El nombre de Juan Soler aparece en cada auto del juez el caso Teatro bajo el epígrafe investigado, pero nunca ha estado imputado. La causa judicial sobre la corrupción en su ayuntamiento le ha tenido como protagonista durante los últimos años, pero su condición de aforado ha impedido que el juez le cite a declarar. Ahora, tras más de tres años de investigación, la Fiscalía cree que es el momento de que el Supremo le impute, lo que obligará a los dirigentes del PP a tomar una decisión sobre uno de sus miembros más polémicos, protegido durante los últimos años y erigido en las últimas primarias como uno de los principales apoyos de Pablo Casado.
Soler se afilió al PP con 18 años y consiguió el acta de diputado en la Asamblea de Madrid con 27, en 1987. Medró a la sombra de Esperanza Aguirre hasta conseguir su logro político más importante. En 2011, en las elecciones autonómicas y municipales en las que los conservadores arrasaron, Soler se hizo con la alcaldía de Getafe. Ganó las elecciones y pactó con UPyD para suceder a Pedro Castro, el socialista que llevaba 28 años como alcalde.
En tan solo una legislatura, Soler acumuló escándalos, protagonizó polémicas y las irregularidades en su gestión dieron origen a una investigación que ha afectado a la práctica totalidad de su equipo de gobierno. Aguirre se retiró y Soler perdió la alcaldía en 2015. Sin embargo, ya con Cristina Cifuentes al frente del PP de Madrid, se mantuvo como portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Getafe, siguió de diputado regional y de senador.
Cifuentes consiguió que no volviese a presidir el PP de Getafe, pero le ha tenido durante estos años sentado en su bancada de la Asamblea. El caso de corrupción que le tiene como protagonista le ha supuesto varios dolores de cabeza con cada nueva revelación. De hecho, la expresidenta madrileña se vio obligada a cesar a un asesor a los pocos días de contratarle. Había estado en el gabinete de Soler y fue imputado en el caso Teatro.
Con Cifuentes fuera del partido y de la política, será el próximo líder del PP de Madrid quien tenga que lidiar con las novedades judiciales en torno a Soler. Pero con el cambio en el partido a nivel nacional, el caso también va a afectar a Pablo Casado. Soler ha sido uno de sus principales apoyos durante las primarias, dentro del núcleo de antiguos aguirristas que se ha avalado a Casado.
“Tiene las ideas claras explicándolas sin ofender. Tiene algo ‘kennedyano’, tiene carisma”, escribió en una tribuna que luego usó para sembrar dudas sobre los votos obtenidos por Soraya Sáenz de Santamaría. “La reconstitución del PP pasa por Pablo. Pocos lo dudan”, dice Soler en otra columna. En septiembre, el Supremo decidirá si se cruza en esa reconstrucción con la imputación de Casado por el caso Máster, un tribunal en el que también puede acabar Soler por su gestión como alcalde de Getafe.
Un contrato a la medida de la empresa escogida
Los posibles delitos que cometió se han investigado durante más de tres años, desde que en 2015 el activista contra la corrupción Roberto Benítez presentó la denuncia que dio origen al caso. La Fiscalía ha resumido ahora la investigación en en un escrito de 82 páginas con fecha de 23 de julio que incluye una lista de 34 acusados encabezada por Soler.
Ese escrito recoge cómo Soler prescindió de los requisitos exigibles cuando se licitan obras públicas. Se centra en la construcción de un nuevo teatro en la localidad, cuyas irregularidades comienzan desde el primer trámite. En lugar de encargarse el Ayuntamiento, la licitación quedó en manos de la empresa pública Getafe Iniciativas S.A. (GISA). La Fiscalía concluye que se hizo para saltarse trámites y esquivar la fiscalización de la Intervención General, así como evitar tener que informar al resto de partidos.
Hubo varios concursos para la demolición del edificio antiguo y la construcción del nuevo. El primero se fraccionó para poder otorgarlos a dedo, sostiene la Fiscalía, porque al procedimiento negociado sin publicidad se invitó a tres empresas relacionadas entre sí. Uno de los principales implicados, Julián Vegas, redactó las tres ofertas para el concurso del proyecto de demolición, asegura la Fiscalía.
Ya en el concurso para la obra de demolición fue otra compañía, Promogonsa, la que indicó a los responsables del Ayuntamiento a qué empresas se debía invitar. De hecho, esa empresa presentó físicamente la oferta de otra con la que teóricamente competía. Para la Fiscalía es un caso claro de amaño de concurso en el que varias sociedades, ayudadas por un procedimiento cerrado, presentan falsas ofertas en una adjudicación ya decidida para dar apariencia de legalidad.
Algo similar ocurrido en la licitación para construir el edificio, en el que se invitó a tres empresas relacionadas entre sí. Una de ellas, Vegas Arquitectura, no tenía ningún licenciado en arquitectura entre sus integrantes. La segunda oferta la presentó una socia del dueño de Vegas Arquitectura. La tercera corrió a cargo de un arquitecto técnico cuyo nombre aparece en la primera, como titular del seguro económico que se exigía para participar en el concurso.
Soler propuso que la adjudicación se diese a Vegas Arquitectura, “la oferta más ventajosa”. A partir de ahí, GISA realizó diversos cambios en las condiciones del contrato “sin los cuales Vegas Arquitectura nunca podría haber sido adjudicataria”. Es más, la Fiscalía asegura que se ha demostrado que a esa empresa se le comunicó que sería la ganadora antes incluso de comenzar los trámites del concurso.
Un paraíso para los arquitectos
Todos los implicados, empezando por Soler, conocían las irregularidades con el contrato para construir el nuevo teatro, y lo mismo ocurre con el resto de adjudicaciones investigadas. Por ejemplo, la que se hizo para construir nuevas escuelas infantiles en Getafe, “contactando directamente y sin concurso previo con el estudio de arquitectura previamente seleccionado para la realización del proyecto dejando en su mano la estimación del gasto de su propio trabajo”.
De esta forma era el arquitecto quien diseñaba el concurso a su antojo. En esa ocasión fue el estudio A-Cero, cuyo propietario, Joaquín Torres, cenó en alguna ocasión con Soler para fijar el presupuesto de la licitación.
A-Cero también se hizo con la reforma del Mercado Municipal. Un miembro de esa empresa estuvo sacando fotos del edificio para comunicar luego al Ayuntamiento si al estudio le interesaba o no la reforma. Para la Fiscalía, se daba a este estudio “un poder de decisión sobre los trabajos que realizaba el consistorio fuera de lo normal, ya que era esta empresa quien tenía conocimiento anticipado de los concursos, eligiendo y descartando a su antojo e incluso poniendo el precio de alguno de ellos”.
Algo similar ocurrió con el contrato para rehabilitar la antigua fábrica de harinas. “Antes de la celebración de un concurso para la redacción del proyecto de reforma, se solicita desde urbanismo un presupuesto a una empresa”, en este caso a Javier Fúster Arquitectos. “Esta solicitud de presupuesto se realiza no para sondear el mercado en busca del mejor precio, sino para amoldar los pliegos técnicos con ese informe”, añade el informe.
La Fiscalía cree más que probado que Soler conocía todas estas irregularidades, como muestras emails intervenidos y declaraciones de los implicados. En algunas ocasiones es él mismo quien impulsa el amaño, eligiendo de antemano las empresas que quiere para sus proyectos. Por ello reclama al juez que eleve su caso al Supremo, tres años después de la denuncia, y con Soler resguardado en el paraguas de Pablo Casado.