La investigación de la Audiencia Nacional comienza a cuadrar el puzle de la guerra sucia contra Podemos

La causa judicial que investiga las maniobras desde el Ministerio del Interior contra Podemos va abriéndose paso entre olvidos y negaciones por parte de los imputados y pese al papel pasivo de la Fiscalía. Frente a ello han surgido inesperados testimonios de policías que acreditan la existencia de una consigna durante el mandato de Mariano Rajoy para debilitar a la formación y evitar que, por primera vez desde la restauración de la democracia, un partido a la izquierda del PSOE alcanzara el Gobierno de la Nación. 

Uno de los avances más llamativos ha sido la aportación al juzgado de un informe redactado por una de las policías que participó en dos de las maniobras contra la formación que más repercusión tuvieron: el viaje a Nueva York para recabar de un exministro de Hugo Chávez supuestas pruebas de la financiación irregular de Podemos y las gestiones para intentar dar consistencia al dosier P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). 

La hoy inspectora jefe pertenecía, y lo sigue haciendo, a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Responsable de grandes operativos contra la corrupción, la UDEF fue utilizada durante el periodo de Jorge Fernández Díaz en Interior para intentar blanquear los soplos que obtenía la brigada política, el grupo de mandos policiales liberados contra el independentismo catalán, para sabotear la causa judicial de la caja B del PP y también contra Podemos. Entre esos mandos policiales se encontraba el comisario José Manuel Villarejo. 

El escrito de la inspectora jefe al juzgado de Santiago Pedraz, el magistrado que ha abierto la investigación por la guerra sucia a Podemos, trata en todo momento de dotar de normalidad su actuación y la de sus compañeros y superiores. Pero al tiempo confirma y da detalles de unas actuaciones que, puestas en contexto, abren un abanico de dudas sobre su legalidad y neutralidad política. 

Operación Bolívar: “Si evitamos que Podemos gobierne…”

El diario ABC reprodujo en su edición del 13 de mayo de 2016 un extracto de la declaración que el exministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea habría hecho ante “dos agentes” de la Policía española el mes anterior en Nueva York. En su declaración, Isea aseguraba, “sin ningún tipo de duda”, que Hugo Chávez en persona firmó pagos por más de 7 millones de euros a la fundación CEPS, con la que habían estado vinculados los fundadores de Podemos. 

La ocultación de esos ingresos a la Hacienda pública constituían el verdadero interés de los policías. Tres años después, el 3 de abril de 2019, moncloa.com publicó un audio en el que aparece el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los puntales de la brigada política, diciendo al exministro chavista que él está allí con “un mandato” del entonces presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. En alusión a Podemos, Fuentes Gago afirma: “Si evitamos que llegue [Podemos] al Gobierno, mejor para todos”.

José Ángel Fuentes Gago declaró como investigado el pasado 29 de octubre en la causa por la guerra sucia a Podemos. El policía solo contestó a las preguntas de su abogada para negar que hubiera investigado nunca la financiación de un partido político. La letrada le preguntó por la grabación del encuentro en Nueva York y si la reconocía: “No, en absoluto. Esos audios no sé de donde pueden haber salido. En ese contexto, en ningún caso es atribuible a mí”.

En aquel viaje, Fuentes Gago estuvo acompañado del entonces jefe de la UDEF y de una subordinada de este, de nombre Silvia, precisamente la inspectora que ha informado al juzgado de las operaciones Venus y Bolívar. Ese jefe de la UDEF, el comisario José Manuel García Catalán, ha declarado como testigo en la causa del juez Pedraz. Frente a la afirmación de Fuentes Gago de que no reconoce su voz, el ex jefe de la UDEF confirma que su compañero sí que estuvo en Nueva York y en la reunión. Preguntado por las afirmaciones más comprometidas que hizo, García Catalán, aseguró que él no las escuchó y que puede que en ese momento hubiera ido al baño. 

