“A mí, personalmente, el haber salvado la vida a 630 personas hace que piense que vale la pena dedicarse a la política”. Han pasado cuatro años desde que Pedro Sánchez dejó escritas esas palabras tras haber recibido al buque Aquarius que buscaba puerto ante la negativa de Italia y Malta a acoger a los migrantes rescatados en el Mediterráneo. En esos cuatro años los flujos migratorios se han incrementado, ejerciendo una mayor presión en la frontera sur de España, y con un reciente acuerdo con Marruecos para reforzar el control, la posición del líder socialista en materia de inmigración ha dado un viraje de 180 grados.
En este tiempo se han producido devoluciones en caliente, incluso de menores, como las que el PSOE criticaba y en la última semana el presidente del Gobierno ha evitado condenar la brutalidad policial que ha acabado con la vida de 37 personas en la valla de Melilla. El que comenzó siendo su primer gran gesto y una bandera frente al Gobierno de Mariano Rajoy –sumado a la devolución de la sanidad universal– se ha convertido en la asignatura pendiente de su Gobierno y es uno de los focos de conflicto con Unidas Podemos y el resto de aliados de izquierdas.
Apenas un año después de la simbólica recepción del Aquarius, el Gobierno prohibió al barco humanitario Open Arms salir del puerto bajo amenaza de multas de hasta 901.000 euros. Fuentes conocedoras de aquella decisión aseguran que la ONG rescataba vidas en el Mediterráneo y acudía directamente a puertos españoles, que es su procedencia, y no a los más cercanos, que es lo que establece la normativa, y atribuyen a esa razón su bloqueo. En aquel momento se estaba produciendo ya un incremento de los flujos migratorios en el sur hasta convertirse en lo que definen como una “crisis brutal” que ha tenido picos como la llegada masiva a Canarias que conllevó un hacinamiento en Arguineguín en 2020.
El incremento de los flujos migratorios provocó entonces incluso tensiones en el Gobierno monocolor. “El Ministerio del Interior se quejó de que Salvamento Marítimo eran transportistas de inmigrantes”, señala una fuente consultada, que explica que se decidió entonces que el mando recayera sobre la Guardia Civil, que es a la que ahora le llegan los avisos. Por otro lado, los esfuerzos se centraron en reclamar auxilio a la UE y a Marruecos una mayor colaboración, especialmente en sus aguas. Fuentes gubernamentales apuntan a que mejoró sustancialmente el control por parte del reino alauita.
Sin embargo, Marruecos es consciente de que España le necesita como freno, como demostró hace un año utilizándolo contra el Gobierno tras la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Galli, al permitir la entrada de unas 10.000 personas en Ceuta en cuestión de horas. Ahora que Sánchez ha recompuesto las relaciones con Mohamed VI, a costa de un viraje histórico en la posición sobre el Sahara, el discurso se le complica más. “Yo soy empático y lamento profundamente la muerte de las personas en la frontera española y también me hago cargo del sufrimiento de sus familias (...). Creo que también hay que hacer un ejercicio de empatía con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con los ciudadanos de Ceuta y de Melilla, que tienen el mismo derecho que usted y que yo, que vivimos en Madrid, a vivir con tranquilidad y, sin duda alguna, también un ejercicio de empatía con una Gendarmería marroquí que se empeñó a fondo, también con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España, para tratar de evitar un ataque violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla”, respondió en una entrevista en La Sexta este jueves interpelado por el cambio experimentado en los últimos años.
Sánchez se refugia en lo que el Gobierno ha avanzado desde que está en Moncloa: el rescate a 128.000 personas en el mar desde 2018, el aumento en 3.500 millones de euros del presupuesto en cooperación o la modificación del reglamento de la Ley de Extranjería para permitir que los menores extranjeros no acompañados puedan incorporarse al mercado laboral como los nacionales. “He defendido siempre en el Consejo Europeo la necesidad de llegar a un acuerdo de migración y de asilo. Siempre he defendido en el Consejo Europeo que la política migratoria no es solamente la política securitaria, es decir, el control de fronteras. Hay que hablar con los países de origen, hay que hablar con los países de tránsito”, defendió en la cadena de Atresmedia en la que también se refirió a la acogida de 140.000 ucranianos o a la exitosa colaboración para la evacuación de Afganistán.
