La visión de los antidisturbios, los policías encargados de actuar durante las protestas ciudadanas, ha estado presente de forma directa en la redacción del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que estudiará el viernes el Consejo de Ministros. Y no sólo porque se haya consultado a los sindicatos policiales su opinión sobre el borrador. Según informaron a eldiario.es fuentes del Ministerio del Interior, el asesor encargado de pilotar la reforma legal es un inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía cuya trayectoria profesional se ha desarrollado fundamentalmente en las Unidades de Intervención Policial (UIP), formadas por los conocidos como antidisturbios.
Este inspector jefe, que ha mandado unidades antidisturbios en Navarra, Sevilla y Madrid, ha estado al frente del reducido grupo de personas a quienes el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, encargó a principios de año trabajar sobre el borrador que le dejó su antecesor en el cargo. Según las citadas fuentes, este inspector jefe es además un policía de toda la confianza del director adjunto operativo del Cuerpo, Eugenio Pino, el máximo responsable a nivel estatal de los antidisturbios durante los Gobiernos de José María Aznar.
La reforma de la ley que ultima el Gobierno hace especial hincapié en la protección de los antidisturbios. De forma directa, cuando sanciona como infracción muy grave “insultar, coaccionar y vejar” a los agentes, así como la distribución de imágenes en las que aparezcan los policías. Y de un modo general, al tipificar todas las conductas que pasan a estar prohibidas en una manifestación y que inciden en la labor que desarrollan los miembros de las UIP.
Tan solo un año después de tomar posesión, Ignacio Ulloa abandonó el cargo de secretario de Estado de Seguridad en un hecho que convulsionó el Ministerio del Interior. En un primer momento, desde el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, se atribuyó su marcha a motivos personales. Después se alegó que Moncloa lo había reclamado para ocupar una plaza en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Fiscal, juez de primera instancia y abogado del Tribunal Constitucional, Ulloa había perdido la confianza de Jorge Fernández Díaz. Entre los motivos del choque con el ministro del Interior estaban las reformas que en materia de orden público lanzaba el titular de la cartera y que, según fuentes que trabajan en el Ministerio, no eran compartidas por Ulloa, quien no les encontraba encaje legal.
Sin ir más lejos, Fernández Díaz anunció públicamente que el nuevo Código Penal incluiría como delito la resistencia pasiva a los agentes o convocar manifestaciones que luego desembocaran en altercados. A los pocos días fue desmentido por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La resistencia pasiva nunca estuvo dentro del proyecto de reforma del Código Penal Procesal, pero Fernández Díaz se ha salido con la suya, en parte, con la convocatoria de manifestaciones. No serán delito, pero su Ley de Seguridad Ciudadana prevé recogerla como infracción muy grave castigada con hasta 600.000 euros de multa.
Cambios en el borrador
Al tomar el relevo en la Secretaría de Estado de Seguridad, Francisco Martínez asumió la reforma pendiente de la Ley de Seguridad Ciudadana, el instrumento con el que el Gobierno pretendía hacer frente al malestar ciudadano. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con duros autos de los jueces contra la actuación policial, en los que se primaba la libertad de expresión de los ciudadanos.
Con un primer borrador ya elaborado por el anterior equipo, Martínez eligió para desarrollar el texto a uno de sus vocales asesores, el citado inspector jefe, con experiencia en lo que en términos policiales se denomina “control de masas”. En el borrador que recibió este policía no aparecía, por ejemplo, la potestad de la Policía para evitar los escraches, disolver manifestaciones con vehículos, como las producidas en Cataluña contra los peajes, o retener la documentación a los manifestantes cuando el agente lo considere necesario, según fuentes conocedoras de dicho escrito provisional.
A diferencia de su antecesor, Francisco Martínez fue elegido como número dos del Ministerio por Fernández Díaz, con quien había trabajado en el Congreso de los Diputados en calidad de letrado de las Cortes. Martínez ha sido el único miembro del Gobierno, junto con el delegado en Melilla, Abdelmalik El Barkani, que ha defendido sin ambages la utilización de cuchillas en las vallas que separan Ceuta y Melilla de Marruecos.
Independientemente de que trabaje a las órdenes del secretario de Estado, el inspector jefe que ha controlado la reforma de la ley es considerado en el ámbito policial un hombre del número dos de la Policía, Eugenio Pino. El nombramiento de este comisario principal como director adjunto operativo ha marcado en parte el devenir del Ministerio del Interior en estos dos años. En su elección tuvieron que ver dos factores: su intensa colaboración con el Partido Popular cuando éste aún estaba en la oposición y su experiencia en la represión de altercados. No en vano, una de las principales tareas que encomendó Mariano Rajoy a su amigo Fernández Díaz en Interior fue mantener el orden público en una legislatura de crisis y recortes.
El comisario Eugenio Pino está detrás de la decisión de enviar a Barcelona a dos comisarios de su confianza, ajenos a la investigación del caso Palau, para intentar convencer a los fiscales anticorrupción de que había que registrar la sede de CDC en plena campaña electoral. En aquella época se produjeron las filtraciones de informes apócrifos y borradores policiales sobre supuestas corruptelas, no judicializadas, de Artur Mas, Jordi Pujol y algunos de sus familiares.
Por decisión suya se ha renovado en dos ocasiones a la cúpula policial, cambiando en otras tantas ocasiones al comisario responsable de las investigaciones de corrupción. Una de las primeras medidas del Gobierno de Zapatero fue apartar a Pino del mando de los antidisturbios y enviarlo a dirigir la Comisaría Provincial de Huesca, el mismo destino que recibió el comisario condenado por el caso Faisán cuando fue apartado por el actual Ejecutivo de la Jefatura Superior de Policía de Euskadi.