Las investigaciones de la Fiscalía por la gestión de residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia se han ido desinflando en las últimas semanas. En los meses más duros de la primera ola, con decenas de residentes fallecidos en centros de mayores de toda España, llegaron a acumular centenares de diligencias, pero varios meses después muchos de esos casos se han archivado.
En Madrid, que ha aglutinado más de la mitad de esos procedimientos, el Ministerio Público ya ha anunciado que la tendencia general es el sobreseimiento de estas denuncias presentadas generalmente por familiares de residentes. Catalunya actualmente tiene ocho causas abiertas, pero llegó a tener 36. El departamento de Dolores Delgado dejó en julio de centralizar el recuento de investigaciones. A pesar de que durante meses informó puntualmente de cómo evolucionaba cada uno de estos casos, ahora ninguna institución aglutina las cifras y depende de las fiscalías provinciales aportar esta información.
En la Comunidad de Madrid se investigaban en junio 99 de las 207 diligencias abiertas en las fiscalías de toda España por posibles delitos en la gestión de residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia. En octubre la Fiscalía autonómica explicaba en una nota de prensa que aunque “el criterio general” sea “archivar” estas actuaciones, eso no quiere decir que vaya a ser así en todos los casos.
“Puede concluirse que la actuación de la residencia se ajustó a su deber jurídico de garante en las especiales circunstancias en que se produjo la situación de riesgo, sin que se aprecie una actuación concreta cuya voluntaria omisión haya sido determinante para el resultado finalmente producido”, detalló la Fiscalía de Madrid, descartando el posible delito de homicidio imprudente argumentado en la denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente contra una residencia de Madrid en la que fallecieron 23 personas como consecuencia de la COVID-19.
La Fiscalía de Madrid no ha enviado ninguna investigación a un juzgado
De esta forma, el Ministerio Público descartó también los delitos de omisión del deber de socorro y de denegación de asistencia sanitaria alegando falta de “relevancia penal” en los hechos alegados. Desde la Fiscalía de Madrid aseguran que por ahora se mantiene la tendencia de archivos —aunque no aportan el dato de investigaciones abiertas— y no se ha optado por judicializar ninguna de las causas que han estudiado.
La mayor parte de las denuncias presentadas ante la Fiscalía han sido impulsadas por particulares o asociaciones. Sin embargo, otros colectivos han optado por judicializar la causa, como realizó la Marea de Residencias, que está promoviendo la presentación de denuncias en varios partidos judiciales. “Por ahora archivadas no hay ninguna, porque el único que dictaminó un auto de inadmisión y archivo fue el juzgado de Leganés, pero lo hemos recurrido”, explica Carmen López, portavoz de la plataforma. La titular del juzgado de instrucción número 5 de Leganés rechazó estudiar la querella presentada al considerar que se basaba en “conjeturas”, como adelantó Vozpopuli.
Otro caso que ha terminado en un juzgado es el de Alejina, usuaria de un centro de mayores de Griñón (Madrid) que falleció durante la pandemia. Su hija ha aportado una prueba relevante, la grabación de la doctora de la residencia, que reconoce por teléfono la existencia de una prohibición para derivar a la paciente a un hospital, a pesar de que no se encontraba bien.
“Es un comunicado de la Comunidad de Madrid”, reconoce la facultativa, en alusión a los protocolos internos que prohibían el traslado de residentes. El letrado que lleva este caso, Ignacio Palomar, apunta que esta causa “todavía no está admitida a trámite”. Además, realiza una observación: “Hay un retraso brutal en la admisión de estos casos. Sospechamos que no es por azar, es premeditado, para no ser el primer juzgado que instruye este tipo de procedimiento”.
Asimismo, Palomar, que pertenece al despacho Servilegal, destaca que aunque es complicado que estos procedimientos terminen con una sentencia condenatoria, el procedimiento penal sirve a la familia “para saber qué ha pasado de verdad”. Con la información obtenida en esas causas, cuenta que se les abre una “vía civil, para las residencias privadas, o contenciosa, para las públicas y concertadas, que les permite reclamar una indemnización en base a unos hechos que ya conocen”.
