A un mes exacto de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se someta en el Congreso a una sesión de investidura sin ningún viso de poder prosperar, las miradas de la política española se centran en cómo los populares toman la iniciativa de unas negociaciones que ya se anuncian imposibles por casi todas las partes.
La principal incógnita es cómo el PP conseguirá articular durante las próximas semanas un discurso que implica abrirse a negociar con formaciones como la de los independentistas catalanes de Junts, liderados por el expresident fugado Carles Puigdemont y que sitúan sobre la mesa de cualquier interlocutor la amnistía al conjunto de implicados en el procés. Por si fuera poco, a la inverosímil hipótesis de un acuerdo entre Feijóo y Puigdemont habría que sumar el respaldo de la extrema derecha de Vox, un escenario del que ya se han apeado rotundamente otros actores como el PNV.
Ese callejón sin salida de Feijóo alejará en gran medida de los focos durante treinta días a Pedro Sánchez, el otro candidato que le trasladó al rey su intención de someterse a una investidura. Mucha gente en el PSOE ve ese plazo de tiempo una auténtica oportunidad política para avanzar con el conjunto de aliados parlamentarios los detalles de un acuerdo que permita a Sánchez su reelección como presidente una vez fracase en su intento el líder del PP.
Para el caso concreto de las conversaciones con Junts, especialmente delicadas porque abordarán su demanda de amnistía, también se valora como muy propicio que puedan discurrir en un segundo plano de la actualidad política para favorecer una dosis de discreción que se antoja imprescindible a juicio de los propios protagonistas.
“El método y el marco”
Esa discreción conlleva que nadie en el PSOE en público y casi nadie en privado quiera ofrecer a estas alturas detalles de una operación política de alto voltaje y, en opinión de todas las partes implicadas, de extrema fragilidad por las cuestiones a tratar y por la desconfianza mutua acumulada tras años de desconexión. Aunque la puerta al carpetazo judicial definitivo al procés la dejó entreabierta el propio Pedro Sánchez esta misma semana.
“Parece claro que la sociedad catalana apuesta claramente por el reencuentro y mantendremos la coherencia con lo que hemos venido haciendo. El diálogo es el método y la Constitución es el marco”, respondió el presidente durante una comparecencia en Moncloa a pregunta de los periodistas.
Los socialistas subrayan el impacto positivo que han generado en la sociedad catalana medidas como los indultos a los líderes políticos encarcelados y la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación con la mirada puesta en cientos de personas procesadas. Y admiten que la apuesta es seguir esa senda que tan recompensada se ha visto además en las urnas, a tenor de los resultados de las elecciones del 23J en Catalunya.
Sin asumir siquiera el término amnistía como lenguaje propio, sí reconocen en el PSOE que la complejísima partida política que ahora empieza y de la que es coprotagonista Carles Puigdemont requiere ofrecer a esa parte del independentismo que hasta ahora se había mantenido en el bloqueo, una pista de aterrizaje al pragmatismo. Se trata, por tanto, de aceptar que Junts necesitará resultados concretos que ofrecer a su propio entorno y a su propio electorado, con la competencia con ERC como telón de fondo.
En Ferraz asumen que todo ello implicará articular mecanismos que supongan en la práctica enterrar las consecuencias penales derivadas del procés para cientos de personas sobre las que siguen pesando a día de hoy peticiones de condenas de cárcel, multas e inhabilitaciones.
Pago por adelantado
En Junts, los principios que rigen para la negociación de investidura son los mismos sobre los que asentaron las conversaciones para la Mesa y la Presidencia del Congreso. “Hechos comprobables y pago por adelantado”, subrayan fuentes de la formación independentista.
En el caso de la amnistía ese pago por adelantado se traduce en una petición muy concreta: que antes del voto a favor de los siete diputados de Puigdemont en una investidura de Pedro Sánchez el Congreso ya tenga en vías de tramitación una iniciativa legislativa que la pasada legislatura contó el informe en contra de los letrados de la Cámara Baja.
El compromiso que exigen ahora por parte del PSOE es que en esta ocasión, a diferencia de la anterior, la mayoría progresista de la Mesa sí califique el texto cuando sea registrado y otorgue de esa forma luz verde a la tramitación parlamentaria. La forma en que se presentaría esa propuesta aún está en fase de debate e incluso quién acudiría al registro, pudiendo hacerlo reglamentariamente cualquier grupo parlamentario o incluso cualquier diputado con la firma de otros catorce miembros de la Cámara.
El impacto jurídico
Desde la perspectiva estrictamente penal, el escenario también es complejo. Por un lado, la posibilidad de una iniciativa de carácter general, semejante a una amnistía que supondría borrar cualquier rastro de las causas del procés que todavía no han ido a juicio, genera debate y dudas entre los juristas por su encaje constitucional y viabilidad práctica.
Por otro lado, también añade dificultades el hecho de que las reclamaciones del independentismo van más allá del caso de Puigdemont y afectan a decenas de causas derivadas del proceso soberanista con una casuística muy diversa: desde los preparativos del referéndum en 2017 y los gastos exteriores del procés, al procedimiento por la escolta del expresident en Bélgica o los centenares de jóvenes acusados de los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo en 2019. Sobre esto último hay decenas de casos pendientes de juicio, aunque varias vistas ya se han celebrado y, en una mayoría de casos, los jueces han rechazado imponer las duras penas de cárcel que pedía la Fiscalía o incluso se han decantado por la absolución.
La voluntad de los independentistas es una amnistía, cuya aprobación requeriría de una ley en el Congreso. De esa forma, se archivarían decenas de causas del procés todavía sin juicio, como la que afecta a Puigdemont, que no podría ser indultado hasta que tuviera condena firme. Algunos expertos consideran que el hecho de que ni la Constitución ni el Código Penal hagan alusión alguna a la amnistía –ni permitiéndola ni prohibiéndola– abre la puerta a su constitucionalidad. Así se han posicionando reconocidos juristas como el expresidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Pascual Sala o el exvicepresidente del tribunal de garantías Juan Antonio Xiol.
Pero es una interpretación que se aleja de la realizada en 2021 por los letrados del Congreso, cuando recomendaron a la Mesa de la Cámara no tramitar una ley de amnistía propuesta por ERC y Junts al considerar que suponía una “contradicción palmaria y evidente” con el artículo 62.1 de la Constitución, que impide “los indultos generales” y señala que esta medida de gracia “corresponde al rey”. PSOE, PP y Vox siguieron el consejo de los servicios jurídicos y vetaron que la norma se pudiera debatir en el pleno.
Más allá de cómo terminen las negociaciones con Junts y ERC, todo apunta a que cualquier iniciativa jurídica para dar carpetazo al procés acabará en el Tribunal Constitucional tras un recurso presentado por el Partido Popular. Es una cuestión sobre la que nunca se ha pronunciado el tribunal de garantías, pero sí el Supremo. En el informe por el que se opuso a los indultos a los líderes del procés, el tribunal que enjuició esos hechos reprochó la “preferencia por la amnistía” del exlíder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Según los jueces, es una medida que “prescinde de una enseñanza histórica que evidencia que, en no pocos casos, las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra las personas y sus derechos fundamentales”.