Una vez recabado el testimonio de Rafael Isea, Silvia y los otros dos policías regresaron a Madrid. La inspectora jefa asegura que fue entonces, el 14 de abril de 2016, cuando se abrió oficialmente la Operación Bolívar para “comprobar la veracidad de lo expuesto en la denuncia y continuar con las investigaciones si procedía”.

En el relato ante el juez la inspectora cuenta que solo tres meses después, en julio, la Operación Bolívar pasó al estado de “pasiva” porque “no se encontraron indicios suficientes de delito”. Antes, los fiscales de la Audiencia Nacional habían escuchado a Silvia, quien les presentó la declaración de Isea “en una reunión informal”. El Ministerio Público consideró que allí no había nada sólido que investigar y contestó que no pensaba abrir unas diligencias de investigación con un testimonio tan endeble. 

Para entonces, habían pasado ya dos meses de la información publicada por ABC y la acusación, sin pruebas, de la financiación irregular de Podemos seguía viva, en plena precampaña electoral de los comicios que se celebrarían en el mes de junio, las segundas generales en seis meses. 

Operación Venus: salvar el informe PISA

Antes que la Operación Bolívar se produjo una maniobra parapolicial que reaccionaba a los resultados electorales de diciembre de 2015. Es 12 de enero de 2016 y apenas quedan 24 horas para que se constituyan las Cortes. Ya se han producido los primeros acercamientos entre PSOE y Podemos para la formación de Gobierno y esa mañana Okdiario y El Confidencial publican el contenido de un supuesto informe policial que detallaría la financiación por Podemos desde Irán y Venezuela. En el siguiente Consejo de Ministros, la entonces vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, aprovecharía la rueda de prensa para exigir a Podemos que colaborara con una investigación judicial que no existía. 

A partir de las primeras informaciones sobre el informe PISA se sucedieron unos episodios que la cobertura mediática progubernamental intentaba sin éxito sostener. Interior tuvo que reconocer que, pese a no tener sello ni firma, el informe PISA tenía un origen policial. Era, por tanto, el momento de ponerlo a disposición de la Fiscalía o de un juzgado. Pero eso no llegó a producirse. Fue Manos Limpias quien se hizo con el dosier y lo incorporó a una querella que había presentado en el Tribunal Supremo contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón y que fue rechazada de plano. 

La inspectora jefe Silvia aporta ahora a la Audiencia Nacional más datos. Siguiendo el modus operandi que se había utilizado contra el independentismo catalán, la Dirección Adjunta Operativa, con el comisario Eugenio Pino al frente, intentó utilizar a la UDEF para blanquear el contenido del dosier. 

En febrero entró en la unidad especializada el documento, en el que, según el escrito de la inspectora, “se daba cuenta de un conglomerado de empresas instrumentales que desde distintos paraísos fiscales y otros que mantienen una cierta opacidad, habían realizado transferencias a la empresa española 360° Global Media, relacionada con la producción del programa Fort Apache presentado por Pablo Manuel Iglesias Turrión”. Arrancaba la Operación Venus. 

En su versión de los hechos, la inspectora jefe Silvia afirma que uno de sus subordinados incluyó el nombre de Pablo Iglesias Turrión en la aplicación Personas de la Policía Nacional. Con posterioridad, Silvia decidió que, “dada la sensibilidad de las personas investigadas, sólo ella procedería a consultar en bases de datos”.

Esta afirmación pone encima de la mesa de nuevo la acusación de Podemos de que se produjeron miles de búsquedas de sus diputados a partir de 2014 en bases policiales de acceso restringido, de acuerdo a los archivos aportados en bruto a la causa por la propia Policía.

El máximo imputado en la Audiencia Nacional, el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha alegado que es una acusación sin sentido y que esas búsquedas responden a identificaciones rutinarias, en muchos casos durante tareas de protección a los políticos de Podemos, o al sistema de registro en hoteles y otros hospedajes cuando cualquier ciudadano viaja. Entre esa información en bruto aparecían búsquedas de unidades especializadas como la UDEF, autora de las búsquedas sobre movimientos de Pablo Iglesias para intentar dar consistencia al informe PISA. 

