La investigación de la Fiscalía Europea sobre las mascarillas del hermano de Ayuso: obstáculos, olvidos y “precio alto”

El decreto de la Fiscalía europea que archiva la investigación sobre la compra de mascarillas por la Comunidad de Madrid a la empresa de un amigo de la presidenta madrileña, con la intermediación del hermano de Isabel Díaz Ayuso, relata la falta de colaboración de Anticorrupción, que desarrollaba unas pesquisas paralelas, la ocultación por Daniel Alcázar –el empresario amigo de la familia– y Tomás Díaz Ayuso sobre quién era el verdadero fabricante en China y la laxitud de las exigencias para aceptar como válido el material sanitario entregado. 

El pasado 14 de marzo, la Fiscalía europea firmó un decreto de archivo de su investigación al “no haberse acreditado la comisión de infracción penal alguna”, según anunció el organismo en una nota de prensa. La lectura del documento íntegro, al que ha tenido acceso elDiario.es, revela las dificultades a la que tuvieron que enfrentarse los fiscales Luis Miguel Jiménez Crespo y Olga Muñoz durante su investigación. Los fiscales solicitaron el 18 de abril a Anticorrupción el informe clave de la Intervención General del Estado y no lo recibieron hasta dos meses después, el 16 de junio, pese a que el 29 de abril habían reiterado la solicitud. 

Tal y como recoge el decreto de la Fiscalía europea no fue hasta que archivó su investigación cuando el fiscal jefe, Alejandro Luzón, dio traslado de las pesquisas de Anticorrupción a sus compañeros del órgano europeo, el 15 de septiembre de 2022. Estos tuvieron que archivar su investigación sin que sus colegas les hubieran remitido “las declaraciones (o bien sus soportes digitales o bien sus transcripciones) de Daniel Alcázar [el empresario que vendió las mascarillas] y Miguel Alcázar [hermano y colaborador]”. La Fiscalía Anticorrupción practicó ambos interrogatorios el 20 de junio del año pasado, hace nueve meses. 

Las denuncias de la oposición madrileña (Más Madrid, PSOE y Podemos) ante la Fiscalía Anticorrupción habían motivado la apertura de unas diligencias de investigación secretas cuya instrucción se arrogó el jefe del órgano especializado, Alejandro Luzón, el 22 de febrero. Un mes después, la Fiscalía Europea reclamó la competencia alegando que los 1,5 millones de euros del contrato investigado procedían en su totalidad del Fondo Europeo de Desarrollo (Feder). Se produjo un conflicto de competencias que la fiscal general del Estado Dolores Delgado, tras consulta con el Consejo Fiscal, resolvió a favor del organismo local, no sin la queja airada del órgano europeo.

Anticorrupción investigaría si se habían cometido tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o falsedad. Y la Fiscalía europea, de acuerdo a la procedencia de los fondos, indagaría únicamente en una posible malversación del dinero. Los fiscales europeos se centrarían en tres aspectos del caso: un posible sobreprecio pagado al haber pagado la Comunidad por unas mascarillas distintas a las que recibieron, un pago adicional de la administración al transportar presuntamente el material y un posible encarecimiento motivado por la comisión de Tomás Díaz Ayuso.

Según desvela el escrito del órgano europeo, sus fiscales supieron de posibles irregularidades en ese contrato por un informe de un organismo dependiente de Hacienda, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), que el 25 de febrero, tres días después de la apertura de las diligencias de investigación por parte de Anticorrupción, había remitido un oficio a la Fiscalía Europea alertando de las posibles irregularidades.

Luzón marca el territorio: “Vuestra investigación es prospectiva”

Aquella disputa entre fiscalías se personalizaba en Alejandro Luzón y su anterior compañera, primero, y subordinada después en Anticorrupción, Concepción Sabadell, ahora coordinadora de la Fiscalía europea para España. Aunque su aprobación se acordó en 2017 no fue hasta el verano de 2021 cuando la Fiscalía comenzó sus trabajos, con delegaciones en todos los países de la UE. La apertura de la delegación española ha permitido que vuelvan a trabajar juntos la citada Concha Sabadell y Pablo Ruz, fiscal y juez del caso Gürtel, respectivamente, ahora compañeros en el órgano europeo, si bien el ex magistrado de la Audiencia Nacional no participó en el caso de las mascarillas. 

Sobre el conflicto entre fiscalías también se encuentran novedades en el escrito del órgano europeo al que ha accedido este medio. El 1 de marzo de 2022, la Fiscalía Europea había pedido a Anticorrupción su “decreto de recepción y registro del procedimiento”. La Fiscalía española no contestó y en su lugar exigió a la Europea que le diese traslado del oficio que Antifraude le había remitido para “comprobar la relación entre los hechos” investigados por unos y otros. La Fiscalía europea ignoró tal petición e insistió en su reclamación inicial a Anticorrupción sobre la investigación que ésta había abierto.

