La intrahistoria del suplicatorio de Puigdemont en el Parlamento Europeo

La votación de este 9 de marzo de 2021 arrancó el 19 de diciembre de 2019 a las 10.00 de la mañana, 17 minutos después de que el presidente del Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo leyera la sentencia en castellano sobre Oriol Junqueras. Un fallo que habilitaba a Carles Puigdemont, Toni Comín y, posteriormente, a Clara Ponsatí, a convertirse en eurodiputados en virtud del resultado electoral de las elecciones de mayo. A las 10.00 de la mañana de aquel día, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, se reunía con los presidentes de los grupos parlamentarios. En la reunión no hubo discusión sobre el asunto: se constató la sentencia y poco más.

La discusión, acalorada, llegó poco después, cuando el presidente del Parlamento Europeo decidió hacer una declaración en el pleno de Estrasburgo, a las 12.00. Pasaban los minutos y Sassoli no entraba en el plenario. Y los eurodiputados se impacientaban, protestaban pensando que iban a perder sus aviones. Pero Sassoli no aparecía.

El presidente del Parlamento Europeo, con sus más estrechos colaboradores, estaba reunido con la cúpula del grupo socialista en la Eurocámara, presidido por la española Iratxe García. La tensión de la reunión previa se notaba en el gesto adusto de Sassoli cuando entró en el pleno: mandó callar, llamó al orden varias veces, y leyó una escueta declaración que decía dos cosas: instaba a las autoridades españolas a cumplir su parte con respecto a Junqueras y anunciaba que la Eurocámara haría lo propio “con la composición” del Parlamento, con asientos vacíos.

Sassoli terminó de leer el comunicado, dijo que no iba a permitir que nadie más tomara la palabra después y abandonó el hemiciclo. La suerte estaba echada y el presidente del Parlamento Europeo había decidido, junto con sus colaboradores y, esta vez con el sí de los servicios jurídicos, que ya no había impedimentos para que Puigdemont y Comín entraran en la Eurocámara, seis meses después de las elecciones.

A la mañana siguiente, el 20 de diciembre de 2019, Puigdemont y Comín entraban en el Parlamento Europeo como eurodiputados y con inmunidad. Y en ese mismo momento comenzaba la cuenta de atrás para el suplicatorio.

Todos sabían que llegaría este 9 de marzo, y todos preveían un desenlace similar –retirada de las inmunidades, la duda estaba en la diferencia, que al final ha sido con un 57% de votos a favor–, habida cuenta de la posición mayoritaria entre populares, socialistas, liberales y ultraconservadores. Pero el proceso tenía que desarrollarse, incluido el paso por la comisión de Asuntos Jurídicos y el voto definitivo en el pleno. “Cada uno ha presionado a su grupo”, reconocen fuentes parlamentarias, a lo largo de un proceso que, a cuenta de la pandemia, se ha prolongado más de lo que muchos sospechaban.

El 10 de febrero de 2020 llegaba a Bruselas, después de que Ponsatí ya hubiera accedido al escaño tras el Brexit, la carta del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dirigida a Sassoli. Dentro del sobre había una solicitud de suplicatorio en la que se incluían los autos de procesamiento del caso de mayo de 2018 y marzo 2019, así como la sentencia del procés de octubre de 2019 y el auto de la euroorden de octubre de 2019.

Cuatro semanas después, el Parlamento Europeo entraba en servicios mínimos por la pandemia y, a consecuencia de ello, se ralentizaba el suplicatorio, que requería de una sesión a puerta cerrada en la comisión de Asuntos Jurídicos, que no llegó a reactivarse hasta el 30 de octubre de 2020. Pero la audiencia con Puigdemont, Ponsatí y Comín se retrasó hasta el 14 de enero, de 2021. La votación en comisión, el 23 de febrero, acabó con 15 votos a favor del suplicatorio, 8 en contra y 2 abstenciones. Es decir, con un plus para los síes en relación con el resultado del plenario, que evidencia que los grupos más grandes han perdido alrededor de 80 votos.

