La investigación a Obiang desvela una presunta trama de secuestros a opositores en varios países

La investigación abierta en la Audiencia Nacional por secuestro y torturas contra tres altos cargos del régimen de Teodoro Obiang —incluido uno de sus hijos— evidencia que el hostigamiento a los opositores a la dictadura de Guinea Ecuatorial sobrepasa las fronteras del país centroafricano y llega al corazón de Europa. Informes de la Comisaría General de Información de la Policía aportados a la causa acreditan la existencia de una “sistemática de persecución a los opositores políticos en el extranjero” por parte del régimen de Obiang, que lleva 43 años dirigiendo el país con mano de hierro.

Este sumario, al que ha tenido acceso elDiario.es, ha aflorado una supuesta trama de “secuestros internacionales de opositores ecuatoguineanos”, que en varios casos tienen la nacionalidad de algún país europeo o cuentan con protección internacional. Los informes policiales describen un modus operandi similar que consiste en la utilización de un “engaño previo” para que el opositor que se encuentra en un país seguro viaje a un país bajo la influencia del régimen ecuatoguineano. “Normalmente, países limítrofes o países africanos”, afirma un informe fechado el 1 de diciembre de 2022. 

En estos países, los opositores son detenidos, bien por mercenarios o bien por autoridades locales a cambio de contraprestaciones económicas. Después son entregados a las autoridades ecuatoguineanas y el desplazamiento forzoso a Guinea Ecuatorial suele hacerse en alguno de los aviones presidenciales. Allí son internados en prisiones que cuentan con denuncias de las ONG por las condiciones inhumanas en las que se encuentran los presos y por la práctica sistemática de torturas. Y, en muchas ocasiones, sometidos a juicios políticos sin fundamento legal ni garantías. 

La causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, desvelada por El País, se dirige contra el círculo de seguridad del presidente Obiang: Carmelo Ovono Obiang, uno de sus hijos y secretario de Estado de seguridad exterior; Nicolás Obama Nchama, ministro de Estado y responsable de la seguridad interior; e Isaac Ngema Endo, director general de la Seguridad Presidencial. 

Los tres están supuestamente implicados en el secuestro y las torturas infligidas a cuatro destacados opositores de origen ecuatoguineano residentes en España que pertenecen al Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República. Se trata de Martín Obiang Ondo Mbasogo, Bienvenido Ndong Ondo, Feliciano Efa Mangue y Julio Obama Mefuman. Los dos últimos tienen nacionalidad española. La Policía considera que este “plan organizado y estructurado de persecución de los opositores” tiene como responsables “últimos y principales” al presidente, Teodoro Obiang, y su hijo y vicepresidente, Teodoro Nguema Obiang, popularmente conocido como Teodorín, aunque no pueden ser condenados por los delitos investigados porque cuentan con protección diplomática. 

Dos de los tres investigados tienen arraigo en España. El hijo de Obiang, alias Didi, reside esporádicamente en Marbella y posee una vivienda y dos garajes en Barcelona, según los informes policiales aportados a la causa. Además, es socio único y propietario del 100% de la empresa Derek Edita y Hermanos SL, que también cuenta con varias propiedades en España. Está casado con una mujer española que vive en la citada residencia de Marbella. Nicolás Obama, alias Nico, tiene un inmueble a su nombre en Villalbilla. (Madrid). E Isaac Nguema, Papi, ha visitado España de forma reiterada en los últimos años, donde han vivido sus hijos. 

Informes policiales sitúan a los tres en el avión presidencial en el que los opositores fueron trasladados a Malabo (Guinea Ecuatorial) desde Sudán del Sur. Los cuatro opositores habían viajado de Madrid a Sudán del Sur en noviembre de 2019 para reunirse con supuestos líderes políticos africanos con el objetivo de ganar apoyos a su causa. Pero allí fueron capturados y trasladados en un jet privado a la capital de Guinea Ecuatorial. Las víctimas aseguran que durante el trayecto fueron esposados de pies y manos y les pusieron un saco en la cabeza y un paño en la boca. También les habrían puesto una inyección con una sustancia desconocida. Tras aterrizar fueron trasladados a la prisión de Oveng-Azem, situada al este del país. 

La Policía afirma que los secuestrados fueron sometidos a “sesiones de torturas” desde su llegada a ese penal y “de forma reiterada, al menos durante las primeras semanas de internamiento”. Se basa para ello en “mensajes, audios y videos, grabados y escritos por las víctimas y enviados a las personas de su confianza en España” a través de uno de los testigos protegidos, un funcionario de prisiones que también fue “testigo directo” de al menos tres de esas sesiones. Este testigo reconoció en fotografías al hijo de Obiang y a Isaac Ngema Endo como los instigadores de esas torturas “visando y dando órdenes a los demás” torturadores. La aportación de información de otros dos testigos protegidos residentes en España también ha sido “fundamental”, según la Policía. 

Además de las “condiciones de vida inhumanas y el maltrato psicológico constante”, los agentes describen “largas sesiones de torturas” entre las que destacan descargas eléctricas o la llamada técnica del cocodrilo, que consiste en colgar a la víctima de pies y manos boca abajo durante largos períodos provocando que la sangre presione la parte frontal del cuerpo y se acaben reventando vasos sanguíneos. También les hacían desnudarse y les vertían encima agua muy caliente. “Se me reventaban las venas de los brazos y las piernas porque la presión era excesiva. La sangre salía disparada por todas partes. Así durante cuatro largas sesiones”, describe una de las víctimas en un audio enviado a uno de los testigos protegidos y aportado a la causa. 

