Ángel Pérez y Gregorio Gordo ya no son militantes de Izquierda Unida. La Presidencia federal de la coalición que dirige Cayo Lara ha decidido aprobar la propuesta de resolución de las ponentes del expediente disciplinario que se abrió a los portavoces municipal y autonómico en Madrid el pasado 6 de febrero. El expediente, instruido por la coordinadora de IU en La Rioja, Henar Moreno, y por la dirigente andaluza Amanda Meyer, ha sido aprobada por 31 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
Entre los que han votado a favor estaba el coordinador federal, Cayo Lara, quien no ha intervenido en el debate, según personas que han asistido a la reunión. Un total de 12 de los presentes decidieron no participar en la votación, según la nota de IU.
La expulsión ya es ejecutiva, es decir, ya se ha producido, según miembros de la Presidenc¡a. “Se les da de baja de las fichas”, aseguran las mismas fuentes.
El motivo de la expulsión es una “falta muy grave” por haber actuado “en contra de los acuerdos, decisiones o resoluciones expresamente adoptados por los órganos de la organización en el marco de sus competencias con consecuencias negativas para IU”. El expediente se refiere a las distintas resoluciones adoptadas desde el pasado mes de octubre por la Presidencia federal de IU en varias ocasiones que exigía que Pérez y Gordo dimitieran o fueran expulsados de sus respectivos cargos por los grupos. Ninguna de las dos cosas ocurrió.
La decisión adoptada hoy debería poner final al largo conflicto abierto entre la dirección federal de IU, aunque el pasado miércoles Pérez advirtió en una rueda de prensa de que acudiría a los tribunales si la Presidencia adoptaba esta decisión.
Precisamente una de las representantes de IU de Madrid (IUCM) en la Presidencia federal, Lidia Fernández, ha advertido del resultado que puede deparar ese proceso judicial, si finalmente llega. “Si los compañeros [Pérez y Gordo] nos llevan a los tribunales es muy probable que su causa prospere. Nos pueden más las tripas que garantizar los derechos”, ha espetado en su turno de palabra.
En el mismo sentido se ha posicionado Izquierda Abierta, el partido liderado por Gaspar Llamazares y Montse Muñoz. Fuentes oficiales han calificado en declaraciones a eldiario.es el expediente de “lamentable desde el punto de vista jurídico” ya que “no han comparecido los 'condenados'; no han tenido representantes; deja impune a la Ejecutiva que en 2009 nombró a Moral Santín; abre la puerta a que los condenados denuncien a IU; y se parece más a un juicio de honor militar que a un juicio de Ley”.
En su intervención, Lidia Fernández, muy próxima a Ángel Pérez, ha criticado duramente la expulsión de ambos ya exdirigentes: “¿Alguien recuerda algún precedente de una decisión como la que este órgano va a tomar hoy aquí?”, ha preguntado a los presentes, para insistir en la “incompetencia de la Presidencia federal, porque pide que se vayan dos cargos públicos de la Comunidad de Madrid y tanto los estatutos federales como regionales aseguran que es la Presidencia regional la quien tiene las competencias”.
Por último, la dirigente madrileña ha considerado “lamentable la estrategia en medios con respecto al coordinador general de IU [Cayo Lara] y de desestabilización por no adoptar una decisión de parte que algunas personas demandan”, en referencia a la política de confluencia, uno de los principales motivos de la guerra declarada entre Madrid y la dirección federal.