La investigación a la número tres de Ayuso en el PP de Madrid: cobrar de un empresario a cambio de adjudicaciones

La política madrileña vuelve a tener un caso de corrupción en primera línea. Una de las colaboradoras más próximas de Isabel Díaz Ayuso en el PP regional y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, es investigada por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública por su actuación como concejala de Arroyomolinos, una población del sureste de Madrid con más de 30.000 habitantes. 

Millán pasó a tener la condición de imputada hace más de dos años, pero es ahora cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se hará cargo del caso. La titular del juzgado de Navalcarnero que investiga los hechos desde hace cuatro años se ha tenido que inhibir en favor del TSJM porque Isabel Díaz Ayuso aupó hasta el puesto número 8 de las elecciones del pasado año y, como era previsible, resultó elegida diputada autonómica pasando automáticamente a estar aforada.

Ayuso y el PP madrileño siempre han restado importancia a la imputación judicial de Ana Millán, pese a la solidez de los indicios recabados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La noticia de la inhibición del Juzgado de Instrucción número 6 de Valdemoro en favor del TSJM obligó a Génova a pronunciarse. El portavoz nacional, Borja Sémper, recurrió a la expresión “imputación administrativa” para referirse a la situación de Millán. Los cuatro delitos de corrupción que le atribuye de forma indiciaria la jueza de Navalcarnero están todos recogidos en el Código Penal e implican varios años de cárcel. 

Estas acusaciones resultan tan familiares en el ámbito de la corrupción como los hechos que las suscitan. En resumen: Ana Millán, siendo concejal de Juventud de Arroyomolinos, adjudicó contratos por valor cercano a los 400.000 euros a un empresario que le ingresaba todos los meses 500 euros más que el precio de mercado por el alquiler de un ático en el centro de Arroyomolinos. Además, el mismo empresario contrató y pagó a la hermana de la concejala y a su marido. También se investiga la posible influencia de Millán en otros contratos adjudicados a Francisco Vicente Roselló por la Concejalía de Cultura, otros 257.000 euros. 

Tan recurrente es la trama de corrupción que su origen está en uno de los casos más representativos que auspició el PP de Madrid y que aún pervive en la Audiencia Nacional: el caso Púnica. En 2016, tres años después de que arrancara esa causa, el Gobierno que sucedió al PP en Arroyomolinos descubrió a miembros del saliente intentando deshacerse de tres bolsas de basura. En su interior se encontraron correos y extractos bancarios que demostraban la relación entre un empresario, Francisco Vicente Roselló, propietario de la empresa Neverland, con la que había sido responsable de Juventud, y por tanto de los festejos de la localidad, Ana Millán.

En aquel momento, la principal preocupación del nuevo equipo municipal no eran las anotaciones sobre Roselló sino las que vinculaban a la ex concejala de Juventud con otro empresario, José Luis Huerta Valbuena, propietario de Waiter Music y conocido ya entonces por protagonizar una de las piezas separadas del caso Púnica. El equipo de Gobierno, con Ciudadanos al frente, acudió a la Audiencia Nacional. Fue el germen del 'caso Millán'.

Caso Púnica-Caso Millán

Sepultados bajo la montaña de documentos del caso Púnica –11 piezas y una década de instrucción hasta la fecha– quedaron los indicios sobre Roselló y Millán. Al fin, en 2020, el juez Manuel García Castellón respondió a una solicitud de la Fiscalía para que se inhibiera en favor de un juzgado local. Al magistrado le pareció “especialmente particular la circunstancia de que se produzcan comidas o reuniones directas entre la concejala responsable, Ana Millán, y el futuro adjudicatario, José Luis Huerta Valbuena”. “Tales hechos hacen presumir, al menos con la fuerza necesaria que justifica la instrucción penal, la evidencia de un posible delito continuado de prevaricación administrativa”, añadía.

