El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado hoy que la nueva Ley de Seguridad Privada ofrecerá más garantías jurídicas al sector y a los ciudadanos, ya que la normativa regulará, controlará y clarificará los servicios que prestan los despachos de detectives.
En la inauguración de la IV Cumbre Europea de Seguridad Privada, organizado por la Asociación Profesional de Compañías de Servicios de Seguridad (Aproser), el titular de Interior ha señalado que esta nueva ley, cuya redacción el Gobierno tiene “muy avanzada”, tiene como objetivo actualizar la vigente normativa, que data de 1992.
“No significa que la actual ley sea mala sino que el sector tiene en 2013 poco que ver con el de hace veinte años”, ha añadido el ministro ha dejado claro que se trata de ordenar la normativa dispersa que existe sobre este sector.
Ha hecho hincapié en que la ley no persigue “en absoluto” privatizar la seguridad pública, tras lo cual ha insistido que el objetivo de la misma es hacer más “compatibles” y “complementarias”, las actividades que desarrollan los servicios públicos con los privados.
Unas empresas, la de seguridad privada, que facturan al año más de 3.200 millones de euros y que dan empleo a 90.000 personas.
El pasado martes el ministro avanzó que la nueva ley impondrá determinadas “cautelas” a las investigaciones de los detectives privados, y prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad de las personas.
Las investigaciones de estos despachos, puntualizó, estarán sujetas a determinadas “cautelas”, como la obligación de “velar por la legitimidad del encargo de investigación, la formalización por escrito del contrato o la inscripción de la investigación en un libro registro a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado”.
Así, los detectives deberán realizar un informe de investigación por cada encargo, que también deberá estar a disposición de las fuerzas de seguridad y de la autoridad judicial.
Precisamente, el desarrollo normativo de esta ley será uno de los asuntos que durante hoy y mañana abordarán en Madrid expertos en seguridad privada que también analizarán cómo pueden cooperar los detectives privados con las fuerzas de seguridad para combatir delitos específicos como el cibercrimen o la protección de las infraestructuras críticas.