Al día siguiente, Anticorrupción aceptó enviar el decreto, así como las denuncias de los partidos, sus ampliaciones y la documentación remitida por la Comunidad de Madrid, consistente en el expediente del contrato de compra de mascarillas por 1.512.000 euros a Priviet Sportive SL. Pero en el mismo oficio, Luzón aprovechaba para advertir a Sabadell de que no iba a ningún sitio. “No es posible proponer siquiera la investigación de unos hechos que no revisten caracteres de delito, no solo por carecer de un mínimo acervo incriminatorio de soporte, sino porque el bagaje indiciario existente apunta con claridad a que no ha existido desviación de subvención alguna ni apropiación de caudales públicos ni, en consecuencia, daño a los intereses financieros de la Unión Europea”. 

Sin haber practicado diligencias, Luzón ya adelantaba: “La apertura de una investigación y, desde luego, la práctica de cualquier diligencia en relación con estos hechos –el presunto desvío de fondos en la compra de mascarillas– tendría una naturaleza claramente prospectiva. No existiendo delito alguno competencia de la Fiscalía Europea tampoco cabe hablar de infracciones penales conexas, pues no existe delito con el que establecer la relación de conexidad”.

“Un precio alto pero no el más elevado”

Las denuncias de los tres partidos exponían cómo un empresario sin experiencia en el sector sanitario había conseguido un contrato para la venta de 250.000 mascarillas en pleno confinamiento a la Comunidad de Madrid por valor de 1.512.000 de euros, así como las informaciones periodísticas que situaban a Daniel Alcázar como amigo de la familia Díaz Ayuso, con vínculos desde la niñez en el pueblo abulense de Sotillo de La Adrada. 

El hermano de Díaz Ayuso, este sí vinculado en su trayectoria profesional a la compra-venta de material sanitario, habría obtenido una comisión de hasta 280.000 euros por ayudar a su amigo a vender el material a la Administración dirigida por su hermana. Las mascarillas eran de las más caras del mercado, a 6 euros la unidad, incluido el IVA. 

La Fiscalía Europea solicitó todos los contratos del SERMAS para la compra de material sanitario entre el 30 de marzo de 2020 y el 10 de abril de ese año. La respuesta fue remitida a un perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que concluyó: “Se desprende que el precio unitario fijado en el contrato objeto de análisis se encuentra en el tramo alto del rango de precios pactados por el SERMAS en los meses de marzo y abril de 2020, si bien no fue el precio más elevado”.

Junto a esta afirmación, los fiscales europeos valoraron las afirmaciones del empresario Daniel Alcázar sobre otros elementos que han de tenerse en cuenta para calibrar el precio, tales como el dinero que adelanta el adjudicatario, la cantidad de mascarillas suministradas o el plazo de entrega. “Por todos estos motivos se concluye que no existen indicios para mantener que el precio acordado fuera desproporcionado siempre que la calidad de las mascarillas entregadas coincidiera con la inicialmente ofertada”, añade el decreto de archivo. Respecto a Tomás Díaz Ayuso concluye que “no ha quedado acreditada que la comisión cobrada supusiese un incremento indebido del precio”.

Un cambio de fabricante oculto

Los fiscales europeos no recibieron la declaración de Alcázar ante Anticorrupción pero practicaron su propio interrogatorio el 21 de abril, en calidad de investigado. Hasta junio no llegó la declaración que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, había hecho en Anticorrupción. Los informes policiales que se elaboraron a petición de Alejandro Luzón fueron remitidos a sus colegas de la Fiscalía europea solo una vez se había archivado la investigación de Anticorrupción, el 24 de junio. 

En esa documentación había algo que no cuadraba a los fiscales europeos: la empresa que Alcázar dijo que iba a fabricar las mascarillas, Jiaxing Yinuo Busway, no es la misma que finalmente entregó el material a los intermediarios, de nombre Zhangjiangang Xiecheng Mechanical Equipment. Sin embargo, el empresario Alcázar no había trasladado el cambio a la Comunidad de Madrid, según confirmó el SERMAS (Servicio Madrileño de Salud), que aseguró a los fiscales europeos que nunca fueron conscientes de ello. 

Tampoco los investigados habían dicho ni una palabra al respecto en sus declaraciones en Anticorrupción. Daniel Alcázar ocultó ese hecho pese a haber sido “preguntado exhaustivamente por el proceso de adquisición, transporte y entrega de las mascarillas y en ningún momento mencionó el cambio de suministrador”, según pone de manifiesto la Fiscalía Europea. Tomás Díaz Ayuso, que solo declaró ante Anticorrupción, también omitió el hecho. 