Para entonces, ya todos estaban hablando con todos. “La presión ha sido importante dentro de los grupos”, explican fuentes parlamentarias. Otra fuente tercia: “Tampoco he notado nada muy especial”. Iratxe García, presidenta de los socialistas europeos (S&D) en la Eurocámara, afirmaba este martes: “Quiero agradecer el trabajo que la delegación socialista española ha hecho durante estos últimos meses para garantizar el éxito que hoy hemos tenido en esta votación”.

“Iratxe se refiere a que, a quienes han ido preguntando de un modo más individual, se les ha ido explicando”, explican fuentes socialistas: “Ha habido muy buena coordinación. Ella se refiere también a todo el trabajo que se ha hecho desde el principio, incluida la Comisión JURI. No se ha hecho más que una labor explicativa informal a quien preguntaba. Se ha insistido mucho en no politizarlo, en no entrar en el contenido sino en la forma, en aplicar las normas de la inmunidad. Así lo planteó el coordinador socialista de JURI, el alemán Thiemo Woelken. Iratxe siempre dice que las leyes se pueden cambiar y para eso está la política, pero mientras está vigente hay que cumplirla. Eso es el Estado de derecho”.

“Lo de JURI fue clave”, explica una fuente del entorno de los líderes independentistas: “Allí se vio que estábamos ante un asunto político. El resultado de la votación en el pleno es mejor que en la comisión, donde hubo más síes y evidencia que la sobrerrepresentación española en JURI jugó un papel, igual que lo jugó un ponente vinculado a Vox. Y en JURI se evidenció que es un tema más político de lo que quieren admitir. Dicen que no es persecución, pero han sufrido su desgaste para acreditar que no han perseguido políticamente a nadie. Todos sus comentarios en Twitter y en ruedas de prensa este martes reflejaban que para ellos es un triunfo político. Pero el camino no ha terminado, sólo ha terminado la fase política y ellos han venido a respaldar nuestros argumentos de la persecución política, del objetivo político de todo esto. Nunca se había visto otro suplicatorio con este debate político”.

El ponente ha sido el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki (ECR, el grupo de Vox y la N-VA flamenca), quien participó en marzo de 2019 en la primera visita de dirigentes de Vox al Parlamento Europeo, el día en que el secretario general del partido de extrema derecha, Javier Ortega Smith, gritó: “Puigdemont, a prisión”.

En otros dos suplicatorios que se han votado también este martes, los síes han alcanzado el 95% de los votos, casi 40 puntos más que en el caso de los líderes independentistas catalanes.

El presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez (Ciudadanos/Renew Europe), explica a elDiario.es: “El trabajo de de Ciudadanos ha sido intenso dentro de la familia liberal, como lo es siempre. En este caso el trabajo ha sido fácil: cuando la verdad te asiste, el reglamento se aplica y la democracia avanza, la realidad se impone. Lo más difícil, sin embargo, ha sido desenmarañar las constantes mentiras e intoxicaciones que han vertido Puigdemont, Comín y Ponsatí sobre este proceso y replicar sus campañas de descrédito personal con la fuerza del cumplimiento de las normas, que es lo que rige en el Parlamento Europeo. Sí, te reconozco, que a ratos nos hemos sentido muy solos con un Gobierno de España que salía a hablar mal de nuestro país y darle la espalda a nuestra justicia. Esa parte nos ha costado mucho de explicar y aquí la responsabilidad la tiene Pedro Sánchez”.

“¿Por qué le llaman presión a enviar a los miembros de la comisión documentación jurídica? Debe haber más de 1.500 páginas de alegaciones jurídicas y 5.000 de documentos probatorios y ninguno fue traducido y que el ponente no ha podido leer para realizar su informe”, explican fuentes del entorno de Puigdemont: “Un informe que, además, en el caso de Ponsatí, le atribuía un delito por el que no se le reclama y que votaron los miembros de JURI. Se está faltando al principio de buena administración, y que el Parlamento Europeo tome decisiones desconociendo lo que alegó el afectado es muy grave”.

