Interior mantiene en sus puestos a todos los policías en activo imputados por el espionaje a Bárcenas

El mayor escándalo en el Ministerio del Interior desde el terrorismo de los GAL no tiene por el momento consecuencias disciplinarias para sus principales protagonistas. De los nueve miembros de la Policía Nacional investigados en el espionaje a Luis Bárcenas, seis siguen en sus puestos y otros tres se han jubilado. Uno de los comisarios, Andrés Gómez Gordo, está en estos momentos al frente de la comisaría del distrito de Villa de Vallecas, en Madrid, donde residen cerca de 100.000 personas. Otro de ellos, Francisco González, ha sido nombrado recientemente jefe de la comisaría de San Blas, un distrito con unos 160.000 habitantes. 

Siete de los nueve imputados por la Operación Kitchen ya lo estaban en febrero de 2019. Próximamente se cumplirán dos años sin que los responsables del Ministerio del Interior y la Policía hayan decidido apartar del servicio activo a los policías, pese a que los indicios contra ellos han crecido, se han conocido al detalle por el levantamiento del secreto del sumario y siguen pesando sobre ellos distintas medidas cautelares, como la retirada del pasaporte en unos casos y en otros la prohibición de salir del país.

La Dirección General de la Policía se limita a citar la Ley 4/2010 de Régimen Disciplinario cuando se pregunta oficialmente por la situación de los policías investigados. Un portavoz alude genéricamente al artículo 18, que señala que los procedimientos penales impiden que haya una resolución definitiva de los expedientes hasta que haya una sentencia firme, pero tampoco precisa qué expedientes han podido abrirse hasta ahora. 

Además, otro artículo de esa misma ley, el 33, capacita al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, para adoptar “medidas cautelares” que faciliten “la tramitación del expediente y asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer”. “El director general de la Policía [dice ese artículo en otro punto] podrá acordar excepcionalmente, como medida preventiva, la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procedimiento penal, si esta medida no ha sido adoptada por la autoridad judicial, y podrá prolongarse hasta la conclusión del procedimiento penal”.

Andrés Gómez Gordo. Comisario jefe del distrito de Villa de Vallecas

Este policía arrancó su participación en la Operación Kitchen siendo inspector jefe en excedencia. Gómez Gordo había dejado el Cuerpo por segunda vez para trabajar a las órdenes de otra administración en manos del PP, en este caso al lado de María Dolores de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha. Semanas antes de que Cospedal perdiera la Presidencia de la Junta de Comunidades, Andrés Gómez Gordo se reincorporó a la Policía. Entonces se desconocía que lo hacía sirviéndose de un salvoconducto para el éxito en su carrera: el chófer infiltrado en la familia Bárcenas era conocido suyo de la época en la que ambos trabajaban para Francisco Granados en la Comunidad de Madrid y él sería el encargado de “manipular” al confidente. 

Gómez Gordo fue destinado formalmente como jefe de Sección en la Unidad de Delitos Económicos y Financieros aunque pasaba la mayor parte del tiempo en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, concretamente en un local de la calle Rafael Calvo de Madrid, nido de la brigada política que había montado el comisario Eugenio Pino y que ha fabricado informes contra el independentismo, Podemos y otros rivales del PP. A los seis meses de regresar fue condecorado con la Medalla Roja al Mérito Policial, que lleva asignado un incremento mensual y de por vida del 10% en la nómina. 

Andrés Gómez Gordo aprobó para el rango de comisario en la época de Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior y juró el cargo ya con el PSOE en el Gobierno cuando la Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado su imputación por el caso del espionaje a Bárcenas. Fue destinado a Alicante, pero regresó a Madrid con derecho a ocupar una comisaría de distrito. La Dirección de la Policía le envió a Villa de Vallecas, una plaza difícil por sus índices de delincuencia, de las más elevadas de la capital. 

