Dos investigaciones judiciales conocidas en 24 horas y que suman una veintena de imputados han agitado la recta final de la campaña para las elecciones autonómicas y municipales de próximo domingo. Sin relación entre ellas, las operaciones policiales en Melilla y la localidad almeriense de Mojácar tienen en común el presunto intento de una compra masiva de votos por correo que la actuación judicial y de las juntas electorales parece haber evitado.
Los 17 arrestos practicados en total por Policía y Guardia Civil parten de sendos juzgados locales que han declarado el secreto de las actuaciones. Si en Melilla la práctica abortada y sus protagonistas son conocidos y han provocado sentencias condenatorias en el pasado a Coalición por Melilla, el caso de Mojácar no tiene precedentes en la zona. Dos de los siete detenidos van en las listas del PSOE al Ayuntamiento de la localidad costera, una condición de candidatos que no se puede ya revertir, si bien el partido procedió a suspenderlos de militancia al conocerse su imputación y anunció que en ningún caso formarán parte del grupo municipal socialista tras los comicios.
Con una población superior a los 8.000 habitantes, poco más de 3.000 de los habitantes de Mojácar tienen derecho a voto, debido a la cantidad de residentes extranjeros que buscan en el clima y la playa de la localidad un lugar de retiro. Por eso, los 543 votos por correo que se han solicitado abundan en la sospecha de intento de fraude: representan el 17% del censo, frente a una media de entre el 2 y el 3% de solicitudes de voto por correo que se realizan en el resto de España.
Los dos detenidos del PSOE ocupaban los números dos y cinco de la lista a la Alcaldía. Se trata de Francisco Bartolomé, quien regenta un estanco y pertenece a una familia dueña de multitud de establecimientos del sector servicios desde hace varias generaciones; y Cristóbal Vizcaíno, quien tiene un bar restaurante en la zona alta del pueblo, al que algunos vecinos atribuyen irregularidades en el servicio tales como no aceptar el pago con tarjeta.
Cuando estalló la operación, Bartolomé, que figuraba entre las personas que debían ser detenidas en el auto del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Vera, se encontraba en Madrid y regresó a Mojácar para estar presente en el registro de su domicilio y ser detenido por la UCO. Por demarcación territorial, el juez había encomendado a la Guardia Civil la investigación y el instituto armado, al tratarse de un delito electoral, delegó en su unidad especializada.
En las elecciones de 2019, el Partido Popular obtuvo 1.692 votos y el PSOE, 1.145. De ahí la relevancia del sentido de los 543 votos por correo. Este jueves, 25 de mayo, finaliza el plazo para presentar el sufragio por este sistema a distancia y se conocerá, al cierre de las oficinas de Correos, cuántos de esos 543 votos por correo acabarán en la urna.
Más de 9.000 votos perdidos en Melilla
A última hora de la tarde del miércoles, el Ministerio del Interior había contabilizado que 2.572 melillenses de los 11.707 que habían solicitado con su DNI el voto por correo habían terminado por ejercer ese derecho a distancia. Esos 9.135 votos por correo que finalmente no se han ejercido son sospechosos de haber caído en manos de los diez detenidos el martes.
Según fuentes próximas al caso, la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de Melilla perseguía una trama local de narcotráfico cuando detectó conversaciones entre los presuntos implicados sobre la compra de votos por correo. La titular del juzgado de instrucción número 2 de la ciudad autónoma abrió una causa que permanece bajo secreto y que derivó en los registros y detenciones de esta semana.
Al tiempo, la Junta Electoral de Zona decidió que no solo habría que presentar el DNI para solicitar el voto por correo, sino también para remitir la papeleta. La Junta Electoral Central amplió la medida a todos los melillenses que quisieran votar desde otro punto de España. El revuelo por la operación policial y el refuerzo de medidas de las juntas electorales ha provocado que más de 9.000 votos por correo no se hayan ejercido, cuando solo quedan unas horas para que se cierre el plazo.
Fuentes próximas a la investigación cifran entre 50 y 200 euros las cantidades que ofrecían los compradores a personas de escasos recursos o toxicómanos a cambio de su voto. La Policía comenzó por reforzar el trasiego de los carteros después de que algunos hubieran sido asaltados y ahora está preparando un dispositivo especial para el domingo porque temen que en las zonas donde más fuerte es Coalición por Melilla haya votantes “comprados” que acudan a ejercer el voto presencialmente después de haberlo solicitado por correo, algo expresamente prohibido por ley.
