La investigación en Suiza que instruye el fiscal jefe del cantón de Ginebra Yves Bertossa ha encontrado una cuenta en Andorra vinculada al rey emérito, según ha desvelado este martes El Confidencial. El depósito, abierto en el banco Andbank, estaba controlado supuestamente a través de una sociedad instrumental —Stream SA— dirigida por testaferros.
Los investigadores han llegado hasta la cuenta del Principado, activa hasta 2016, por una transferencia de la Fundación Zagatka, la entidad administrada por Álvaro de Orleans-Borbón —primo lejano de Juan Carlos I— que pagó viajes del monarca por valor de ocho millones de euros. El 19 de mayo de 2008 se realizó una transacción de Zagatka por 150.000 euros a STREAM SA, sociedad panameña especializada en la constitución de entramadas offshore, según El Confidencial. Ese dinero se envió a una cuenta de Andorra que tenía la mercantil panameña por orden del gestor Arturo Fasana, presuntamente testaferro del rey emérito. Se trataba de la número AD79 0001 0000 4029 2980 0100 de Andbank.
De esta manera, según las pesquisas suizas, STREAM SA se habría utilizado como pantalla para ocultar su relación con la cuenta de Andorra. El depósito de este país formaría parte de la red que creó Juan Carlos I para acumular dinero fuera de las fronteras españolas.
La cuenta de Andorra se canceló en 2016, coincidiendo con la aplicación de la norma por la que el Principado se comprometió a compartir con terceros países información bancaria de todos los extranjeros que tuvieran productos activos en su territorio, según El Confidencial. Como su aplicación comenzaba en enero de 2017, muchas personas cerraron sus cuentas de forma previa para evitar que se transmitiese esa información. Ese mismo año se inició también la disolución de la sociedad STREAM SA, que quedó finalmente anulada en mayo de este año por el impago de las tasas de mantenimiento mercantil.
La Fiscalía del Tribunal Supremo en España tiene abiertas tres vías de investigación contra el emérito, la última iniciada en noviembre del año pasado tras recibir un informe de inteligencia del servicio antiblanqueo, que se suma a la que indaga sobre sus cuentas en Suiza y a las pesquisas sobre la utilización de tarjetas opacas. El rey Juan Carlos abdicó en 2014 y hasta ese año estuvo protegido judicialmente por la Constitución, que establece una suerte de impunidad legal para el jefe del Estado, al considerarlo inviolable.