El Gobierno ha elegido al comisario José Luis Olivera como primer director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), la fusión de los organismos que centralizan toda la información de la Policía y la Guardia Civil sobre esos fenómenos y evalúan para el Ejecutivo una respuesta estratégica.
Olivera fue uno de los policías con más poder durante el Gobierno socialista y en poco tiempo consiguió serlo con el Partido Popular. De hecho, ya en octubre de 2012 recibió el delicado encargo de viajar a Barcelona para convencer a los fiscales Anticorrupción de que había que registrar la sede de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en plena campaña electoral. El viaje se produjo en plena efervescencia del proceso soberanista.
El policía que va a disponer de más información en España fue un cargo de altísima responsabilidad con el Ejecutivo socialista. En 2005, el Gobierno de Zapatero decidió potenciar las estructuras policiales contra los delitos económicos y la corrupción y centralizarlas en una nueva Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que Olivera dirigió desde su creación hasta julio de 2012. La UDEF dio un salto cualitativo con la operación Malaya, aunque el foco mediático terminó de colocarse definitivamente sobre ella con la operación Gürtel, la trama de corrupción en torno al Partido Popular.
Olivera debía formar parte de la “camarilla policial” que se dedicaba a “fabricar informes” contra el PP en la sede policial de Canillas, de acuerdo con la afirmación que le costó un juicio a Francisco Álvarez Cascos. El supuesto acoso del Gobierno de entonces al partido de Rajoy por medio de la UDEF hacía presagiar que Olivera sería uno de los primeros mandos en caer con el cambio de Gobierno. Sin embargo, el policía aguantó en su puesto unos meses hasta que el Ejecutivo relevó al primero de los altos mandos implicados en la lucha contra la corrupción de los que se ha deshecho.
El comisario general de Policía Judicial Enrique Rodríguez Ulla fue destituido en julio de 2012 por investigar el ático de lujo de Ignacio González sin informar a sus superiores. Para difuminar el cese, el Ministerio del Interior anunció de golpe una serie de cambios en la cúpula policial tan solo cinco meses después de las elecciones, entre ellos el de Olivera. Sin embargo, el comisario no fue enviado al Consejo de Policía –una suerte de destino sin ocupación para altos mandos que pasan a ser molestos con los cambios de Gobierno– o a una comisaría apartada, sino que se le otorgó el mando del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), un organismo sin atribuciones operativas, pero de reconocimiento por su labor de análisis y relaciones internacionales.
A los dos meses de comenzar su destino en el CICO, Olivera reapareció mediáticamente. Había trascendido su viaje del 29 de octubre de 2012 a Barcelona, acompañado de otro comisario, Marcelino Martín Blas-Aranda, el jefe de Asuntos Internos, famoso desde que ha detenido al 'pequeño Nicolás' y a quien el joven menciona en las tertulias televisivas. Olivera y Martín trataron de convencer a los fiscales Fernández Bermejo y Sánchez Ulled de que relanzaran de inmediato la investigación del caso Palau y pidieran al juez el registro de la sede de CDC. Los fiscales desconfiaron de que dos policías próximos a la cúpula policial, pero sin ninguna vinculación con el caso, les presentaran aquellos nuevos y endebles indicios.
La actuación de los policías motivó incluso una queja formal del Consejo Fiscal, pero los dos comisarios fueron condecorados con la Medalla Roja, un reconocimiento pensionado. Interior aseguró que el viaje se debía a que Asuntos Internos quería anunciar a los fiscales un nuevo grupo dentro de la unidad dedicada a recuperar casos perdidos por la Policía por la dejadez de sus agentes. Olivera habría viajado porque conocía a los fiscales de su etapa en la UDEF.
Nunca más hubo noticias de ese grupo, ni fuera ni dentro de la Policía. Según fuentes policiales, en aquellos meses comenzó a operar en Cataluña la estructura que mantiene en secreto Interior para rastrear la supuesta corrupción de políticos independentistas y que cuenta con una treintena de agentes de Asuntos Internos, como informó eldiario.es.
El recién creado CITCO, que va a dirigir el comisario Olivera, surge de la conclusión a la que ha llegado Interior de que los fenómenos del terrorismo y el crimen organizado interactúan. La creación de los órganos ahora fusionados, el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) y el CICO, fue parte de la respuesta del Gobierno del PSOE a los fallos de coordinación entre la Policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detectados en el 11M. Los dos órganos cuentan con una herramienta informática que permite detectar cuándo dos cuerpos policiales siguen pistas coincidentes.
También la corrupción
El CITCO no tiene, en su diseño, capacidad operativa, pero Olivera nunca escondió en su etapa en el CICO su aspiración de que dejara de ser así y que parte de sus miembros realizaran investigaciones por su cuenta. Entre los datos que deberán elevar al CITCO la Policía y la Guardia Civil se encuentran las investigaciones por corrupción de los partidos políticos.
Además de la Policía y la Guardia Civil, en el CNCA ha participado desde el principio el CNI. Precisamente, la inclusión del término “Inteligencia” en el nombre del nuevo órgano ha provocado tensiones con el espionaje español, alertado ante posibles injerencias. El Centro Nacional de Inteligencia ha advertido de la confusión que podría provocar en el exterior esa denominación. Los servicios de Inteligencia de los países aliados mantienen una relación directa entre ellos, en las que no participa ningún cuerpo policial.
El Gobierno de Zapatero planeó el CNCA y el CICO como órganos que serían dirigidos alternativamente por un policía y un guardia civil. En principio, cada mandato debía durar dos años, pero ni la alternancia ni los plazos se cumplieron. El CNCA ha tenido cinco directores –uno en funciones–, de los que cuatro han sido comisarios de Policía. El CICO siempre ha estado dirigido por la Policía. Con el nombramiento de Olivera, el Ministerio del Interior apuesta decididamente por la Policía Nacional, un cuerpo al que la política del PP ha envuelto en continuas polémicas –acoso a investigadores, premios indiscriminados, extralimitación de sus funciones–, a diferencia de lo que ha ocurrido con la Guardia Civil.