Las mismas fuentes señalan que el grueso de la trama desbaratada en Melilla está vinculada a Coalición por Melilla (CpM), el partido liderado por el médico Mustafá Aberchán, sobre el que recae sentencia firme del Tribunal Supremo por una maniobra similar en 2008. La inhabilitación de Aberchán finalizaba en agosto, por lo que no pudo concurrir en las listas a las elecciones del domingo.
Pese a que las sospechas recayeron desde el principio en Coalición por Melilla, este partido fue el primero en proponer que se suspendieran los comicios hasta que se aclarara lo ocurrido. Un retraso en la convocatoria hasta después de agosto hubiera permitido a Aberchán volver a ser el candidato de Coalición por Melilla.
El partido de Aberchán ha multiplicado su política de alianzas, desde el partido de Jesús Gil antiguamente hasta el pacto de 2019 con Ciudadanos y PSOE. Desde 2003, CpM tiene una sólida base electoral en Melilla, sobre todo en la población de origen musulmán, y siempre ha sido la segunda formación en votos en los comicios celebrados.
Marruecos y el PP
Sus rivales políticos siempre han señalado a CpM como un partido sometido a injerencias marroquíes y responsables de Vox y Ciudadanos apuntaron a Rabat en cuanto se conoció el intento de fraude. El portavoz del Gobierno marroquí, Mustafá Baitas, negó cualquier implicación del país vecino, al tiempo que atribuyó tales acusaciones al “contexto conocido” en el que se producen, esto es, una campaña electoral. Baitas ha llegado a a mencionar la “plena soberanía” española y a recordar la “buena relación” que mantienen actualmente Rabat y Madrid.
Entre los detenidos en Melilla figura el consejero de Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal. El presidente de la ciudad autónoma, Eduardo de Castro, expulsado de Ciudadanos y que no se presenta a la reelección, decidió este miércoles cesar al consejero implicado. Entre los arrestados también figura un yerno del líder de CpM, Mustafá Aberchán.
En las últimas horas también ha trascendido que dos de los detenidos ofrecieron los votos comprados al mejor postor. En este sentido, una fuente próxima a la investigación ha asegurado que estos dos detenidos habían entrado en contacto con el Partido Popular y que estaban en negociaciones para vender los votos a los conservadores.
El ambiente político en Melilla de los últimos días ha acogido declaraciones como la de la vicepresidenta de la ciudad autónoma, la socialista Gloria Rojas, quien dijo a los medios que “siempre se ha hablado de dos” partidos implicados, pero al preguntársele directamente si se refería al PP, ha añadido: “No digo nada. No soy quién para decirlo”.
De los peculiares modos de la política melillense dio cuenta también el expresidente de la ciudad autónoma y líder del PP, Juan José Imbroda, quien decidió expresarse a través de un audio enviado a los medios de comunicación. En el mismo anunciaba medidas legales para quien vinculara a su partido con el intento de compra de votos.
“Ante las noticias que han surgido intentando implicar al PP de Melilla en la supuesta compra de votos, con un señor que creo que se llama Felipe, tengo que decir que es completamente falsa y mentira: nosotros no tenemos nada que ver con este señor ni hemos comprado ni un voto, y tampoco he dicho a nadie que vaya a comprar votos en nuestro nombre, por lo tanto es totalmente falso”, se podía escuchar en el audio a Imbroda.
Las afirmaciones de la vicepresidenta melillense tuvieron respuesta también del coordinador general del PP, Elías Bendodo. Ante los medios de comunicación, dijo que si el PSOE “hace esas manifestaciones, que hable, que hable alto y claro y diga quiénes son esos partidos”, al tiempo que le ha exigido “romper cuanto antes” la coalición en Melilla.
Bendodo ha aprovechado para hablar de las detenciones en Mojácar y ha insistido en retar a los socialistas a que digan “quiénes son esos partidos que también hacen lo mismo que el PSOE, dedicado a la compra de votos”. “Yo entiendo que esté nervioso, pero una cosa es estar nervioso y otra es romper las reglas del juego e incumplir las normas”, afirmó el número tres del PP.