Girona y Barcelona mantienen investigaciones abiertas
Desde Catalunya también critican la opacidad con la que se ha gestionado la pandemia en las residencias. La Coordinadora de residencias 5+1, que agrupa a familiares de ancianos que viven en residencias de titularidad pública, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona para esclarecer los hechos sucedidos en 30 centros de mayores.
“Hicimos una denuncia general y luego desglosamos lo que había sucedido en cada residencia, para que se abra un procedimiento penal contra quien ellos consideren”, explica la portavoz de la Coordinadora, María José Carcelén, que a su vez lamenta que un de los derechos que se ha visto más perjudicado durante la pandemia haya sido la “transparencia”.
Después de Madrid, Catalunya fue la autonomía que acumuló más investigaciones en la Fiscalía: en junio estaban abiertas 36 diligencias. Actualmente, nueve se mantienen abiertas: ocho en Barcelona y una en Girona. Fuentes de la Fiscalía de Tarragona explican que estuvieron investigando hasta junio “una denuncia del Ayuntamiento de Els Pallaresos, contra los responsables de la residencia Nostrallar” por “considerar que había una situación de desatención respecto de las personas ingresadas, un número significativo de las cuales estaba contagiada por la COVID-19”. A finales de junio optaron por remitir las actuaciones realizadas a un juzgado de instrucción, añaden estas fuentes. Por su parte, desde la dirección actual del centro de mayores indican que no tienen constancia de este expediente y se limitan a explicar que “en aquellos momentos no gestionaban” la residencia.
En este centro concertado fallecieron 41 residentes, 29 confirmados con COVID-19 y doce presentaron síntomas compatibles con la enfermedad, según los datos publicados por Maldita. En abril, las familias denunciaban en elDiario.es la falta de transparencia en el acceso a información sobre sus seres queridos y los trabajadores reconocían que no tenían medios. El Ayuntamiento optó por reaccionar al ver que la residencia solicitaba “voluntarios” por redes sociales para cubrir las bajas de personal pero el director no reconocía esa carestía y se limitaba a comentarles que “todo iba bien”.
Las fiscalías retoman la vigilancia en esta segunda ola de la pandemia
En Barcelona, la Fiscalía provincial ha archivado 21 causas, aunque las fuentes consultadas no aclaran cuántas de ellas se han judicializado. Por su parte, tanto en Girona como en Lleida están realizando un seguimiento de la evolución del virus en las residencias que les competen. En este segunda ola, la Fiscalía de Valencia ya ha anunciado que va iniciar diligencias preprocesales —una actuación con la que se analiza si hay alguna irregularidad pero no tiene carácter penal— contra la residencia Domus Vi Elda, que ha registrado cerca de un centenar de contagios y dos fallecidos en un brote producido en la última semana, según informa el diario Las Provincias. Murcia también ha abierto unas diligencias recientemente.
Una veintena de residencias castellanomanchegas estuvieron bajo la lupa del Ministerio Público. Por ejemplo, en Ciudad Real llegaron a tener siete causas abiertas y todas ellas ya están archivadas porque no han encontrado “conductas punibles”, explican fuentes de esa Fiscalía provincial. El fiscal jefe de este territorio, Luis Huete, detalló en una entrevista en Lanzadigital el motivo por el que han tomado esta decisión: “Hay residencias en las que han muerto hasta 30 personas, pero se ha demostrado que han ido tomando medidas para evitar contagios conforme se lo pedía la Administración. Los conocimientos sobre la pandemia de ahora no son los que se tenían en marzo”. Albacete lleva una dinámica parecida, mantiene un caso vivo tras descartar otros cinco, mientras en Cuenca se continúan investigando cuatro y solo se ha sobreseído uno. Toledo y Guadalajara no han contestado a la petición de información de elDiario.es.
Canarias, por su parte, archivó todos los casos penales porque no se observó “indicio de delito”. En Asturias se mantuvo la misma dinámica. Sin embargo, Galicia mantiene pesquisas en cuatro residencias y Aragón continúa investigando cinco centros de mayores, tras rechazar ocho denuncias. El conteo por provincias y la falta de respuesta en gran parte de ellas complica la posibilidad de conocer en qué han quedado todos los casos sobre los que la Fiscalía General del Estado daba cuenta durante la primera ola.