Todo ello, con el objetivo de “obtener informaciones” sobre la actividad de los opositores al régimen de Guinea Ecuatorial y de “doblegar su voluntad” para que accedieran a firmar documentos en blanco y declaraciones autoincriminatorias de cara al juicio, que se celebró el 30 de marzo de 2020. Durante esa vista, retransmitida en la televisión pública, las víctimas ratificaron esas declaraciones de autoinculpación y mostraron arrepentimiento, al tiempo que solicitaron clemencia al presidente del país. 

Fueron condenados a penas de entre 70 y 90 años de prisión por la organización de un presunto golpe de Estado frustrado en diciembre de 2017 que habría tenido como objetivo matar a Obiang. La Policía española, sin embargo, afirma que la actividad de este grupo de opositores “no supone, bajo ningún concepto, una amenaza para la seguridad y el orden público español o de terceros países”. La ONG Human Rights Watch denunció las “violaciones a las garantías del debido proceso”, que incluyó la obtención de confesiones mediante tortura y la conformación de un tribunal que no fue independiente ni imparcial. 

Desde entonces, cumplen condena en condiciones absolutamente infrahumanas. Salvo en “contadas ocasiones” pasan las 24 horas del día en diminutas celdas subterráneas individuales, con falta de aire, sin luz natural y en las que apenas hay una cama de cemento y un pequeño colchón. Tampoco pueden recibir visitas de familiares o abogados. De hecho, los agentes también dan cuenta de la “flagrante vulneración de los derechos consulares” que sufrieron los dos secuestrados que tienen nacionalidad española. La diplomacia española tuvo que hacer “innumerables gestiones” para confirmar oficialmente el mero hecho de su detención. Y en todo este tiempo, sólo han podido ser visitados en una ocasión por miembros de la Embajada de España en Guinea Ecuatorial. 

“Conexión” con otros secuestros

La Policía española considera que este caso “tiene unos claros elementos comunes con el resto de secuestros efectuados en los últimos años desde diferentes países africanos a ciudadanos nacionales o residentes en Europa”. Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es afirman que los agentes han puesto en marcha un “punto focal” en Europol para canalizar la información sobre este y otros casos y “demostrar la conexión y sistematicidad directa” entre ellos. 

Los agentes han contactado con otras víctimas y  también han analizado decenas de denuncias interpuestas en España por hechos similares a partir de 2018. No obstante, afirman que eso no significa que la investigación tenga que ampliarse a estos casos, ya que no fueron objeto en su momento de la apertura de procedimientos penales, muy probablemente porque en la mayoría de los casos la justicia española no tenía competencia al respecto. 

En el marco de esta colaboración policial internacional, agentes de la Comisaría General de Información investigan junto a sus homólogos italianos el secuestro en Togo de Francisco Micha, ecuatoguineano de 68 años que residía en España desde finales de los noventa, y su amigo Fulgencio Obiang Esono, ingeniero de nacionalidad italiana y origen ecuatoguineano. Ambos están internados en una cárcel del país centroafricano. Su caso también ha sido documentado por Amnistía Internacional. La Policía también se hace eco del secuestro en Nigeria de otro refugiado político residente en Bélgica, Cipriano Nguema Mba, con un modus operandi similar al investigado en la Audiencia Nacional. 

El sumario del tribunal especial tiene su origen en varias denuncias de desaparición presentadas por familiares de los secuestrados en diferentes comisarías y en la querella que presentó el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial III República, personado como acusación popular. Las pesquisas se han mantenido en secreto durante meses. Tras salir a la luz la investigación, el vicepresidente e hijo del dictador acusó a España de “injerencia” y de querer “humillar” a su país.

Pedraz rechaza detener al hijo de Obiang y decreta el embargo de sus bienes

En un auto del pasado 10 de diciembre, el juez que instruye el caso, Santiago Pedraz, ordenó que los investigados fueran llevados a la Audiencia Nacional en cuanto fueran localizados por la Policía en España, aunque lo hizo sin poner en marcha los mecanismos de detención que implica una orden de arresto. En esa resolución, el instructor afirma que “no procede acordar la detención judicial”, sino que en caso de “detectar” su “presencia” los agentes practicaran las diligencias que fueran “necesarias” para asegurar que fueran “puestos a disposición judicial”. Lo hizo a petición de la Policía, que tenía sospechas de que los investigados podrían viajar a España con motivo de las fiestas navideñas. 

Poco más de dos semanas después, el 29 de diciembre, la Policía informó al juez de que habían localizado al hijo de Obiang, Carmelo Ovono Obiang, en el hotel Meliá Castilla de Madrid. Pero el magistrado rechazó detenerlo. En una resolución fechada ese mismo día, Pedraz acordó que los agentes se limitaran a darle traslado de la querella y que se le requiriese para designar un abogado y una dirección en España para hacerle las notificaciones. El fiscal del caso, Vicente González Mota, sí reiteró su petición de que se pusiera al investigado a “disposición judicial”, según un escrito consultado por elDiario.es. En ese auto del 10 de diciembre el juez sí acordó el bloqueo de los bienes de los investigados en España tras imponerles una fianza conjunta de 1,2 millones de euros.