José Luis Ruiz Bartolomé, el candidato número 14 de Vox a la Asamblea de Madrid y coordinador de la política de vivienda del partido, fue condenado por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios en 2009. Ruiz Bartolomé era socio y testaferro de Ignacio Galipienzo, alcalde de Valle de Egües (Navarra) entre 1995 y 2003 y autor de sendos delitos de negociaciones prohibidas y de prevaricación. En 2002, Galipienzo recalificó un terreno, medió en su venta y se llevó 23 millones de pesetas (138.000 euros) de comisión por ello.
Las gestiones las realizó Ruiz Bartolomé a través de su empresa RMA Urbana para no salpicar al alcalde. Para condenarlo, el juez calificó su papel de “determinante para que se pudiera llevar a cabo la operación”.
La formación de extrema derecha, que ha clamado contra la corrupción de los grandes partidos en múltiples ocasiones, recoge en sus estatutos que “la condena por sentencia penal firme por delito relacionado con la corrupción conllevará la expulsión”. Este periódico ha contactado con Ruiz Bartolomé para recoger sus declaraciones y saber si en Vox eran conscientes de su condena, pero ha contestado que está de viaje fuera de España y, pese a las insistencias, no ha dicho nada más. Desde el partido tampoco han respondido a una solicitud de información.
Ignacio Galipienzo era alcalde de UPN (Unión del Pueblo Navarro) en el Valle de Egüés, un rico municipio navarro formado por varios núcleos de población -entre ellos Gorráiz, el lugar donde ocurrieron los hechos-. En 2002, y pese a que el Gobierno de Navarra le había advertido de que era ilegal, Galipienzo dio licencia para construir un apartahotel a una parcela de uso escolar.
El alcalde buscó a personas interesadas en comprar la parcela, que pertenecía a Construcciones Flores. Al final, el comprador fue el grupo empresarial Aricam, para el que Galipienzo realizaba algunos trabajos inmobiliarios por cuenta propia, una información que ocultó a los vendedores. ¿Cómo? Porque quien medió para evitar su implicación fue su socio, el 'gurú' inmobiliario José Luis Bartolomé.
En su acusación, el fiscal destacó que fue José Luis Bartolomé quien se presentó como intermediario ante Concepción Flores (de Construcciones Flores) para que “ésta no conociese que el verdadero intermediario” era el alcalde, recogió Europa Press.
El caso fue juzgado en 2009. El juez condenó a Galipienzo a un año de cárcel, ocho de inhabilitación y 31.500 euros de multa. Por haber cooperado, a Ruiz Bartolomé le cayeron 3.000 euros de multa y siete meses de suspensión de empleo o cargo público. Ambos recurrieron, pero la Audiencia Provincial de Navarra lo rechazó. El caso no quedó ahí, porque tras la dimisión de Galipienzo y su posterior condena, surgieron más indicios y se investigó una trama -conocida como el 'caso Egües'- que acabó con once imputados. Sin embargo, este fue archivado por la jueza en 2018.
En el currículum de Linkedin de Ruiz Bartolomé no aparece ningún cargo entre 2009, momento en el que fue condenado, y 2016. RMA Urbana fue extinguida en 2013 y él siguió en el negocio inmobiliario con varias empresas -Urbion Real Estate, Domus Alcalá o la más conocida en el sector madrileño, Chamberí Asset Management- a partir de 2016 y hasta ahora, que se ha unido a Vox.
Entre su condena y su salto a la política también ha tenido tiempo de publicar dos libros -Adiós, ladrillo, adiós y Vuelve, ladrillo, vuelve- y de participar como experto y columnista en medios generalistas -El Mundo o Libertad Digital- y especializados, como Idealista News y Fotocasa.
Gracias al derecho al olvido de la Unión Europea, el promotor ha podido borrar resultados de la búsqueda con su nombre en Google. Así evita que las noticias de aquel caso de corrupción salgan cuando alguien le busca.
Condenado por corrupción y muy liberal
Ruiz Bartolomé contó el pasado 24 de abril en Twitter que “hace años” que mantiene amistad con Rocío Monasterio -candidata del partido a la presidencia regional- e Iván Espinosa de los Monteros -número tres de Vox- y que ha sido testigo del nacimiento de Vox y de “sus dificultades en los años malos”. También que le ofreció a Monasterio hacerse cargo del programa de urbanismo y vivienda -que “ha gustado mucho” a liberales como Juan Rallo- y que se convierte en candidato por Vox a la Asamblea de Madrid. Las listas se publicaron ese mismo día. Él va en el número 14.
En materia de vivienda, el programa de Vox propone liberalizar el suelo y “convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados”. En Vox comparten el mantra liberal de que si los precios de la vivienda suben es porque falta oferta y de que la forma de corregir esto es construyendo más. También piden que no se llame “fondos buitres” a los promotores e inversores, porque sin ellos “no hay vivienda”.
Su prioridad, dijo Rocío Monasterio en un acto organizado por el Círculo Inmobiliario, es acabar con la “rigidez” del marcado, conseguir que los políticos intervengan menos y acabar así con la corrupción. Paradójicamente, su coordinador de programa fue condenado por cooperar en un caso de corrupción inmobiliaria. También él ha expresado en varias ocasiones y en público su opinión sobre la corrupción.
“Esto no es un caso de corrupción más. Es una trama mafiosa organizada. Y probablemente exija la refundación del partido. Es muy gordo”, dijo en 2013, cuatro años después de ser condenado, sobre la del PP. También ese año comentó que “la corrupción no es precisamente por falta de formación técnica o matemática. Es la falta de valores. Pero claro, religión/valores es malo”.