Prueba de que el debate sobre Catalunya, España y la justicia ha sido abordado en los grupos es una carta del eurodiputado socialista italiano Franco Roberti (PD/S&D), ex magistrado anti mafia italiano, dirigida a Puigdemont, Comín y Ponsatí a la que ha tenido acceso elDiario.es y en la que afirma: “Se puede concluir, con certeza, la voluntad del Estado español de utilizar el instrumento penal para prevenir la actividad política de tres colegas catalanes y así intentar resolver un muy grave problema político con el recurso a la represión judicial”.

Según fuentes parlamentarias, por ejemplo, “los números indican que Renew ha aportado al menos 25 opositores al suplicatorio, entre noes y abstenciones”. Entre esos noes, está el de Izaskun Bilbao (PNV): “Nada menos que el 43% de los que hemos votado no creemos la versión sobre la crisis catalana que apadrinan en comandita los partidos Socialista, Popular, Ciudadanos y Vox, y tampoco compartimos las recetas penales para solucionarla. El camino que han emprendido convirtiendo en delitos penales actividades institucionales que tienen otro tratamiento legal y sobre todo político es un viaje a ninguna parte”.

Uno de los elementos que ha estado sobre la mesa en los debates previos a la votación y que ratifican las declaraciones posteriores es que, de alguna manera, se estaba sometiendo a juicio la calidad democrática española, lo cual ha llegado a encender algunos debates dentro de delegaciones nacionales y dentro de los grupos políticos.

“Nuestro trabajo se ha basado en conversaciones con las delegaciones de nuestro grupo, ECR, que han mostrado un apoyo sin fisuras”, afirman fuentes de Vox, si bien en ECR se encuentra uno de los principales aliados de Puigdemont, los nacionalistas flamencos de la N-VA. “También hemos tenido contacto con el resto de grupos afines”, prosiguen: “Cabe destacar que la gran mayoría de la delegación de La Lega [de Matteo Salvini, miembro del grupo ID con el partido de Marine Le Pen, que ha votado contra la inmunidad] ha votado a favor de levantar la inmunidad a los fugados, tras el trabajo y las conversaciones. Se entendía que en principio iban a votar en contra, pero Salvini ha dado libertad de voto. Por otro lado, nos han sorprendido las deserciones de muchas delegaciones del EPP, Renew y Socialistas”.

Fuentes del entorno de Puigdemont reconocen que “ha habido mucho trabajo detrás” para lograr que el 43% de la Eurocámara no haya apoyado el suplicatorio: “Hemos hecho llegar nuestros argumentos a todo el mundo, de la forma más amable posible. Y se ha evidenciado que el PSOE tiene un problema. Es incoherente que los que se digan defensores del diálogo voten que los rivales políticos vayan a prisión. El voto a favor les resta mucha credibilidad como garantes del diálogo a nivel europeo. En Europa no suele existir que haya partidos que tienen como objetivo político meter a los rivales en prisión en lugar de ganarlos en las urnas”.

¿Y ahora? Pues la próxima estación se llama Luxemburgo. Tanto los eurodiputados como la Justicia española acudirán al Tribunal de Justicia de la UE. El levantamiento de la inmunidad se limita al proceso de la euroorden congelado en la Justicia belga, que ya rechazó la extradición de Lluís Puig, y no habilita para enjuiciarlos. Así, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha enviado siete cuestiones prejudiciales al TJUE para evitar que los jueces belgas vuelvan a denegar la extradición del expresident de la Generalitat, tal y como hicieron con la entrega del exconseller de Cultura. En paralelo, Puigdemont ha confirmado que también acudirán al TJUE para alegar deficiencias en el proceso del suplicatorio: “Es un día triste para el Parlamento Europeo. Hemos perdido nuestra inmunidad, pero el Parlamento ha perdido mucho más que eso y también la democracia europea. Este es un caso claro de persecución política. Mis colegas y yo estaremos a disposición del juez belga, pero presentaremos un recurso contra la decisión de Parlamento Europeo ante el TJUE”.