La investigación parlamentaria sobre Juan Carlos I busca desvelar si se produjeron “extorsiones” al Estado
- DOCUMENTO: La petición de creación de la comisión de investigación
Los grupos y partidos que llevaron a Pedro Sánchez al Gobierno ya han registrado la solicitud para abrir una comisión de investigación acerca de las revelaciones realizadas por la empresaria alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, grabadas en secreto por el excomisaria José Manuel Villarejo, difundidas por El Español y Ok Diario y que apuntan a posibles irregularidades cometidas por el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, cuando era Jefe del Estado y con posterioridad.
84 diputados de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu han suscrito el documento que se ha presentado esta mañana en el registro del Congreso. Las condiciones que exige el Reglamento para solicitar y debatir en el Pleno una comisión de investigación, se cumplen.
Esos 84 son mismo número de diputados que tiene el PSOE de Pedro Sánchez. Los grupos ni siquiera han tenido que recurrir a todos sus componentes para llegara a esta cifra, en un claro gesto que pone en evidencia la correlación de fuerzas que hay ahora mismo en las Cortes. El PNV, que no ha firmado el documento, sí ha mostrado su apoyo explícito a la investigación parlamentaria.
Si Sánchez fue investido con 180 votos, 95 de ellos se han posicionado a favor de investigar a Juan Carlos I.
Ahora solo falta que la Mesa dé el visto bueno a la iniciativa, ya que la semana pasada vetó, precisamente con el apoyo de PP y PSOE y la abstención de Ciudadanos, impedir la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el mismo asunto.
“Extorsiones” al CNI por los negocios del rey emérito
“Todo apunta a que Juan Carlos de Borbón, presuntamente habría organizado toda una estructura opaca a la Agencia Tributaria con el fin de blanquear y evadir capitales de dudosa procedencia”, arranca la petición de una “Comisión de investigación relativa a las presuntas irregularidades cometidas por el ex Jefe del Estado, Don Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias”.
El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, destaca las posibles “adquisiciones irregulares de propiedades en el extranjero”, las “cuentas no declaradas en Suiza” o las posibles “comisiones ilegales por adjudicación de contratos en el extranjero, entre otras cosas”. Siempre, según la versión dada por la examante de Jefe del Estado.
Los solicitantes creen que es obligación del Congreso dirimir las “responsabilidades políticas y éticas” por “una actividad delictiva realizada durante años bajo el manto de la impunidad que la Constitución ofrece a su Jefe de Estado”. Su intención: “Determinar el alcance de estos indicios, conocer la verdad, dilucidar las responsabilidades políticas y éticas, así como proponer medidas de calado para que no vuelva a suceder”.
Entre los asuntos que quieren investigar los solicitantes están reflejados la búsqueda de “redes y estructuras opacas para la adjudicación de contratos en territorio nacional y en el extranjero”; “conocer, detectar y evaluar las presuntas cuentas irregulares en Suiza y otros paraísos fiscales y la proveniencia del capital” relacionadas con Juan Carlos de Borbón; su “responsabilidad en el caso Nóos o cualquier otro” de corrupción; si se han producido “extorsiones al CNI”; si se han producido “presuntos casos de blanqueo de capitales y chantajes” relacionados con las actividades del exmonarca; la existencia de “operaciones inmobiliarias fraudulentas”; o si hay otros testaferros, además de la propia Corinna, según sus palabras.
Los solicitantes señalan, además, que la abdicación de Juan Carlos I en 2014 abre la puerta a un posible enjuiciamiento del padre del actual rey ya que implica la “renuncia al privilegio de inviolabidlidad”, por lo que “se le podría exigir responsabilidades legales por los actos realizados fuera del ámbito de Jefatura de Estado”. Es decir, con posterioridad.
“Los hechos presuntamente irregulares declarados por Corinna se han desarrollado durante y después de la abdicación del Jefe del Estado”, apuntan los grupos. “Podría tener responsabilidades legales sobre estos actos ilícitos, siendo amparado por su aforamiento pero de ninguna manera por la inviolabilidad constitucional”.
El precedente de 2013
El dirigente de Unidos Podemos Rafael Mayoral ha recordado en la presentación de la solicitud que precisamente se cambió la ley para que Juan Carlos de Borbón estuviera aforado en el Tribunal Supremo una vez que abdicó, lo que demostraría que los hechos posteriores son punibles.
Mayoral, que sustituirá a Irene Montero en la comisión de secretos oficiales que finalmente se celebrará el miércoles, ha asegurado que “no se va a producir la circunstancia de 2013, que con la comparecencia de Félix Sanz Roldán se dio carpetazo”, en referencia al director del CNI.
“De estos temas se va a tener que discutir no se va a amordazar al Congreso”, ha apuntado. La semana pasada, su grupo también registró una PNL para que los grupos se posicionen ante la negativa del Gobierno de hacer públicos los nombres de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal del Gobierno del PP.
Junto a Mayoral ha comparecido el diputado de ERC Joan Margall, quien ha pedido “al tripartito del 155” que “no bloquee la comisión” y que “no eche el cerrojo al régimen del 78”. “Queremos saber si Juan Caralos I ha hecho de comercial y se ha lucrado con comisiones, que no sabemos si ha tributado”, ha señalado. “No sabemos si ha actuado de comercial de empresas armamentísticas a monarquías de dudosa legalidad”, ha añadido. “Queremos saber si el rey se benefició de la amnistía fiscal. Si tiene cuentas en Suiza”, ha concluido.
También ha expuesto su parecer el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, quien ha defendido que “esta debería ser una comisión de todo el Parlamento”. “Los monárquicos deberían defenderla con más énfasis y entusiasmo”, ha concluido.
