La dirección de Izquierda Unida confía en que su federación madrileña (IUCM) resuelva antes del martes la investigación interna abierta tras el escándalo de las tarjetas black. Pero si no lo hace, será la propia dirección federal la que tomará las riendas para determinar las responsabilidades políticas de aquellas personas que, por acción u omisión, permitieron que la actuación de sus consejeros en Caja Madrid y Bankia fuera la que se ha conocido en los últimos tiempos.
Así lo ha decidido la Presidencia Federal, tras una reunión de cerca de cuatro horas, sin ningún voto en contra y tres abstenciones. El texto aprobado señala: “IU Federal en el marco de sus competencias y junto a IU Madrid, velará por que en ningún caso se frustre la investigación de la Comisión de Investigación de IU Madrid y mandata a la Comisión Ejecutiva Federal para hacer efectivo este acuerdo”. La Ejecutiva Federal se reunirá el próximo martes para recibir las conclusiones a las que haya llegado la comisión de investigación de Madrid.
“Todas las intervenciones han sido duras o muy duras a la hora de señalar que hay que ser implacables en la decisión de buscar las responsabilidades políticas”, ha asegurado a eldiario.es uno de los asistentes. La primera fue la del diputado malagueño Alberto Garzón. El también responsable de Convergencia de IU realizó un duro alegato en el que señalaba que la organización está “en jaque por el lado externo y por el interno”.
Garzón, de 29 años, considera que “no es posible mantener una actividad corrupta como la que estamos viendo”, en relación a las actuaciones de José Antonio Moral Santín y otros consejeros de Caja Madrid, “sin, como mínimo, el silencio cómplice de responsables políticos de IUCM”. “Queremos picas y cabezas en la Puerta del Sol de Madrid. Que caigan los corruptos y los responsables políticos de aupar a esos corruptos”, aseguró también el diputado ante unos 70 cuadros de IU.
No ha sido la única intervención en este sentido, pero sí la que ha abierto fuego. Y la que tiene una interpretación tanto de puertas afuera como de puertas adentro. El resto de discursos ha seguido una línea similar. El coordinador de Andalucía, Antonio Maíllo, ha conminado a “utilizar el bisturí para extirpar lo que pueda haber de podrido” mientras Enrique Santiago, miembro de la Ejecutiva federal, ha pedido la dimisión de todos los que fueron coordinadores de Madrid en ese tiempo. Santiago fue una de las tres abstenciones.
Entre ellos está el actual número dos de Cayo Lara, Miguel Reneses, también presente en la reunión de hoy. Y su antecesor y su sucesor, Ángel Pérez y Gregorio Gordo, que hoy son portavoces en el Ayuntamiento y en la Asamblea de Madrid, respectivamente.
Moral Santín y la mentira
La Presidencia del sábado ratificó además la constitución de una Comisión de Transparencia que tiene como primera misión ayudar a la federación madrileña a resolver lo antes posible sus pesquisas internas. Y que será la que tomará el relevo si IUCM no es capaz de presentar unas conclusiones aceptables ante la Ejecutiva federal.
Personas que han asistido a la cita aseguran que por primera vez se ha establecido una relación de colaboración fluida entre la dirección federal y la madrileña y reiteran en que actualmente el clima es de confianza. Y que la Presidencia ha mostrado su apoyo a la actual dirección regional, que encabeza Eddy Sánchez, y que en una semana ha creado la comisión de investigación, ha reunido dos Ejecutivas regionales y ha informado a la dirección federal.
Este mismo viernes, el Consejo Político Regional de Madrid pidió perdón “a la sociedad porque personas nombradas por nuestra organización cometieran unos hechos que tachamos de conducta intolerable y que no puede merecer otra cosa por nuestra parte que nuestra más radical condena”. El principal órgano de IUCM entre asambleas también pidió a los que fueran consejeros en Caja Madrid y Bankia en su nombre “que reembolsen las cantidades gastadas ya que independientemente de que pudiera ser legal o no, es sin ningún género de dudas incompatible con principios éticos”.
La resolución del CPR arremete además contra José Antonio Moral Santín: “Tenemos que recordar que el 20 de febrero de 2012 ya constituimos una comisión en la que se citó a Moral Santín para preguntarle sobre sus retribuciones y nos trajo unos supuestos certificados oficiales que se ha demostrado que no se correspondían con la realidad de sus ingresos. Este hombre ha hecho de la mentira su modus operandi”.
Asistentes a la Presidencia de este sábado también señalan que los responsables de Madrid han alertado de las dificultades que están teniendo en la investigación. Ante estas dificultades, la dirección federal está dispuesta a tomar las riendas para que, tal y como ha pedido Cayo Lara, la cuestión se solucione lo antes posible.
Además, la Comisión de Transparencia tiene la misión de recopilar toda la información que posea el resto de federaciones sobre la actuación de sus respectivos consejeros en otras cajas, con el fin de evitar que futuras informaciones dañen aún más la credibilidad de la organización y, en cualquier caso, para adelantarse y tomar decisiones políticas antes de que otro posible escándalo pueda estallar.