Efectivamente, el juez apuntaba a la relación de la antigua concejala, en ese momento ya alcaldesa, y el dueño de Waiter Music. Pero esos hechos estaban ya prescritos y aquella presunta corrupción de Ana Millán no pudo ser investigada. Pero, ¿y el otro empresario, Francisco Roselló? El auto de García Castellón albergaba otra afirmación que, con el tiempo, condujo a la imputación de la colaboradora de Ayuso. “Cuestión diferente –escribía el juez– se produce en relación a los hechos relativos al concejal Ana Millán y su relación con la empresa Neverland [Francisco Roselló] que, si bien ofrecen indicios no guardan relación con la presente pieza, procedería a la inhibición al juzgado de instrucción competente”, apuntaba el juez. Nacía el ‘caso Millán’.

Tras cuatro años de investigación en Navalcarnero, el auto de inhibición de la jueza Lidia Prada, fechado el pasado 13 de junio, describe cómo la participación de Ana Millán dista de estar relacionada con una irregularidad administrativa. La magistrada había recibido dos meses antes un último atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, 291 folios en el que exponían a la la magistrada Prada todos los indicios recabados en cuatro años. Según los agentes de la unidad de élite, Millán dio el visto bueno a pliegos, solicitó prórrogas y modificaciones de expedientes, emitió un escrito “proponiendo a las empresas a las que invitar al concurso” y dio su conformidad a las facturas en favor del empresario Roselló, ahora también investigado por el TSJM. 

La magistrada de Navalcarnero destaca en su escrito un pasaje de la declaración de una funcionaria de la Concejalía de Juventud que dirigió Ana Millán y que ante la jueza destacó “la diferencia de trato otorgado por la ex concejala en la contratación y en la forma de interactuar con Grupo Educativo, que habría sido distinta a la de con el resto de empresas que fueron adjudicatarias desde su Concejalía”.

De otro lado, Millán recibió pagos de una empresa de Roselló, Neverland, “y del propio Francisco Roselló” pagos por un valor total de 51.104,67 euros. Un antiguo empleado de una de las empresas de Roselló, que vivió en el ático de Millán dijo a los agentes que pagaba 500 euros mensuales a su entonces jefe y en mano. Roselló, a su vez, entregaba 900 euros al mes a Millán. El argumento de empresario y alcaldesa ante el juez es que si la renta se acercaba al doble del precio de mercado es porque se trataba de un alquiler con derecho a compra que después el empresario nunca ejerció.

Por otra parte, entre 2008 y 2011, la hermana de Millán, trabajadora social, facturó a empresas de Roselló 88.642,42 euros y el marido de la primera, cobró 37.578,04 euros del conglomerado del empresario entre 2008 y 2011. La jueza de Navalcarnero también cita en el auto de inhibición al TSJM que la Guardia Civil ha descubierto ingresos en efectivo de 42.650 euros por parte de la propia Millán en sus cuentas bancarias en ese periodo, entre 2008 y 2014 en este último caso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sabe lo que es tener jefes en el Partido Popular con la condición de investigados por la justicia. Ignacio González, Esperanza Aguirre, el gerente Beltrán Gutiérrez… Durante mucho tiempo era difícil trabajar en la primera planta de la sede de Génova, donde se ubica el PP de Madrid, y que eso no ocurriera. Acostumbrada a trabajar con imputados la novedad que aporta Ana Millán Arroyo es su condición de subordinada por Ayuso, su número tres en la formación regional y vicepresidenta en la Asamblea de Madrid. 

Ana Millán Arroyo lleva casi media vida dedicada a la política profesional. Este año cumple 46 y hace 20 ya era concejala de su localidad, Arroyomolinos. Como todas las personas dedicadas profesionalmente a la política, Milán ha compaginado su cargo con la actividad orgánica del partido. En la primera planta de Génova, la que ocupa el PP de Madrid, coincidió pronto con Ayuso. Con los años llegaría a sustituirla como secretaria de Comunicación del PP regional cuando la hoy presidenta fue designada candidata a la la Comunidad de Madrid en 2019.