La participación de Gómez Gordo en la Operación Kitchen está acreditada indiciariamente desde su mismo origen y hasta después de que concluyera. Se trata, de hecho, del policía que intenta blanquear los resultados del espionaje introduciendo en mayo de 2015 una serie de supuestos resultados del mismo en un fichero policial para hacerlo pasar por una investigación más. Con esa maniobra, los responsables de la Kitchen intentaron cubrirse haciendo creer que compartían sus hallazgos con los policías que realmente estaban persiguiendo la financiación irregular del PP a las órdenes del juez Ruz. 

En su declaración ante el juez del caso Villarejo, Gómez Gordo intentó desvincular a María Dolores de Cospedal y al marido de ésta, Ignacio López del Hierro, de la Operación Kitchen. Gómez Gordo ha podido contratar los servicios del despacho del exjuez de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, uno de los abogados penalistas más reputados de Madrid. 

Sergio Ríos Esgueva. Policía en la Brigada Móvil de la Jefatura Superior de Policía de Madrid

El chófer de la familia Bárcenas cobró, al menos, 48.000 euros y una pistola con cargo a los fondos reservados y un ingreso en la Policía a los 42 años por su labor como topo siguiendo los pasos de la familia del tesorero del PP cuando la cúpula del partido temía que este tirase de la manta. Una vez entró en el Cuerpo, en tiempos de Zoido, fue destinado a Lleida, pero a los pocos meses regresó a Madrid en comisión de servicio, un mecanismo excepcional que se suele aplicar a los investigadores y que, en el caso de Ríos Esgueva, se justificó porque tenía dos hijos en edad escolar que residían en un pueblo de Madrid y estaba divorciado. 

Además se le destinó a la Brigada Móvil de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, un destino codiciado por sus complementos y condiciones de trabajo por muchos policías. Según han informado a elDiario.es fuentes policiales, ese no es el destino de Ríos Esgueva en la Policía actualmente. En 2019 accedió por un procedimiento ordinario a la misma especialidad pero ya dependiendo de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, lo que le evita desplazamientos fuera de la Comunidad. Fuentes oficiales de la Policía confirman que Sergio Ríos Esgueva continúa en servicio activo, pese a todo lo que consta en el sumario sobre él. 

Recientemente, el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha abierto una subpieza de la Kitchen que mantiene en secreto a raíz de los hallazgos en el registro del piso de Ríos Esgueva. El exchófer ha cambiado de estrategia con un nuevo abogado y ha declarado en las dos últimas ocasiones que le ha requerido el juez. En el marco de esa subpieza, García-Castellón tomó declaración a Bárcenas en dos ocasiones con un lapso de tres días hace dos semanas.

Inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano. Jefatura Superior de Policía de Madrid

Los dos actuaron como una suerte de jefes de gabinete de Eugenio Pino, en distintos momentos dentro del organigrama de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, en tiempos de la brigada política. Eran el núcleo de confianza de Pino y están investigados como él por su participación en el espionaje a Bárcenas. A ambos los recompensó Pino con medallas rojas pensionadas y destinos dorados en embajadas. Y los dos fueron cesados de sus puestos con el cambio de Gobierno. 

El actual Ministerio del Interior les envió a un puesto sin exposición en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, donde continúan. Ni Interior ni la Dirección General de la Policía revelan el trabajo que desempeñan Fuentes Gago ni Díaz Sevillano si bien elDiario.es publicó en febrero pasado que el primero había participado en las reuniones con la consultora que colaboraba en las tareas de aplicación de la subida salarial a los policías y se relacionaba con los sindicatos. Como con el resto, el hecho de que sigan en servicio activo supone mantener unas condiciones laborales sobre todo económicas que perderían en parte si fueran apartados temporalmente. 

