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La justicia belga deja en libertad sin fianza a los exconsellers Comín y Puig
A cinco días de las elecciones, el Gobierno en funciones ha tenido que gestionar una crisis a cuenta de la orden de detención europea dictada contra la exconsellera Clara Ponsatí, huida en Escocia. Todo después del comunicado emitido por las autoridades policiales británicas este miércoles en el que se cerraba la puerta a la entrega de la líder independentista calificando la pretensión de España de detenerla como “desproporcionada”. La decisión, corregida tras la intervención del Ejecutivo español, suponía un golpe en la línea de flotación de Pedro Sánchez, que ha hecho de la extradición de Carles Puigdemont una promesa electoral.
Cuando todas las portadas ya abrían con el cerrojazo del Reino Unido a la entrega de Ponsatí, el Gobierno inició una carrera contrarreloj para forzar una rectificación de las autoridades británicas. Ese trabajo empezó pasadas las 16 horas y recogió sus frutos cinco horas después. La vicepresidencia del Gobierno, tres ministerios y las embajadas de Madrid y Londres participaron en unas gestiones que tenían como objetivo principal borrar la palabra “desproporcionada” de la respuesta británica a la euroorden emitida desde España. La Policía británica pedía más información al juez Pablo Llarena por no tener claro cómo, cuándo y dónde se cometió el delito de sedición del que se acusa a Clara Ponsatí. Lo que sigue es una reconstrucción de una tarde de vértigo para tachar 16 letras de un documento con el sello del Reino Unido.
08:20 UTC (9:20 am en España). Las autoridades británicas responden a la euroorden emitida por el Tribunal Supremo para que la exconsellera de Educación de la Generalitat Clara Ponsatí sea extraditada a España para ser juzgada por un delito de sedición tras la sentencia del procés. El escrito que reciben las autoridades policiales y judiciales españolas señala que es una petición “desproporcionada” y reclama “aclaraciones” al tribunal.
16:23 horas. eldiario.es adelanta la decisión de la Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido y publica el documento en el que se rechaza tramitar la orden de detención europea contra Ponsatí. El escrito señala que la petición española es “desproporcionada con arreglo a la legislación del Reino Unido”. Fuentes del Ministerio del Interior explican que la Policía dio aviso de la llegada del documento en torno a las 15 o las 16 horas de esa tarde, cuando se recibió a través de Sirene (el sistema de información común entre las policías de los países del espacio Schengen): “Lo facilitamos a Moncloa y a los demás ministerios para que pudieran realizar las gestiones oportunas”.
Otras fuentes gubernamentales apuntan a que se enteraron tras la publicación de esa información por eldiario.es. “Fue prácticamente en paralelo”, expresan fuentes consultadas sobre el conocimiento oficial y la publicación del rechazo de la euroorden. La decisión de Reino Unido disparó todas las alarmas. Llegaba en el peor momento posible: cinco días antes de las elecciones generales del 10 de noviembre y después de que Pedro Sánchez se hubiera comprometido a “traer [a Carles Puigdemont] y que sea juzgado por la justicia española” en el debate electoral. Esa misma mañana, el presidente en funciones había dado a entender en una entrevista en RNE que dio instrucciones a la Fiscalía para que solicitara la euroorden del expresidente catalán. Sus palabras provocaron un profundo malestar en el Ministerio Público y 24 horas después Sánchez tuvo que rectificar.
Ante el varapalo del Reino Unido, que anticipaba una negativa a la extradición por el delito de sedición por el que han sido condenados los líderes independentistas, el Ejecutivo puso en marcha el dispositivo que involucró al Ministerio de Justicia, al de Exteriores, a Moncloa –a través de una de las manos derechas de Sánchez, el Secretario General de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global, José Manuel Albares– y vicepresidencia de Gobierno, que coordinó las actuaciones.
Exteriores dio la orden al embajador español en Reino Unido, Carles Bastarreche, de que pidiera “una aclaración” a las autoridades británicas del cuestionamiento de la euroorden. Por su parte, el departamento de Justicia involucró a los jueces de enlace de sendos países, según fuentes del Gobierno español, que aseguran “que es lo habitual” en casos de disconformidad con este tipo de asuntos.
