Interior oculta el personal que asigna a Casa Real y el coste que supone

¿Cuántos guardaespaldas tiene el rey? ¿Cuántos agentes son necesarios para proteger a la familia real? En definitiva, ¿cuál es el dispositivo de seguridad que requiere la Casa Real? ¿Cuánto cuesta? Son preguntas que quedan sin respuesta. El Ministerio del Interior se niega a dar cualquier dato que tenga que ver con el número de agentes que requiere la jefatura del Estado alegando razones de seguridad. 

elDiario.es solicitó al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska “el número de efectivos o la relación de puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desempeñan sus funciones para la Casa de S.M. el Rey” en el marco de una investigación sobre cuál es el coste real de la monarquía, dado que hay decenas de partidas que asumen los ministerios y otros organismos pese a que desempeñan funciones para Zarzuela al margen de los cerca de ocho millones de euros de asignación que percibe el jefe del Estado de los Presupuestos Generales del Estado.

Por ejemplo, el Ministerio de Presidencia abona 2,5 millones de euros en nóminas de funcionarios que trabajan para el rey o Patrimonio Nacional asume los gastos más variados, aparte de la prestación de servicios con asistentes, camareros o personal de mantenimiento. El de Defensa paga 6,5 millones en gastos de la Guardia Real además de su salario, un montante que se niega a desvelar.

Pero la Secretaría de Estado de Seguridad denegó la información escudándose en una limitación del derecho de acceso que recoge la ley de transparencia en su artículo 14.1 al entender que supone un “perjuicio” para la “seguridad pública”. “Los motivos de la denegación a la información solicitada se fundamentan en que la gestión de los recursos humanos disponibles constituye un factor determinante de la capacidad operativa de las distintas unidades policiales”, alega Interior en la resolución firmada por la directora de gabinete, Ana María Prejigueiro. El argumento contrasta, no obstante, con la difusión que hace Interior de determinados despliegues policiales, como en las manifestaciones o partidos de fútbol, en los que sí informa del número de agentes que participan. 

Interior se encarga del servicio de seguridad de la Jefatura del Estado. De hecho, sus efectivos pueden incluso recibir un complemento retributivo de Casa Real en virtud del desempeño de sus funciones cuando supongan “características especiales” o “servicios extraordinarios”, según reconoce Moncloa en una respuesta cursada a través del Portal de Transparencia, aunque el pago de las nóminas corresponde a Interior. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha fallado en numerosas ocasiones en contra de la ocultación que hace Interior del personal que asigna a Casa Real así como del presupuesto destinado anualmente a la protección de la familia real. Sin embargo, las resoluciones han sido sistemáticamente incumplidas. 

A pesar de que Grande-Marlaska afirmó el pasado mes de agosto –tras la salida de Juan Carlos I de España– que también su seguridad “concierne al Estado español”, Interior se niega a detallar el dispositivo que tiene en Abu Dabi. “Es razonable y oportuno que el ministro de Interior por esas propias razones y circunstancias no dé ningún dato al respecto, pero lo que nadie puede olvidar es que estamos hablando de quien fue jefe del Estado en España, con lo cual su seguridad es una seguridad que evidentemente concierne al estado español”, dijo el ministro el 10 de agosto del año pasado, cuando aún se desconocía el destino del rey emérito, pero daba por hecho que estaba acompañado de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Sin información sobre la seguridad del emérito en Abu Dabi

Sin embargo, Interior se ha negado a detallar el dispositivo de seguridad que supone la estancia de Juan Carlos de Borbón en el país del Golfo Pérsico. “En lo que concierne al número de personas que acompañan al rey emérito para garantizar su seguridad, dicha información implicaría conocer el dispositivo de seguridad del rey emérito dejando con ello en evidencia las fortalezas o vulnerabilidades derivadas de dicha información, lo que afectaría a la integridad de dicha persona y de los encargados de su protección; sin que la vida o integridad física de una persona esté subordinada al derecho de conocer una determinada información, de la cual pueden derivarse dichos perjuicios”, es el argumento que da la Secretaría de Estado de Seguridad. 

Igualmente sostiene que se trata de una información clasificada con carácter reservado bajo la que se circunscriben asuntos como “los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma, específicamente los de las autoridades y de los miembros de las Fuerzas Armadas” y “las plantillas de personal y de medios y de equipo de las Unidades” así como los documentos “para el planeamiento, preparación o ejecución” de esos asuntos a los que se otorga la calificación de secreto o reservado.

El departamento de Grande-Marlaska ni siquiera ofreció el dato de cuántos agentes hay desplegados en ese país y que, por ejemplo, sí que difunde Defensa. El ministerio de Margarita Robles resolvió una solicitud de información en la que se requería el número de agentes de las Fuerzas Armadas en Emiratos Árabes Unidos en la actualidad, así como en el primer semestre y el segundo semestre de 2020 (para poder determinar si se produjo un incremento coincidiendo con la salida del exjefe del Estado). La respuesta de Defensa fue que el personal en la actualidad, así como en ambos periodos del año pasado, era de dos efectivos. 

Un Consejo de Transparencia con las manos atadas

Interior, sin embargo, aduce razones de seguridad para no difundir esa información que son insuficientes para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que estimó la petición de esta redacción y obligó al Ministerio a notificar en el plazo de diez días hábiles el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en Emiratos Árabes Unidos en el primer semestre y en el segundo semestre de 2020. Sin embargo, Interior ha incumplido esa resolución del mes de octubre. 

“A juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resulta difícil apreciar las razones por las que facilitar el número total de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas presentes en un estado extranjero, sin proporcionar ninguna información adicional sobre los mismos, sería susceptible de causar un perjuicio a la defensa o a las relaciones exteriores”, defiende ese organismo independiente (aunque su presidente lo elige el Gobierno). 

Tampoco ve suficientes las razones que da el Ministerio sobre la vulneración de información clasificada. “Una vez más, en este punto la Administración se limita a invocar límites sin realizar el test del daño ni justificar su aplicación de manera ”expresa y detallada“ como exige el Tribunal Supremo ”con el fin de permitir controlar la veracidad y proporcionalidad de la restricción establecida“. 

“No cabe admitir, sin más, que conocer el número global de efectivos en un país, sin precisar cuántos prestan un tipo de servicio u otro, en qué lugar o cuántos se destinan a los diferentes destinos dentro del país, suponga un perjuicio para la propia seguridad de los efectivos desplazados y para la eficacia del servicio que se presta de tal relevancia que afecte a la seguridad nacional y la defensa en términos tales que prevalezca sobre el derecho de acceso a la información”, concluye la resolución que ha ignorado Interior. 

Desde el Consejo de Transparencia explican, sobre esta resolución en concreto, que han insistido a Interior para que la cumpla “de inmediato”; pero admiten que no pueden hacer más. “Lamentablemente, fuera de esta reiteración y de su repetición, esta institución no tiene competencia para realizar ninguna otra actuación o trámite dirigido a procurar la ejecución de sus resoluciones. Únicamente cabe, en derecho, que los y las interesadas disconformes con la ejecución de una resolución del Consejo acudan a la jurisdicción contencioso-administrativa mediante la interposición del oportuno recurso o acción por inactividad de la Administración”, señalan en la institución.