“En diciembre de dicho año, se procedió a pasar a pasiva dicha investigación, al no encontrarse indicios suficientes de delito, sin que se procediera a grabar en el sistema de inteligencia el nombre de ningún político de los mencionados en el informe PISA”, ha escrito la inspectora jefe. Diez meses de investigaciones para intentar alargar la vida del informe PISA, una vida que solo existió en algunos medios de comunicación y en el discurso del Partido Popular.

A partir de estas informaciones, la acusación de Podemos solicitó al juez que se incorporen completas las investigaciones Venus y Bolívar, pero el fiscal del caso, Vicente González Mota, informó en contra por tratarse de “una diligencia desproporcionada”. El juez Pedraz ha atendido el criterio del fiscal y ha rechazado la solicitud, decisión que Podemos ha recurrido ante la Sala de lo Penal, la instancia superior. 

La cuenta de Granadinas: Iglesias en un paraíso fiscal

La maquinaria del Ministerio del Interior contra Podemos arrojó una maniobra más antes de los comicios de junio de 2016. El 6 de mayo de 2016, Okdiario publicó una información con el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”. 

En uno de los pleitos judiciales entre el periódico de Eduardo Inda y Podemos, el primero presentó un documento firmado ante notario en el que un ciudadano venezolano llamado Carlos Alberto Arias aseguraba que los documentos sobre la cuenta procedían del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que eran “auténticos y veraces”. “He sido yo quien se los facilitó a la Policía española, que luego los que se facilitó a OkDiario”, quedó escrito (errata incluida) en su declaración ante notario. 

El bulo es parte de la investigación de la Audiencia Nacional porque Carlos Alberto Arias fue beneficiario de un permiso de residencia en España por motivos extraordinarios. El máximo responsable de Extranjería en la Policía entonces, Emilio Baos, propuso para la residencia a Arias de acuerdo a su “valiosísima colaboración en la protección de la seguridad del Estado”. Baos fue llamado a declarar en junio pero su familia alegó que sus problemas de salud le impedían desplazarse a la Audiencia Nacional. El pasado 17 de diciembre debería haber comparecido Carlos Alberto Arias, pero el venezolano no ha sido localizado en la dirección que le constaba. 

En busca de antecedentes de los diputados

El 30 de enero de 2016, apenas dos semanas después de las primeras publicaciones sobre el informe PISA, Francisco Martínez, el número dos de Interior, escribe a un destacado comisario de la Policía: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? El comisario Enrique García Castaño le contesta que nada”. “¡Cagüenlaputa!”, exclama Francisco Martínez. 

El policía se compromete a seguir buscando y le recuerda al político que depende de otro comisario, el entonces jefe de la Brigada de Información en Madrid. El contenido de estos WhatsApp se conoce porque la Fiscalía incautó a Martínez su teléfono en el marco del caso Kitchen, el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas. Es uno de los episodios que Podemos incluye en la querella que dio origen a la causa que se instruye en la Audiencia Nacional. 

Ese comisario que supuestamente debía rastrear los antecedentes de los diputados de Podemos es Germán Rodríguez Castiñeira, hoy jubilado e imputado en la causa de la guerra sucia en la Audiencia Nacional. Su turno de declarar llegó el pasado 26 de noviembre. Ante el juez reconoció haber recibido el encargo. También dijo que no lo llevó a cabo porque le pareció “un suicidio”, según le trasladó a García Castaño. Ante esta respuesta airada, siempre según la versión de Castiñeira, su interlocutor habría reaccionado asegurando que se trataba de “una broma”. Aquejado de un grave accidente cardiovascular, el comisario Enrique García Castaño no podrá aportar su versión.