La jueza que investiga el falso máster de Cristina Cifuentes ha citado como imputada a la expresidenta madrileña por falsedad en documento público y cohecho. Le tomará declaración como investigada el próximo 26 de junio, una vez que haya escuchado a todos los protagonistas del caso.
Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado número 51 de Madrid, ha tomado esta decisión después de escuchar este jueves a las profesoras que firmaron el acta de evaluación de su Trabajo de Fin de Máster (TFM). Clara Souto y Alicia López de los Mozos, cuyas firmas fueron falsificadas, acudieron como testigos, aunque esta última fue finalmente imputada por haber calificado a alumnos que habían cursado el máster.
Por su parte, Cecilia Rosado, la única que firmó realmente ese documento, relató a la jueza que una asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid y amiga personal de Cifuentes, María Teresa Feito Higueruela, le amenazó cuando eldiario.es desveló el escándalo. “O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar”, aseguró Rosado que le trasladó Feito.
Cifuentes era la única protagonista de este caso que no había sido citada aún, ni como testigo ni como investigada. La jueza había citado este jueves a los responsables del la Universidad Rey Juan Carlos relacionados con la falsificación del acta de su TFM y a la funcionaria que modificó las notas. Para el 6 de junio está citado como imputado el antiguo responsable del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde.
Para ese día están llamados como testigos los nueve alumnos que, como Cifuentes, se beneficiaron de convalidaciones en tres asignaturas. La expresidenta comparecerá la última, a finales de junio, cuando la jueza ya haya escuchado a todos los implicados y haya analizado toda la documentación.
Entre esos documentos están las actas falsificadas que sirvieron para esos aprobados generales. La jueza los ha reclamado a eldiario.es y ha citado como testigo al director de este medio, Ignacio Escolar. Además, él y Raquel Ejerique tendrán que acudir el día 21 al otro procedimiento abierto a raíz de este caso: la querella que presentó la propia Cifuentes contra los periodistas que desvelaron su máster falso.
La imputación se produce gracias a que Cifuentes ya no es aforada, al haber abandonado su acta como diputada en la Asamblea de Madrid. El delito de cohecho por el que ha sido imputada se castiga con penas de cárcel de hasta seis años e inhabilitación para cargo público de hasta 12. El de falsedad en documento público castiga con entre tres y seis años de cárcel e inhabilitación de dos a seis años a los funcionarios que cometan la falsedad.