moción del PP en contra de la medida de gracia o el apoyo de sindicatos, empresarios y obispos a la medida. No conceder el indulto, agrega el Ejecutivo, contribuiría a “la agravación y cronificación del conflicto” y no sería entendido por la sociedad catalana, “incluso no independentista”.
Los informes diferencian entre la situación actual y el otoño soberanista de 2017. Durante el punto álgido del procés los dirigentes soberanistas “no solo actuaron ignorando la Constitución”, destaca el texto, sino que también ignoraron “al menos a la mitad de la sociedad catalana que no piensa como ellos y a la sociedad española”. Pero pasados cuatro años, agrega los informes de Forcadell y Bassa, “la democracia española no los puede olvidar a ellos”: su encarcelamiento “afecta indudablemente” a la convivencia entre catalanes y “obstaculiza la superación del conflicto”.
En este sentido, el Gobierno sostiene que “la democracia y el Estado de Derecho” han recordado a los condenados que “esas personas a las que invisibilizaron existen y que no pueden obviarlas, que han de tenerlas en cuenta en sus propósitos”. Y que ahora, ya en la cárcel, “la democracia española no los puede olvidar a ellos”. “Entre otras razones, porque tampoco los han olvidado varios cientos de miles de catalanes que, de manera constante, votan a opciones políticas que protagonizaron y defienden aquellos hechos de septiembre y octubre de 2017”, sostiene el Ejecutivo. Y añade: “Esos ciudadanos podrán ver en libertad a sus líderes y comprenderán que la democracia española les da cauce para expresar sus opiniones en libertad y para defender sus ideas con normalidad”.
El Ejecutivo traza una línea entre la “vía jurisdiccional” y la “vía política”, ambas “plenamente constitucionales y respetuosas con el Estado de derecho”, sostiene en sus informes. Y advierte de que el Ejecutivo, como garante del interés general y la convivencia pacífica y democrática, no puede concluir su valoración de la situación “en lo meramente jurídico”. En el caso de Forcadell y Bassa, sus informes consideran que han apostado de forma “decidida” por la vía del diálogo defendida también por el Gobierno, y citan las declaraciones de la expresidenta del Parlament en que reconoció que a los independentistas les había faltado “empatía” en otoño de 2017 o la declaración de la exconsellera en el juicio en que renegaba de la vía unilateral.
Se dirige también el Gobierno a todos aquellos ciudadanos que disienten de los indultos, reconociendo que la medida es “difícil” y genera “incomprensión en buena parte” de la sociedad española. “Posiblemente sería más sencillo para el Gobierno no concederlo, pero, en ese caso, estaríamos cruzándonos de brazos ante el mayor problema político que tiene España y perdiendo una oportunidad para el reencuentro y la reconciliación dentro del nuevo clima de normalización institucional en Cataluña que pretendemos favorecer con esta decisión”, argumenta el Ejecutivo.
La sentencia del Supremo ni se cuestiona ni modifica
En sus informes, el Gobierno dice compartir varias “afirmaciones” de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes independentistas y también otros pasajes “sobre el carácter jurídicamente reprobable de los hechos enjuiciados” de los informes del Alto Tribunal y de la Fiscalía que se opusieron a la concesión de la medida de gracia. De hecho, insiste en que en ningún caso los indultos “vacían de contenido” la sentencia que condenó por sedición y malversación a los políticos catalanes —que ni se “cuestiona” ni se “modifica”— y reitera que esta medida “no quebranta en absoluto el prestigio” de los tribunales españoles y, en concreto, del que juzgó el procés, la Sala Segunda del Supremo.
El Gobierno también afirma que los líderes independentistas no fueron condenados por sus ideas, sino por “la comisión de unos actos contrarios al ordenamiento jurídico”. Es la misma argumentación que hizo el Supremo en su sentencia y en otras resoluciones posteriores en las que ha dejado claro que no les castigó por sus ideas o declaraciones sino por sus acciones. A este respecto, los informes sostienen que “ahora el Gobierno debe valorar si extinguiendo parcialmente su pena se contribuye a situar la defensa de esas ideas en el lugar que nunca debieron abandonar: las instituciones democráticas que establece nuestra Constitución, que a todos nos protegen y donde todos tenemos representación”.
“La Justicia ha actuado para dar respuesta a unos hechos indudablemente reprobables, pero bien es cierto que el castigo penal ofrece una utilidad limitada a la hora de pacificar situaciones de conflicto como la que vive la sociedad catalana”, razona el Gobierno, que advierte además de que la continuación del encarcelamiento por varios años de los líderes del procés podría generar una “falsa percepción” de injusticia y “reforzar lógicas de desafección”.
Los indultos que el Gobierno ha concedido este martes a los los nueve líderes independentistas que seguían cumpliendo condena por el procés podrán revertirse si vuelven a cometer un delito grave en una horquilla temporal que va entre los tres y seis años desde la publicación del real decreto, según recogen los informes aprobados por el Consejo de Ministros.
Los mayores períodos de condicionalidad, de seis años, son para el expresident Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn y Jordi Rull. Los exlíderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por su parte, deberán pasar cinco años sin delinquir para no volver a entrar en prisión, mientras que ese período es de cuatro años en el caso del exconseller Raül Romeva y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y de tres años en el de la exconsellera Dolors Bassa.
Fuentes del Ejecutivo explican que hay una “individualización” de los expedientes de indulto y sostienen que estos períodos son diferentes porque no todos han tenido los mismos comportamientos. Así, algunos de los indultados han expresado su contumacia en la vía unilateral mientras que otros han expresado que no tienen ninguna intención de retornar a la esfera política. Además, estas mismas fuentes sostienen que aunque el arrepentimiento no es un requisito para otorgar o no el indulto, sí es un valor a tener en cuenta para esta cuestión.