La aparente calma con la que convivían en los últimos meses los enfrentamientos enquistados en el seno del Ministerio del Interior saltó por los aires el pasado martes con otras dos destituciones de miembros de su cúpula. Por la mañana, el BOE publicaba el relevo del jefe de gabinete del Secretario de Estado de Seguridad, esto es, la mano derecha del número dos de Interior. A última hora de la tarde, franja del día en la que el Ministerio acostumbra a anunciar los cambios más controvertidos, se conocía que el jefe de Asuntos Internos de la Policía, una de las unidades implicadas en las operaciones calificada como “políticas” por la oposición, era enviado al pasillo.
Ninguno de las dos destituciones se ha solventado fácilmente. En Interior, la Secretaría de Estado es el auténtico motor del Ministerio. Su titular es el jefe directo de 146.000 funcionarios con rango de autoridad, el verdadero responsable operativo de la seguridad del Estado. De ahí la importancia del puesto de jefe de gabinete de ese departamento, mano derecha del secretario de Estado. Hasta el martes, ese cargo lo ocupaba Alejandro Sánchez García, procesado por una supuesta estafa mientras era alcalde de la localidad gaditana de La Línea de la Concepción.
Interior sabía que Sánchez se va a sentar en el banquillo de los acusados desde cinco semanas antes, pero se resistía al relevo. Amigo personal de su jefe directo, el secretario de Estado, Francisco Martínez, Alejandro Sánchez se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión. El procesamiento está relacionado con un delito de estafa, en su modalidad de “doble venta”.
Los hechos se produjeron en 2007, cuando Sánchez era todavía concejal. Un empresario pagó 300.000 a la empresa municipal Emusvil por el alquiler de un recinto de congresos que finalmente no se le transfirió. Dos años después, Alejandro Sánchez se convirtió en alcalde al ser condenado su predecesor a seis meses de inhabilitación. El recinto había sido alquilado a otro empresario y, ya siendo regidor Sánchez, se pactó con el empresario una compensación en forma de propiedad de local comercial y dos plazas de garaje. Pero el Ayuntamiento quiso renegociar el acuerdo. El empresario se negó y Sánchez accedió a ejecutar el trato en las condiciones iniciales. Pero entre tanto, el local ya había sido vendido a otra persona por la empresa municipal.
El procesado es amigo del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Su sustituto, también. Se trata de Jorge Sanchís Bordeta, un abogado sin contacto alguno con temas de seguridad o la política que hasta hace siete meses trabajaba en una notaría. En agosto pasado, su amigo Martínez lo reclamó para el Ministerio y lo situó como asesor parlamentario. Con el nuevo nombramiento, Sanchís eleverá su retribución en 14.000 euros brutos anuales, hasta alcanzar los 72.000. Según fuentes próximas a Interior, las sucesivas destituciones en el Ministerio han dejado a su titular y al secretario de Estado sin colaboradores de entidad, lo que ha provocado que “el escalafón corra” y Jorge Sanchís se convierta en la mano derecha del número dos del Ministerio.
Guerra entre comisarios
Más conflictiva ha resultado la sustitución del jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, tan próximo al Partido Popular que era uno de los tres mandos que acudía a la sede de Génova para asesorar a la formación de Mariano Rajoy cuando ésta estaba en la oposición. Tras la victoria del PP, Marcelino Martín Blas-Aranda fue elegido para ocupar una de las unidades más delicadas en la Policía.
Más delicada aún cuando otro de aquellos policías colaboradores del PP, Eugenio Pino, se convirtió en número dos de la Policía y decidió crear en la Dirección Adjunta Operativa una suerte de CNI oculto dedicado a las investigaciones de carácter político, principalmente contra el proceso soberanista en Cataluña. Como publicó eldiario.es, Asuntos Internos ha desarrollado un papel clave en el rastreo de supuestos casos de corrupción entre dirigentes nacionalistas, cuyos resultados han acabado en determinados medios de comunicación aunque no hayan prosperado en los juzgados.
