El Ministerio del Interior desafía a la Justicia al conceder la medalla pensionada a una decena de ex comisarios jubilados a los que se les había anulado tal reconocimiento en 2021 al considerar falta de motivación en los expedientes y carencias en el proceso de alegación, motivo por el que varios sindicatos policiales impugnaron la anterior convocatoria.
A pesar de esa resolución judicial, la Policía Nacional, que depende del Ministerio del Interior, ha vuelto a incluir en la orden del mérito policial para que reciban la medalla de plata a los comisarios Eloy Quirós, Francisco Javier Migueláñez, Francisco López Canedo, Héctor Moreno, Francisco Rodríguez, José María Moreno Moreno y Manuel Páez. Esa medalla -la máxima recompensa profesional que pueden recibir-, lleva aparejado un incremento vitalicio de la pensión equivalente al 15% del sueldo base.
Como ya informó este diario, en el caso de Héctor Moreno fue condenado en el pasado por torturas y detención ilegal. Los hechos ocurrieron en 1982 en el barrio madrileño de Malasaña, cuando varios agentes detuvieron a unos transeúntes “sin causa alguna” para después golpearles y amenazarles. Los agentes, además, falsearon el atestado policial. El policía fue luego indultado por el Gobierno de Aznar.
En una sentencia fechada el pasado 10 de mayo, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 de la Audiencia Nacional anuló el procedimiento por el que se incluyó a estos comisarios para recibir la medalla de plata.
Hay que recordar que todos ellos cesaron en su carrera profesional en la Policía Nacional por haber cumplido los 65 años de edad y que ahora han sido elegidos para recibir este premio de fin de carrera sin que se den los requisitos necesarios para un reconocimiento de este tipo.
Reacción de los sindicatos
El juzgado atendía a las demandas presentadas por los sindicatos policiales CEP, JUPOL y UFP y anulaba “por no ser conformes a derecho” los premios que llevaban aparejadas pensiones vitalicias publicados en las Órdenes del Ministerio del Interior, derivados a su vez en la Orden General Extraordinaria de la Policía Nacional con fecha de 16 de septiembre de 2021.
Los sindicatos de la Policía han reiterado ahora sus críticas. El CEP ha defendido la importancia de “acabar con las prácticas de concesión de medallas que no sean objetivas, transparentes y justas”. Tras el fallo de la Audiencia Nacional subrayó que el juez destacaba la relevancia de las organizaciones sindicales en el procedimiento previo a la concesión de estos premios que, en cualquier caso, no deben “ofender a miles de compañeros que se juegan la vida a diario y que no se van a casa con una paga adicional”.
El CEP asegura que estas medallas “empañan cientos de intervenciones meritorias y arriesgadas que han protagonizado policías nacionales en activo que se juegan la vida en las calles de toda España”. Una vez más, añade el sindicato, “no han sido reconocidas por Interior, que mantiene como normativa de referencia en este ámbito una ley de hace cincuenta y ocho años, aprobada en plena dictadura y nunca actualizada por sucesivos gobiernos para democratizarla e imponer en ella principios como la transparencia y la objetividad”.
La Audiencia Nacional censuró en la anterior convocatoria la falta de claridad del procedimiento para premiar, entre otros, a Francisco Javier Migueláñez, que lideró desde Asuntos Internos las pesquisas contra el también comisario José Manuel Villarejo, Francisco Rodríguez López, Héctor Moreno y José María Moreno Moreno. Meses atrás ocurrió lo mismo por falta de “propuesta individualizada” con otros mandos: Eloy Quirós, Manuel Páez y Francisco López Canedo.
El juez entendía que no se habían cumplido los requisitos de mérito para recibir las medallas de plata, según se fija en el artículo 5 de la Ley de 1964 que regula los motivos para la concesión de la cruz de oro o de plata en casos como muerte o heridas graves, así como servicios de trascendental importancia o que impliquen méritos de carácter extraordinario.