19:00 horas. Carmen Calvo atiende a los medios de comunicación antes de participar en un mitin en Bilbao y asegura que resulta “poco entendible” la respuesta de Reino Unido respecto a la petición de euroorden de la exconsellera Ponsatí, informaba Europa Press. Es la primera en reconocer públicamente que el Ejecutivo está trabajando para aclarar la “confusión”. “No sabemos quién lo ha hecho, estamos en este momento, justamente, tratando de saber quién y qué”, afirma. “Es el poder judicial el que tiene que resolverlas, tanto en Bélgica como en el Reino Unido –explica–. Así que estamos, en este momento, tratando, vía nuestras embajadas, de averiguar una noticia que nos resulta poco entendible”.
20:57 horas: Unos minutos antes de que empiecen los principales informativos nocturnos en televisión, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, se comunica con los periodistas que cubren la información del Gobierno para advertirles de que se iba a emitir un comunicado sobre el tema que a esa hora abría todas las portadas.
21:03 horas: La Secretaría de Estado de Comunicación envía el “comunicado sobre la euroorden para la detención y entrega de la señora Clara Ponsatí”. En la nota se explica que se ha transmitido a las autoridades policiales españolas, por parte de las británicas, que es necesario aportar información complementaria en relación con la euroorden emitida para cursar la detención y entrega de la Señora Clara Ponsatí“. ”Pero al hacerlo, han aludido a una calificación como de petición “desproporcionada”, expresión que en ningún momento había empleado la National Crime Agency. Y por ello ya han informado del error a nuestra embajada, de manera que la solicitud cursada sigue pendiente de ser admitida. En este caso, y por medio de los procedimientos de cooperación judicial y policial previstos, se están realizando las gestiones pertinentes para concretar y facilitar la información que sea precisa“, informaba formalmente Moncloa.
Fuentes gubernamentales explican a eldiario.es que el embajador británico comunicó a su homólogo español que se había corregido el error antes de que las autoridades policiales recibieran el documento rectificado a través del sistema Sirene.
20:35 UTC (21:35 hora española): Es la hora en la que las autoridades británicas fechan el nuevo “mensaje” que minutos después se vuelca en Sirene para que llegue a la Policía española. El nuevo documento paraliza la euroorden emitida por el juez Pablo Llarena por falta de información en su escrito. “La solicitud actualmente no facilita suficientes detalles sobre la naturaleza del delito: hay también una falta de descripción sobre el lugar y hora en el que se cometieron los hechos. La solicitud también debe mostrar una clara conexión entre el delito y el reclamado de manera individual. Para que su solicitud sea cursada como Acto de Extradición 2003, por favor pueden proporcionar más detalles urgentemente. Una vez esta información sea añadida a su solicitud será certificada por la NCA [National Crime Agency] y la decisión sobre la detención por la policía será adoptada si se considera apropiado.
Las autoridades británicas reconocen, igualmente, que en el documento redactado doce horas antes habían rechazado la solicitud del Tribunal Supremo por un motivo erróneo: “En nuestro mensaje anterior nuestra respuesta fue incorrecta al determinar su Orden de Detención como desproporcionada, ya que no es desproporcionada sino que existe una falta de información esencial. Lamentamos este malentendido”.
Minutos más tarde, la Policía española recibe formalmente la rectificación de Reino Unido a través de Sirene. Interior la remite de nuevo a Moncloa, que activa rápidamente la respuesta comunicativa para zanjar la polémica.
22:20 horas: El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, distribuye entre la prensa el segundo documento redactado por Reino Unido. “Este es el nuevo documento remitido por las autoridades británicas, en el que se disculpan por la equivocación anterior”. El Gobierno había logrado su objetivo: que el calificativo “desproporcionado” desapareciera de la respuesta de las autoridades británicas, que complicaba la entrega a España de una de las líderes del procés.