La Ejecutiva regional de IU de Madrid (IUCM) ha aprobado una resolución por 12 votos a favor y tres en contra en la que rechaza el ultimátum de tres días que le lanzó el pasado lunes la Presidencia federal para que señalara a los responsables políticos de su participación en Caja Madrid. El órgano federal apuntaba, sin citar sus nombres, a “quienes han sido coordinadores generales de IUCM en los momentos en los que se han tomado decisiones sobre Caja Madrid y Bankia”. Es decir, al actual número dos de IU, Miguel Reneses, al portavoz municipal de IUCM, Ángel Pérez, y al regional, Gregorio Gordo. IUCM rechaza las actuaciones “por no fundamentadas, carentes en su conjunto de criterios racionales, objetivables y documentales”.
IU de Madrid avisa además de que “cualquier medida que se pretenda imponer está destinada al fracaso y a no ser implementada, dada la ausencia de soporte estatutario federal y madrileño”.
La Presidencia federal conoció el pasado lunes las primeras conclusiones del informe que una comisión ad hoc había hecho sobre la actuación de las distintas federaciones de IU en las cajas, especialmente en Caja Madrid, donde IUCM mantuvo varios representantes desde mediados de los 90. En esa reunión, el órgano pidió a IUCM que “concrete los nombres de las personas que, para asumir las responsabilidades políticas, cesan o dimiten de todos sus cargos públicos y orgánicos”.
IU de Madrid considera, sin embargo, que dicha petición “sólo puede provocar la ruptura interna” de la federación e interferir en el proceso de primarias abierto para elegir a los candidatos a las próximas elecciones municipales y autonómicas. En este sentido, la resolución aprobada este martes por la dirección de Madrid en una reunión de más de cuatro horas señala que “IUCM tenía y tiene previsto afrontar sus procesos de forma acordada, con el fin de aumentar el impulso político de nuestra organización”.
La resolución defiende además los trabajos realizados por su propia comisión de investigación. En ella, la federación limitó las responsabilidades políticas al diputado regional Antero Ruiz, quien firmó en su día el conocido como pacto de estabilidad por Caja Madrid. Ruiz ha sido suspendido de militancia y se le ha pedido que devuelva su acta, además de haber sido apartado de los puestos de responsabilidad institucional que ocupaba en nombre de la coalición.
IUCM devuelve la pelota y propone dos actuaciones. Primero, una reunión con la Dirección federal “con el fin de poder aportar la documentación pertinente que demuestra por qué es inaceptable” el ultimátum de la Presidencia federal.
Además, pide que la Comisión de Transparencia acepte la comparecencia de los miembros de la Ejecutiva regional, de los “coordinadores, portavoces institucionales en todos los ámbitos, así como secretarios, presidentes y gerentes de Fundeste”, la fundación dependiente de IUCM y salpicada también por los escándalos de Caja Madrid. La Fundación Caja Madrid donó 373.888 euros entre 2009 y 2011 a Fundeste, cuyo patronato estaba entonces presidido por Ángel Pérez.
El plazo que dio la Presidencia federal a IU de Madrid concluye el jueves. El próximo domingo está prevista una reunión ordinaria del máximo órgano entre asambleas, el Consejo Político Federal, donde se dilucidará la situación.