El ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de Gürtel, Manuel Morocho, ha declarado este miércoles como testigo en el juicio que se sigue por los negocios de la trama en Boadilla del Monte, acreditando el uso de comisiones para las campañas del Partido Popular en el municipio madrileño.
A preguntas de la fiscal, Morocho ha detallado que la estructura liderada por Francisco Correa se encargaba no solo de “realizar preparativos” para los eventos, sino también de la “financiación” de los mismos. “Es decir, se convertía en el ejecutor y el canalizador de los fondos, cualquiera fuera el origen, que el partido pusiera a su disposición para poder financiar esos actos”, ha explicado, según informa Europa Press.
En concreto, se ha referido a 60.000 euros que fueron dirigidos al “concepto campaña” y que utilizaron para los gastos generados en los actos electorales en Boadilla del Monte en el año 2003. “De este reparto de fondos, que viene de una comisión por una adjudicación deciden destinar parte para financiar” los eventos de campaña celebrados en el municipio, en el marco de las elecciones municipales.
Y es que, en este caso, “había una relación subjetiva” entre los “cargos públicos y electos de la formación política y temporal, puesto la distribución se produce justo en el momento en que se inician los momentos electorales”. “Y sabemos que las necesidades de fondos para llevar a cabo eventos son un hecho”, ha afirmado Morocho.
En su declaración, en la que ha ratificado los informes que elaboró a lo largo de más de 10 años de investigación, Morocho también ha entrado al detalle del funcionamiento de Gürtel, que se encargaba de negociar “con el poder adjudicador cómo había que ir ”configurando los pliegos“ para que se adecuasen a las características de la oferta frente a la de terceros, primando de esta forma a las que la trama consideraba como empresas amigas.
En Madrid y Valencia
La trama también se encargaba de “realizar y ejecutar los servicios”, además de “buscar la manera de reconstruir un expediente administrativo” en el que se justificase esa ejecución de cara al exterior, “tipologías” que fueron ejemplificadas en el caso de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla o en las obras relativas al Ayuntamiento.
Y todo ello gracias a la “intermediación” practicada por Correa, el considerado como cerebro de Gürtel, que actuaba como el nexo de unión entre los empresarios y la administración valiéndose de una “confianza mutua” que permitía la concesión de contratos y de las adjudicaciones reclamadas por los primeros.
“Buscando ese ámbito de confianza mutua entre el empresario y el conseguidor del contrato se produce una interacción que se va mecanizando y se repite, es así, se repiten las mismas empresas que operan en Madrid o en Valencia”, ha sostenido Morocho, que ha enumerado entre las mismas a Teconsa, Sufi, UFC o Constructora Hispánica.
En esta línea, el inspector jefe ha explicado que lo normal es que fueran los presidentes o responsables máximos de las mismas quienes tenían contacto directo con Correa, como era el caso del presidente de UFC, José Luis Ulibarri, el expropietario de Constructora Hispánica Alfonso García-Pozuelo, el ex consejero delegado de Teconsa, José Luís Martínez Parra, o el que fuera propietario de Sufi, el ya fallecido Rafael Naranjo.
Relación entre Correa y los emprearios
“Son los mismos empresarios que canaliza, ceden o contratan a Correa para que sea él el que consiga contrato de su interés”, ha asegurado Morocho, que ha apuntado que, para ello, hacían una entrega de dinero efectivo con el objetivo de buscar un arreglo en un expediente administrativo. “Al final les genera una relación personal, por eso Correa decía que Hispánica y García Pozuelo era una persona que tenía palabra y se podía confiar en él”, ha recordado.
Precisamente, Morocho también ha sido interrogado por una de esas entregas de dinero en efectivo, en concreto por la que habría realizado el hijo de Rafael Naranjo, Gonzalo, que en una de las conversaciones que el denunciante de la Gürtel, José Luis Peñas, mantuvo con Correa, figura como “el niño de los sobres”.
“Es evidente que tiene relación con el objeto del documento que estamos analizando porque él es el que lleva el dinero hasta el despacho de Serrano y hace entrega del mismo a Correa para distribuirlo”, ha sostenido Morocho. El propio Gonzalo Naranjo, en su declaración en el juicio, negó de forma práctica --valiéndose de una carpeta y de billetes falsos-- que pudiera saber qué contenían los paquetes que entregó.
Así las cosas, el exinspector también se ha referido a otra carpeta, de color azul, que se localizó en el domicilio del considerado contable de Gürtel, José Luis Izquierdo. En su interior, los agentes encontraron datos claves en un momento embrionario de la investigación, como conceptos de fondos ajenos al control económico, detalles sobre los ingresos y la distribución del dinero y puntos importantes sobre algunas de las adjudicaciones de la trama.
'Santo Tomas', ' El Bujía' o 'El Albondiguilla'
“Fotocopias de hojas de Excel, documentos confeccionados de ingresos y distribución del dinero, operaciones con el exterior, envíos de flujos de dinero hasta EEUU... había mucha información relacionada con hojas de entradas y salidas que eran tiras de una hoja de calculadora que contaba billetes de 500 y 200 euros”, ha señalado.
En respuesta a las preguntas del Ministerio Público, Morocho ha hecho un repaso a cómo los documentos de los que fueron disponiendo les permitieron poner nombres y apellidos a las “siglas y apodos” de algunos de las personadas relacionadas con Gürtel, y que constituía una práctica habitual.
De las distintas anotaciones localizadas pudieron deducir que 'Santo Tomás' era el que fuera gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, Tomás Martín Morales, que 'El Bujías' era su sucesor Alfonso Bosch --en alusión a la marca de electrodomésticos-- o que 'El Albondiguilla' era el apelativo que recibía el entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.
Por otra parte, Morocho ha especificado cómo Correa ofrecía a algunos de los empresarios vinculados a la trama una estructura para blanquear los fondos que “estuvo viva hasta el año 2003”, el año en que se produjo la entrada y registro en el despacho de Luis de Miguel, el presunto cerebro financiero de la trama.
Fue en ese momento, tras la aparición de estructuras y conglomerados en el exterior, cuando Correa, “buscando salvaguardar ese patrimonio y otra tipología de blanqueo”, trató de localizar a asesores empresariales de prestigio y que no levantase sospechas en la investigación que estaba en curso.
En ese momento entró en escena el empresario Ramón Blanco Balín --también imputado-- que, según Morocho, se encargó de realizar una transformación de las estructuras, llegando también a involucrarse a la hora de tomar parte en los negocios en los que Correa intervenía. Este extremo también ha sido confirmado en el mismo juicio por el 'número dos' de Correa, Pablo Crespo, o por acusados como Carlos Martínez Massa y Rodolfo Benigno.
Y en esta “puesta” a disposición por parte de Correa de su estructura de inversión en el exterior para blanquear los fondos también habría participado el propio González Panero, al que se le ofreció realizar “inversiones en proyectos inmobiliarios” en Estados Unidos. Su caso se trata, según Morocho, en un “ejemplo directo” de los servicios ofrecidos por el líder de Gürtel.