El caso Púnica ha sido un dolor de cabeza permanente para Cristina Cifuentes desde que se hizo con la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015. Pero la investigación de la trama que hasta el momento solo se había llevado por delante a diputados y altos cargos llama ahora directamente a la puerta de su despacho. De nada han servido sus esfuerzos por deshacerse de la herencia aguirrista para borrar el rastro de la corrupción de su Ejecutivo. En esta causa ella es la protagonista.
Manuel García Castellón, el juez instructor del caso Púnica, toma el próximo miércoles declaración como imputada a Tatiana Recoder. Era la jefa de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid en 2009, cuando el empresario Arturo Fernández se hizo con los servicios de Cafetería del parlamento regional. La mesa de contratación que según la Guardia Civil favoreció al dueño del Grupo Cantoblanco estaba presidida por Cifuentes.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastreó durante meses los indicios de irregularidades en los contratos con los que Fernández ganaba concesión tras concesión en el parlamento regional, mientras donaba a Fundescam. Los agentes interrogaron a todos los integrantes de la mesa de contratación salvo a su presidenta, sobre la que hicieron una precisión clave: “está sujeta al aforamiento preceptivo, según los estatutos de la Comunidad de Madrid”.
Ahora el magistrado de la Audiencia Nacional retoma el trabajo de los agentes y profundiza en los contratos presuntamente fraudulentos de la Asamblea. Interrogará a Recoder, que ante los agentes se desprendió de responsabilidad al asegurar que ella se limitó a dar una valoración jurídica, y que los criterios del contrato no eran su responsabilidad.
Una triple compatibilidad contraria a la ley
El testimonio de Recoder es importante porque esta letrada llamó la atención sobre una circunstancia que los agentes consideran muy relevante. Cifuentes compatibilizó su pertenencia al órgano de contratación de la asamblea con un asiento en el comité de expertos con el patronato de la Fundación Fundescam -de la que era donante Arturo Fernández- y otro en el comité de campaña electoral del PP.
La UCO considera que esa triple compatibilidad es “contraria a la legalidad” y “vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación”. La letrada de la Asamblea tampoco lo vio con buenos ojos y recomendó que Cifuentes se apartase. Pero nada más, no insistió en ello porque “no estaba inmersa en el procedimiento de contratación”. En el resto de su declaración ante la UCO dijo no acordarse de muchos de los detalles del proceso, pero descartó cualquier signo de irregularidad.
Los agentes, sin embargo, sí que las aprecian. En un extenso informe que entregaron al anterior juez del caso, Eloy Velasco, definieron los actos de la mesa de contratación como “una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida”.
Indicios acreditados “de manera indubitada”
Ese informe acotó los delitos -prevaricación continuada y cohecho- y reunió una serie de “elementos probatorios” para sostener sus acusaciones. Los agentes acusaron a uno de los integrantes de la mesa, Arturo Zubiri, de encargarse de desarrollar una “falsa argumentación” para favorecer al Grupo Cantoblanco, una estrategia de la que “tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos -María Cristina Cifuentes y María Merino-; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada”.
Velasco, poco antes de abandonar su puesto de instructor del caso por un ascenso a la Sala de Apelaciones, dejó caer que no veía indicios en contra de Cifuentes. Sin embargo, su firma estaba en un auto por el que se imputaba al propio Fernández por la existencia de “sólidos indicios de irregularidades penalmente relevantes” en el modo en que se adjudicó la cafetería de la Asamblea al grupo Cantoblanco.
Su sucesor también ha apreciado irregularidades. Al menos, ha decidido seguir investigando por qué Cantoblanco ganó concursos sin ser la empresa que merecía una mejor valoración. Tras la declaración de la exletrada de la Asamblea, García Castellón tendrá que decidir si imputa al resto de miembros de la mesa para continuar con la investigación. En cualquier caso, no podrá interrogar a Cifuentes que, como aforada, solo responde ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que el juez de la Audiencia Nacional tendrá que enviar una exposición razonada si encuentra indicios suficientes.