El Ministerio del Interior asegura que los datos aportados por los agentes turísticos a través del nuevo registro de viajeros han permitido localizar a 18.584 personas sobre las que pesaba una orden de búsqueda y captura. Se trata, principalmente, de presuntos delincuentes sobre los que constaba alguna requisitoria policial o judicial en procedimientos vinculados al terrorismo, el crimen organizado o la criminalidad grave. Así lo han confirmado este miércoles fuentes del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska en un encuentro con periodistas sobre ese registro, que empieza a funcionar de forma obligatoria el próximo lunes 2 de diciembre, pero que está operativo desde 2022.
El pasado octubre, el Ministerio del Interior decidió retrasar la aplicación completa del real decreto por el que hoteles, apartamentos turísticos o empresas de coches de alquiler deben empezar a recopilar y entregar a la Secretaría de Estado de Seguridad (SES) casi el triple de datos de sus clientes que hasta ahora, incluyendo información sensible como números de tarjetas de crédito y cuentas bancarias o direcciones personales.
La nueva regulación tiene en pie de guerra a la industria turística, que cuestiona principalmente la carga administrativa que supone para el sector; pero también ha soliviantado a los expertos en protección de datos que ven en la nueva regulación una “invasión a la privacidad”. Interior justifica esta mayor recopilación de información como una manera de luchar contra el terrorismo y el crimen organizado y apunta a que “la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor” cobran especial relevancia en el modus operandi de los delincuentes.
El registro entrará en funcionamiento el próximo lunes, tal y como estaba previsto, pero las empresas deberán transmitir a la aplicación ses.hospedajes “aquellos datos que ya recaben de manera habitual en el ejercicio de su actividad” y que figuren en el real decreto. El único nuevo dato que sí se requerirá ya a partir de este lunes es la relación de parentesco entre los viajeros en el caso de que alguno sea menor de edad. Es una información que en Interior consideran “muy relevante y esencial” de cara a procedimientos sobre abusos sexuales a menores, secuestros… Respecto al resto de nuevos datos que constan en el real decreto —teléfono, email, entre otros—, el departamento someterá a consulta pública una orden ministerial que “facilitará” la exigencia de esos datos.
Hasta ahora, los datos que tienen que recopilar quienes realizan actividades de hospedaje o alquiler de vehículos son los que constan en los documentos oficiales que portan los viajeros, como DNI o pasaporte. Muchos establecimientos usan un sistema automatizado con lectores de documentos que van directamente a cada reserva y que generan un fichero que cada noche se envía a las autoridades, explican fuentes del sector.
Esos datos se enviaban al Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil y ahora la nueva regulación obliga a que se transmitan a una aplicación de la Secretaría de Estado de Seguridad, llamada ses.hospedajes. Y que es la que ha permitido localizar a las citadas 18.584 personas que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o en el sistema de información de Schengen. Esa aplicación está activa desde 2022. Desde entonces, ya han aportado datos 61.540 establecimientos hoteleros, 1.094 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.720 empresas de alquiler de vehículos.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que representa a más de 16.000 establecimientos con un total de 1,8 millones de plazas, ha anunciado que emprenderá “acciones legales” ante la entrada en vigor de este real decreto. La patronal denuncia la “falta de respuestas” por parte del Gobierno y “el impacto negativo que esta normativa supondrá para el sector hotelero y los propios viajeros”.