Fuentes Gago llegó a cobrar 14.000 euros brutos mensuales por el ‘premio’ de su destino en La Haya, a donde había sido enviada con un sueldo similar su mujer, también policía. Ambos traslados fueron decisión de Eugenio Pino. Durante su estancia en La Haya, Fuentes Gago viajó a Nueva York en abril de 2016 para intentar obtener información contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez. El inspector jefe dijo a Rafael Isea que se presentaba ante él con “un mandato” de Mariano Rajoy y del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también investigado por el uso de fondos públicos para espiar a Bárcenas. En su nueva etapa en la Jefatura Superior, Fuentes Gago ha intentado ascender a comisario sin éxito. “Si nos ayuda a que Podemos no llegue al Gobierno, mejor para todos”, dice Fuentes Gago durante esa cita con el alto cargo venezolano, según un audio publicado por moncloa.com.

Por su parte, Díaz Sevillano fue enviado a la embajada de México con una retribución parecida a la de Fuentes Gago. Recientemente fue juzgado y absuelto por la Audiencia de Madrid en el caso del intento de introducción de un pen drive de Jordi Pujol Ferrusola, con información robada, en la causa que sigue la Audiencia Nacional. La defensa del hijo del expresident ha recurrido el fallo.

Inspector jefe Jesús Vicente Galán. Jefe de sección operativa en una comisaría de distrito de Madrid

El que fuera jefe de Vigilancias y Seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos es el imputado más reciente. La declaración el pasado 23 de noviembre de una subordinada, que admitió haber cumplidos órdenes de seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, propició que Galán pasara de testigo a imputado en la causa y que los investigadores obtuvieran un nuevo indicio de cómo el Gobierno de Rajoy utilizó a la unidad que debe dedicarse a investigar a policías corruptos para otro tipo de encargos, de tipo político, ya sea el intento de sabotaje del caso de la caja B del PP o la Operación Catalunya contra dirigentes independentistas. 

Esa perversión en las funciones de la Unidad de Asuntos Internos y, en particular, del cometido de Jesús Vicente Galán aflora en un documento incluido entre los miles de la pieza denominada 7 o Kitchen del caso Villarejo. En la misma aparece el atestado que elabora el jefe de la Unidad de Sistemas Especiales cuando en julio de 2016 se le involucra en la representación de ir a comprobar si hay micrófonos en el despacho del ministro Fernández Díaz. Acababan de aparecen las conversaciones entre éste y Daniel de Alfonso desveladas por publico.es y el ministro mantenía entonces la versión, que cambió después, de que no sabía que le habían grabado. Los mandos policiales enviaron a Sistemas Especiales a hacer un “análisis radioléctrico y barrido electrónico” al Ministerio. En el citado documento, el jefe de Sistemas Especiales escribe que sus especialistas “fueron recibidos por el IJ D. Jesús Galán, que dijo ser de la UAI (Unidad de Asuntos Internos), el cual les indicó las dependencias que tenían que ser examinadas”.

En el expediente de Galán hay otro indicio de su participación en la brigada política. Fue, como los anteriores, condecorado con una medalla pensionada y destinado a una embajada, concretamente a Mauritania, donde estuvo percibiendo más de 10.000 euros brutos de asignación mensual. elDiario.es ha podido saber que en la actualidad es jefe de una sección operativa en un distrito de Madrid, pero la Dirección General de la Policía se niega a precisar en cuál. 

Comisario José Francisco González. Comisario jefe del distrito de San Blas

González está imputado por ser el jefe del Área Especial de Seguimientos de la UCAO durante el espionaje a Bárcenas. La UCAO estaba dirigida por Enrique García Castaño, uno de los tres comisarios imputados que ya están jubilados (los otros dos son Pino y el ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas). La AES desplegó a sus cerca de 70 agentes en distintos días y turnos para seguir a Rosalía Iglesias y otros miembros de la familia Bárcenas entre junio y octubre de 2013, después de que el ex tesorero entrara en prisión y confesara la financiación irregular del PP durante al menos veinte años. Hace aproximadamente dos meses y sin que haya trascendido, José Francisco González dejó la UCAO para convertirse en jefe de la comisaría del distrito de San Blas la Jefatura de Madrid.