Este lunes comienzan los interrogatorios a los 37 acusados en el caso que juzga la primera época de la trama Gürtel. Pero no van a seguir el orden previsto. La Fiscalía ha pedido que tres de ellos, dos empresarios y un exconcejal madrileño, declaren antes que el principal imputado, Francisco Correa, y ha alentado de esta manera las sospechas de que entre los imputados hay quien quiere colaborar con la justicia y tirar de la manta.
La petición de las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás pilló sorprendió a la bancada de abogados defensores. Casi todos se opusieron, y muchos pidieron explicaciones a la Fiscalía. El letrado de Jesús Sepúlveda, que verá cómo su antiguo concejal de Hacienda es de los primeros en declarar, fue uno de los que cargó más duramente contra el cambio de orden.
Los dos empresarios que declararán primero son Jacobo Gordon y Alfonso García-Pozuelo, y el exconcejal de Pozuelo de Alarcón es Roberto Fernández. Las penas que pide para ellos la Fiscalía van desde los dos a los cuatro años y alguno ya ha colaborado con las investigaciones en la fase de instrucción.
García-Pozuelo reconoció hace unos meses que había financiado ilegalmente al PP y que había pagado mordidas a cargos del partido. Durante su etapa como gerente de Constructora Hispánica pagó 30.000 euros para ayudar al PP con los gastos de su campaña electoral para las municipales de 2003. Las mordidas a alcaldes y concejales a cambio de adjudicaciones urbanísticas sumaron un total de 1.338.485 euros.
Entre los beneficiarios de esas comisiones están algunos de sus compañeros de banquillo en el juicio. Según el escrito de defensa que entregó poco antes de que comenzase el proceso, pagó mordidas a Correa, al exdiputado regional del PP Alfonso Bosch -imputado en una pieza separada-, al exconcejal popular Ricardo Galeote y al exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, conocido como ‘El Albondiguilla’.
Si es verdad que ha decidido colaborar con la justicia, podría ampliar la lista de nombres de quienes se beneficiaron de sus comisiones. Las fiscales del caso creen que también pagó a Luis Bárcenas y a Jesús Merino, exdiputado nacional del PP. También señalan que Jesús Sepúlveda medió en su favor para que consiguiese adjudicaciones. Por todo ello, piden para él una pena de cuatro años y seis meses, la más alta de los tres, que podría intentar rebajar si colabora.
El otro empresario que ha visto adelantada su declaración es Jacobo Gordon. Las sospechas de que va a colaborar se vieron alimentadas cuando su abogado no presentó cuestiones previas, una maniobra que puede indicar su disposición a tirar de la manta y rebajar así la condena de dos años que pende sobre él por blanqueo de capitales. No es una pena muy alta, pero Gordon se enfrenta a una petición de cárcel de diez años en otro juicio de Gürtel.
Gordon fue socio de Alejandro Agag, el yerno de Aznar, al que le unía una relación personal que le llevó a ser testigo en su boda. Según la Fiscalía, puso sus empresas al servicio de los principales acusados de la trama corrupta para blanquear el dinero de sus negocios ilícitos.
Por ese servicio se le juzga también en la pieza separada sobre Boadilla del Monte. Según el escrito de acusación de la Fiscalía de ese caso, Gordon se valía de sus empresas para emitir facturas falsas para la trama en el municipio madrileño. Lo hacía “a sabiendas del origen de los fondos y la finalidad de la operación”. Gordon prestaba a la trama “su indispensable colaboración” usando sus empresas para repartir el dinero ilícito de las comisiones entre Pablo Crespo, Tomás Martín Morales y Francisco Correa. La Fiscalía señala que llegó a entregar sus claves bancarias a Correa para que este pudiese operar directamente desde las cuentas de sus empresas.
El tercer protagonista de este lunes es Roberto Fernández. Fue el concejal de Hacienda de Sepúlveda, al que dio directrices para favorecer a los empresarios amigos. Este siguió sus indicaciones “a sabiendas de su irregularidad”, según el escrito de acusación. Así, adjudicó obras a empresas como Constructora Hispánica y modificó pliegos de contratos para beneficiar a empresarios de la trama. Las fiscales creen que cometió delitos de fraude, prevaricación y malversación, y piden una condena de dos años y tres meses. Si ha decidido colaborar, podría dar detalles de las actividades ilegales de Sepúlveda, que en esta pieza separada trata de defenderse de una petición de condena que suma 15 años y cuatro meses.