Tarea pendiente y conflicto interno
Lo cierto es que la inmigración es uno de los debes del actual Gobierno. La Fiscalía ha abierto una investigación por la masacre de la valla de Melilla ocurrida la semana pasada y que la ONU ha puesto en su foco al asegurar que “el uso excesivo de la fuerza es inaceptable”. Además, la Justicia ha condenado al Ejecutivo por la expulsión a Marruecos de menores desde Ceuta, precisamente tras la crisis generada por la respuesta de Marruecos a la acogida al líder polisario. Por el camino se ha quedado la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, con quien según las fuentes consultadas hubiera sido imposible el viraje sobre el Sahara y algunos de los últimos acontecimientos con Marruecos.
Pese al ruido generado por Vox y a las vergonzantes imágenes de la gendarmería marroquí al otro lado de la valla, la preocupación ciudadana por la inmigración es muy baja. Solo el 3,8% de los encuestados la calificaron de problema en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Se produce algo de oscilación en momentos concretos, como la crisis de los Cayucos o la crisis de Ceuta del pasado año. No obstante, en aquel momento el CIS preguntó por el tema y un 55% de los ciudadanos consideraron positiva la inmigración frente al 27% que la ven negativa. Un 41,4% cree que el número de inmigrantes es elevado (un 4,1% que es insuficiente) mientras que el 22,5% responde que es elevado y el 19,9%, excesivo.
Los votantes de derechas son los que más consideran que la inmigración es un problema (11% en el caso de Vox; 5,6% del PP; y 4,6% de Ciudadanos). Solo el 2% en el caso de los de Unidas Podemos y un 1,8%, del PSOE.
El tratamiento de la migración enfrenta, no obstante, a Sánchez con sus socios, que esta semana han hablado de “vergüenza”, “bochorno” o “escándalo” por lo sucedido en Melilla, que en cierta medida empañó el día que Moncloa había reservado para iniciar un giro a la izquierda con el que el socialista mantendrá un discurso contra los poderosos que choca con la justificación de la actuación policial contra las personas que huyen del hambre. No obstante, el ala socialista del Gobierno pone el énfasis en las mafias que trafican con esos seres humanos y en la violencia que se produce cuando llegan a la frontera.
El socio minoritario de la coalición ha reclamado a los ministros del Interior y de Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, respectivamente, que pongan en marcha una investigación sobre lo ocurrido y, además, que guarden las grabaciones de las cámaras de la frontera. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exigido a lo largo de la semana “transparencia” y la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, se lo pidió por carta a ambos ministros, aunque aún no ha obtenido respuesta. “Los ministros no nos hablamos a través de los medios ni de cartas”, contestó el titular de Exteriores.
El Gobierno deja en manos de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo la investigación que aliados como ERC, EH Bildu y Más País reclaman que se produzca a nivel parlamentario y tampoco se plantea pedir cuentas a Marruecos, como pide el PNV. “Decís que hacen falta inmigrantes y pagáis a Marruecos para pegarles y matarles en la frontera”, dijo la diputada de ERC María Dantas. Los aliados del Ejecutivo han vinculado directamente lo ocurrido en Melilla a la nueva relación abierta entre el Gobierno y Marruecos.
Este mismo viernes, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha pedido “sensibilidad” con los trabajadores fronterizos y entender la situación y la “presión” que vive Marruecos con la gestión de la llegada de migrantes a su país y de ahí al territorio europeo. “Me consta la enorme situación de estrés y dificultad con la que tuvieron que abordar esa situación”, ha dicho el responsable de Migraciones en un almuerzo de la Fundació Pere Tarrés.
En las filas socialistas hay un cierto hartazgo por la muestra de discrepancias en público por parte del socio minoritario en temas sensibles. Sánchez envió un recado al socio minoritario al dejar en el aire su continuidad en el Gobierno si se oponen al aumento del gasto en Defensa en un momento en el que el presidente sostiene que la seguridad no está “preservada al 100%” y en el que mira al Sahel como un territorio en el que reforzar la protección por amenazas como Rusia, pero también el yihadismo o los flujos migratorios irregulares. “Esta es una pregunta que tendrán que responder los ministros y ministras de Podemos”, contestó en La Sexta sobre si los miembros de Unidas Podemos podrían seguir formando parte del Gobierno si se oponen al aumento del gasto militar o al nuevo acuerdo con EEUU para ampliar su presencia en Rota.