“Esta semana presentaremos una querella contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por vulnerar derechos fundamentales como el derecho de manifestación y reunión”. El diputado de IU Alberto Garzón ha anunciado esta mañana en Córdoba que esta formación llevará a los tribunales a Cifuentes y a todos los delegados del Gobierno en España que “malinterpreten de forma sesgada” el derecho de manifestación e intenten impedir las protestas no comunicadas o autorizadas imponiendo multas y sanciones de elevadísima cuantía a sus participantes. Garzón se ha referido, sobre todo, a la protesta del pasado 27 de octubre junto al Congreso de los Diputados y convocada por la Coordinadora 25-S contra los presupuestos que ha terminado con sanciones de 500 euros a un total de 300 personas.
Aparte de la querella, los diputados de IU se van a “autoinculpar” porque “nosotros también estuvimos en la manifestación”, según el portavoz de esta coalición, José Luis Centella. “¿Porqué la señora Cifuentes multa a unos sí y a otros no?”, se preguntó. Además, Alberto Garzón anunció que IU dará “cobertura” los sancionados en toda España por participar en manifestaciones y protestas. De esta manera, se habilitará una página web donde se centralizará toda la información y además se colgará un “modelo de recurso contra estas sanciones” para que los afectados puedan “tener a su disposición toda la cobertura legal” posible.
Garzón asegura que el objetivo del PP es “convertir la frustración de la ciudadanía en resignación a través del miedo” con estas sanciones, “con identificaciones arbitrarias, detenciones injustificadas y la represión violenta” a la que preparan a los policías nacionales, tal y como ha denunciado el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
IU también pedirá la comparecencia urgente del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que explique en sede parlamentaria el objetivo de estas sanciones a los participantes en manifestaciones que no están autorizadas pero que son pacíficas. “Algo va mal cuando se indulta a policías condenados por tortura y se persigue y se multa a personas que lo que piden es más democracia”, zanjó el portavoz José Luis Centella.
Después de este anuncio (realizado durante la celebración de la XVIII Asamblea Regional de IU-Andalucía), los parlamentarios, acompañados del coordinador regional en Andalucía, Diego Valderas, visitaron una acampada no autorizada frente a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba y que acabará siendo sancionada, tal y como han apuntado fuentes de esta institución. La acampada la ha iniciado la alcaldesa de Belmez, Aurora Rubio (IU), y parte de su Corporación municipal para exigir al Gobierno que pague al Ayuntamiento un dinero comprometido del plan de reconversión del sector del carbón, el conocido como plan Miner, que aún debe al Consistorio.
Tal y como avanzó ayer eldiario.es, al menos 300 personas están recibiendo una multa como esta, firmada por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por acudir a la manifestación celebrada en Madrid el 27 de octubre y convocada por la Coordinadora 25-S contra los presupuestos. Se trata en este caso de una sanción grave de 500 euros.
Las sanciones no son estrictamente por participar en una manifestación “no notificada”. Aunque este hecho se utiliza para preparar el terreno y justificar la multa durante tres párrafos, en el cuarto el texto hace un requiebro y cita el artículo 23 de la Ley sobre Protección Ciudadana, que no tiene relación directa con la convocatoria irregular de manifestaciones sino con “desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos” o los “daños graves a los bienes de uso público”.