Izquierda Unida está dispuesta a apoyar la investidura de un Gobierno de coalición e incluso a formar parte de un Ejecutivo de coalición como el propuesto por Pablo Iglesias. En ambos casos, la coalición que dirige Cayo Lara pone por delante una acuerdo programático, tal y como ha expresado en repetidas ocasiones su diputado Alberto Garzón. La Presidencia federal de IU ha aprobado este jueves 16 medidas que pone encima de la mesa para votar a favor del candidato que proponga Felipe VI, entre las que destacan derogar las reformas laborales de PP y PSOE, modificar el artículo 135 de la Constitución, elevar un 20% el salario mínimo este mismo año y poner en marcha una banca pública.
El órgano de IU aprobó por unanimidad, según una nota remitida por la organización, el informe político presentado por el coordinador federal, Cayo Lara. En él recordó su rechazo a cualquier opción que pase por el PP pero sí estableció el marco programático que IU pondrá sobre la mesa en una futura negociación por una investidura.
Sin citar a nadie, el documento aprobado abre la puerta a que los dos diputados de IU-UP voten a favor de Pedro Sánchez, aunque las condiciones de salida que impone no son fácilmente asumibles por el PSOE ya que en buena parte suponen una enmienda al segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a las accione como diputado de Sánchez.
IU quiere derogar las reformas laborales. Tanto las dos del PP como la que promovió el PSOE. Además apuesta una “modificación sustancial del artículo 135 de la Constitución”, que se aprobó en el verano de 2011 tras un pacto entre PSOE y PP y que introducía en la Carta Magna el control del déficit tras las presiones de Angela Merkel y las instituciones europeas. Pedro Sánchez votó a favor de aquella reforma, aunque está dispuesto a enmendar ese “error”.
La coalición también aboga por recuperar la jubilación a los 65 años con 35 años de cotización. Otra enmienda a una decisión de un Gobierno del PSOE y que en su momento contó con un amplio apoyo tanto en el Congreso como entre los agentes sociales. Los sindicatos mayoritarios apoyaron la medida.
Otra de las medidas que pude causar algún problema en la negociación es la creación de una banca pública, una reivindicación histórica de IU.
Además, IU quiere que en 2016 el SMI suba “al menos un 20%” hasta los 786 euros, aprobar un Plan de Emergencia Social y de Empleo, derogar la LOMCE y la llamada ley mordaza y derogar el artículo 315.3 del Código Penal que castiga con tres años de cárcel a quienes coaccionan a otros por iniciar o continuar una huelga, poner en marcha un Plan de choque contra la violencia de género y derogar las leyes que mantengan contenidos patriarcales.
Además, el informe de Cayo Lara aprobado conmina a la creación de una comisión negociadora en el caso de la participación de Izquierda Unida en futuras negociaciones con otras fuerzas políticas para la formación de un Gobierno, la opción que propuso el pasado viernes Pablo Iglesias por sorpresa. El proceso debería finalmente ser aprobado por “el conjunto de la organización”.
Aprobación de una reforma fiscal progresiva y combatir el fraude fiscal.
Aprobación de un Plan de Emergencia Social y de Empleo (desarrollando así las propuestas programáticas de IU)
Elevar el SMI al menos un 20% en 2016.
Recuperar la edad de jubilación a los 65 años y 35 años de cotización.
Creación de un Plan de Empleo-formación.
Derogación de las reformas laborales aprobadas por los gobiernos del PP y del PSOE.
Modificación sustancial del artículo 135 de la Constitución.
Plan de apoyo a la economía social.
Creación de una Banca Pública a partir de las entidades bancarias que están nacionalizadas.
Derogación de la LOMCE y apuesta por la universalidad y gratuidad de la Educación.
Derogación de la denominada ‘Ley mordaza’ y supresión del artículo 315.3 del Código Penal.
Aprobación de un Plan de choque contra la violencia de género.
Derogación de las leyes que mantengan contenidos patriarcales.
Impulsar la autonomía municipal y derogar las reformas llevadas a cabo por el Gobierno del PP en esta materia.
Aprobación de una amplia reforma electoral que respete la proporcionalidad del voto, además de una profunda reforma del Senado para convertirlo de forma efectiva en una cámara de representación territorial.
Impulsar la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la corrupción y la financiación ilegal de los partidos políticos.