Sin embargo, la suerte de Martín Blas-Aranda cambió al enfrentarse a otro de los comisarios implicados en las maniobras en Cataluña, el comisario José Manuel Villarejo, protagonista de la reunión con Ignacio González que fue grabada y publicado su audio. La Fiscalía Anticorrupción y Asuntos Internos emprendieron una investigación a finales de 2012 sobre un grupo de policías relacionados con los chinos de la ‘Operación Emperador’. En aquellas pesquisas resultó imputado el comisario Carlos Salamanca, amigo de Villarejo, y en su transcurso aparecía mencionado un hijo de éste.
Pero el episodio definitivo de la guerra entre los comisarios fue la identificación de Villarejo por error en una cita del 'Pequeño Nicolás', que controlaban los agentes de Asuntos Internos. La confusión ha provocado una denuncia del comisario aludido en los juzgados. El joven declaró tras su detención que Villarejo había pagado al empresario Javier de la Rosa 200.000 euros para que tirara de la manta respecto al clan Pujol y que le debía otros 200.000. Un abogado socio del comisario fue el encargado de conducir a la examante de Jordi Pujol Ferrusola ante la Policía, según reconoció ella misma al juez Ruz.
El enfrentamiento finalmente se ha decantado a favor de Villarejo. Después de unas semanas en su casa, consciente de que no volvería a ser jefe de Asuntos Internos, Interior anunció el martes el relevo de Martín Blas-Aranda. Los titulares de urgencia del martes por la tarde dieron por vencedor del enfrentamiento al comisario Villarejo –con dos investigaciones internas por su millonario patrimonio y la grabación de la conversación con González-, e Interior reaccionó decidiendo cambiarle también a él de puesto. El Mundo llegó a publicar el relevo, pero presiones internas, según fuentes policiales, hicieron que el Ministerio rectificara y dejara finalmente a Villarejo en su destino como “liberado” en la Dirección Operativa (DAO).
Durante las vacaciones forzosas de Marcelino Martín, el puesto de Asuntos Internos fue ofrecido a varios comisarios, que rehusaron. Finalmente, ocupará el cargo un comisario de acreditada trayectoria, el hasta ahora jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Francisco Migueláñez. Con el movimiento, Interior pretende calmar la guerra en el seno de la Policía, precisamente entre agentes involucrados en su polémica actuación en Cataluña. Pero aún están pendientes de resolver las investigaciones a Villarejo, dueño de 12 sociedades por valor de 16 millones de euros. El otro asunto a investigar, la grabación y difusión de la entrevista a González, ha sido encargada por Interior a un subordinado de Villarejo que trabaja junto a él en la DAO.
Crisis circular
Estos dos últimos episodios en Interior son los últimos de una larga serie que arrancó a los pocos meses de que Fernández Díaz tomara posesión del cargo. El primer secretario de Estado de Seguridad, Francisco Ulloa, aguantó tan solo un año. Su supuesta dimisión se produjo cuando arreciaba la primera tormenta por las investigaciones irregulares en Cataluña, con la publicación en los medios de unos informes apócrifos de la UDEF sobre las familias Pujol y Mas y sus supuestas cuentas en Suiza, nunca demostradas.
Como ha ocurrido esta semana, la jefa de gabinete de Ulloa también fue relevada a cuenta del enfrentamiento de Policía y Guardia Civil por la presencia del Instituto Armado en Europol. Como si se tratara de una crisis circular, el máximo responsable de la Comisaría General de Policía Judicial, que engloba a las unidades anticorrupción, fue destituido a los pocos meses de jurar el cargo por la investigación del ático de Ignacio González, concretamente por realizarla sin informar a sus superiores. Su sustituto, José Losada, cayó en noviembre de 2012 por no frenar las investigaciones de la UDEF a destacados miembros del PP, entre ellos la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, quien dejó el cargo al ser señalada por el juez Pablo Ruz como beneficiaria a título lucrativo del dinero de la trama Gürtel.
Un asesor del ministro en materia de terrorismo, el jefe de gabinete del director de la Policía y el jefe de prensa del Ministerio, destituido por un tuit en el que se adelantó una operación antiterrorista antes de que comenzara, integran la nómina de “víctimas” de la cúpula de Interior durante el mandato de Jorge Fernández Díaz.