La Unidad de Policía adscrita a Anticorrupción no había localizado al primer proveedor en la base de datos internacional Orbis. Los agentes encontraron una empresa de nombre parecido, pero dedicada a la actividad industrial de conductos para autobuses y sin actividad financiera desde 2018. El informe sobre las mascarillas que se iban a vender, de tipo KN95, fue elaborado por otra empresa china, Act Testing Technology, de la que tampoco había rastro en Internet. Aenor confirmó que esta última empresa no consta entre las autorizadas para acreditar la fiabilidad de un productor sanitario. Otros organismos internacionales tampoco la recogían en sus bases de datos. 

Tomás Díaz Ayuso: “Lo consultamos 40.000 veces”

Finalmente, y “agotadas todas las diligencias absolutamente imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos”, la Fiscalía Europea concluyó que es la segunda empresa china Zhangijangang, la que fabricó las mascarillas, y que ésta sí fuera en la base de datos internacional Orbis. También acreditó que la empresa que realizó la certificación para ella, Shangay Global Testing Services, “dispone de acreditación china”. Sin embargo, añade, Aenor “no pudo acreditar que pudieran operar para este tipo de producto al no recibir respuesta de las autoridades chinas pese a las múltiples consultas realizadas”.

Sin embargo, y ante el fiscal Anticorrupción Luzón, Tomás Díaz Ayuso había dicho que la empresa certificadora “estaba totalmente validada y consultado 40.000 veces”. “Tenían el certificado de complainer con el marcado CE, que además estaba en fecha, porque muchas veces el problema era que metías el número de certificado en la base de la CEE y decían que era mentira”.

Pero los fiscales europeos adivinaban una ampliación de la investigación: “El hecho de que la Comunidad de Madrid no hubiera realizado ningún control de calidad a las mascarillas suministradas, al considerar que el control era innecesario por estar amparadas por un certificado de calidad, convertía a esos certificados en un elemento clave en la investigación y ampliaba los delitos objeto del procedimiento, añadiendo, al inicial de malversación de caudales públicos, un posible delito de estafa con ánimo de lucro”. Según su lógica se podían haber “suministrado unas mascarillas falsas amparadas por certificados falsos propiciando que el SERMAS, engañado sobre las características de las mascarillas, hubiese pagado por ellas un precio elevado”.

China no responde

Los fiscales decidieron que era momento de volver a interrogar a Alcázar. El empresario amigo de los Díaz Ayuso les dijo que el SERMAS había contratado con él “un material con una calidad y no una marca concreta” y que por eso no le dio importancia al hecho de comunicar el cambio de fabricante. Mientras, Aenor se había puesto en contacto con las autoridades chinas que aseguraron no saber nada de la empresa que había testado las mascarillas enviadas a Madrid. 

La Fiscalía Europea requirió entonces a Alcázar los correos que se había intercambiado con un tal señor Choi para el suministro de las mascarillas KN95, así como las fotografías que había hecho su hermano Miguel Ángel cuando el material llegó a España y que habían remitido al Sermas. También comenzaron a indagar en el el transporte de las mascarillas por el aeropuerto de Barajas y en si la Comunidad de Madrid había hecho algún test al producto una vez recibido. Miguel Ángel también fue llamado a declarar. “En ninguna de las declaraciones [de Daniel Alcázar] en la sede de la Fiscalía europea ni en la Fiscalía Especial (Anticorrupción) se había hecho mención a que se contaba con un exhaustivo reportaje fotográfico que documentaba la entrega de mascarillas”

Todo parecía indicar que la Comunidad de Madrid había contratado la adquisición de mascarillas de un tipo y había recibido otras porque en la resolución de la viceconsejera de Asistencia Sanitaria se incluía un cuadro de características y se aludía a las FFP2-3 habiendo sido finalmente entregadas del tipo KN-95. La Fiscalía Europea atendió finalmente al criterio del perito de la IGAE que redactó un informe “pormenorizado” y que concluye que el modelo de mascarillas “nunca” fue incluido en el contrato y que la inclusión en los anexos de la resolución del tipo FFP2-3 “introduce falta de claridad a las cláusulas del contrato que nunca pueden ser interpretadas en perjuicio del contratista”.

En cuanto a si las mascarillas del tipo KN-95 se ajustaban a la norma en España la Fiscalía Europea concluyó que la entrega de éstas “no suponía un incumplimiento del contrato de emergencia siempre que dichas mascarillas cumpliesen con los requisitos técnicos necesarios”. En cuanto al transporte de las mascarillas, la empresa española entregó una factura de una empresa transportista que acreditaba el transporte aéreo del material por valor de 82.498 dólares. 

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