Una jueza de instrucción de Madrid ha llamado a declarar en calidad de investigados a tres diputados del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (Rafael Mayoral, Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino) y a una exdiputada (Ángela Rodríguez) por un supuesto delito de “atentado contra la autoridad” que habrían cometido durante unas cargas policiales en las proximidades del Congreso, en una protesta de los trabajadores de la empresa Alcoa el pasado mes de marzo.
La titular del juzgado de instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles, les ha notificado la imputación y les ha citado a prestar declaración pese a que están aforados ante el Tribunal Supremo por ser diputados, una condición en la que hace hincapié múltiples veces el propio atestado policial en el que la magistrada basa su investigación y al que ha tenido acceso eldiario.es. Los diputados solo pueden ser investigados -y por tanto llamados a declarar- por el alto tribunal.
Fuentes jurídicas apuntan a que, en ocasiones, los jueces optan por llamar a declarar a los diputados para iniciar los trámites que confirmen que son aforados. Los parlamentarios contestan entonces que el tribunal no es competente para tomarles declaración, y el juez confirma con el órgano correspondiente (en este caso el Congreso) que son aforados. En ese punto queda ya en manos del instructor elevar directamente el caso al Supremo o avanzar en la investigación y posponer ese trámite.
Desde el grupo confederal, por contra, aseguran que la actuación de la jueza Raquel Robles es contraria a derecho y que tendría que haber solicitado la información pertinente al Congreso y solicitar el preceptivo suplicatorio. Máxime cuando la identificación de los investigados no ofrece ninguna duda. Raquel Robles ocupó recientemente portadas de periódicos por una polémica decisión: remitir a un juzgado de violencia de género el caso de un hombre que ayudó a morir a su mujer, enferma terminal de esclerosis múltiple. Una decisión que rechazaron tanto la fiscalía como el propio tribunal, pero que finalmente avaló la Audiencia Provincial de Madrid.
Los hechos investigados se remontan al pasado 28 de marzo de 2019. Varios centenares de trabajadores de Alcoa, cuyas factorías en Galicia y Asturias estaban a punto de ser cerradas, se trasladaron a Madrid a manifestarse frente al Congreso de los Diputados. Un cordón de antidisturbios de la Policía Nacional les impidió el acceso a las inmediaciones del Parlamento.
Un grupo de diputados del por entonces grupo de Unidas Podemos-En Comú-En Marea se acercaron a respaldar la protesta y a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez su intermediación para evitar el cierre de las factorías. Entre ellos, los cuatro investigados, pero también el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, o el secretario general del PCE, Enrique Santiago, quien por entonces no estaba en el Congreso.
Como se puede apreciar en las imágenes, los diputados se interponen entre los agentes antidisturbios y los manifestantes para evitar las cargas policiales. El atestado en el que se basa la imputación acusa a los diputados no ya de impedir el trabajo policial, sino de provocar la ruptura de la línea de vallas y agentes que impedían el paso a los manifestantes hacia la puerta del Congreso.
El informe policial asegura que durante la protesta “los concentrados van incrementando el tono y la tensión” y que “arrojan petardos y objetos contundentes” contra los agentes. Algunos, sigue el texto, intentan “sobrepasar y quitar las vallas” para llegar hasta el Congreso. En ese forcejeo se produjo una detención, momento en el que en los vídeos se aprecia la intervención de los diputados de Unidas Podemos.
El documento policial señala además que “de manera súbita e inesperada, los diputados del grupo parlamentario 'PODEMOS' (sic) y acompañados de representantes sindicales (...) acercándose a este y a las espaldas de la línea policial establecida, hacen gestos ostensibles con las manos a los concentrados, para que estos sobrepasen el vallado y la línea policial”.
En otro momento, el atestado les acusa de participar, desde detrás de la propia línea policial, “activamente” en la ruptura del vallado y de interponerse entre los agentes y los manifestantes.
Unidas Podemos exige la comparecencia de Marlaska
Los diputados investigados han comparecido este jueves en una rueda de prensa en el Congreso en la que han anunciado que solicitarán la comparecencia urgen del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dé explicaciones sobre lo que han considerado una “persecución política” contra su grupo parlamentario a las puertas de una importantísima cita electoral.
“Es insostenible que se persiga a los diputados de Unidas Podemos por defender a los trabajadores, que debería ser la preocupación de todos los políticos. Vamos a seguir estando a su lado”, ha señalado Rafael Mayoral. “Este caso de policía política y de reactivación de las cloacas del Estado es un ataque al sistema democrático del que el ministro del Interior tiene que venir a rendir cuentas”, ha insistido. Mayoral ha recordado los informes apócrifos que en 2016 golpearon a Podemos mientras negociaba un Gobierno con el PSOE y ante otra inminente repetición electoral.
“Se está pisoteando la soberanía popular al articular una persecución contra Unidas Podemos por defender a la gente trabajadora”, ha dicho.
Antón Gómez-Reino, por su parte, ha explicado que el día de la protesta se encontraron “una situación muy mal gestionada por la Delegación del Gobierno” “Ejercimos nuestra labor como cargos públicos para intentar mediar”, ha explicado, tras solidarizarse “con los trabajadores imputados” junto a ellos.
Por último, Yolanda Díaz ha mostrado su “perplejidad por cómo se lleva la causa y por cómo se permite que los trabajadores y trabajadoras sean represaliados”. “Nosotras en ningún momento hicimos nada de lo que se dice en el atestado. Vamos a ejercer la defensa y por supuesto a seguir ayudando a los trabajadores y trabajadoras. Debe comparecer el señor Marlaska para que dé explicaciones”, ha concluido.
Los tres han señalado que lo que afirma el atestado policial es “manifiestamente falso”. “No sabemos por qué sale esto ahora, nos podrá ilustrar el señor ministro”, ha zanjado Mayoral.
La cuestión de Alcoa, como la de Navantia, se había convertido en un elemento de fricción entre el PSOE y el grupo confederal hasta el punto de que los diputados gallegos plantearon la reprobación de la ministra de Industria, Reyes Maroto, al considerar que el Ejecutivo no daba pasos reales para garantizar la supervivencia de la empresa. La situación de Alcoa comenzó a encauzarse durante este pasado mes de agosto, pero durante 2018 y buena parte de este 2019 sus trabajadores y todas las industrias auxiliares temieron por un cierre abrupto de toda las plantas. Las negociaciones entre los trabajadores y la empresa siguen hoy abiertas.