La reapertura en la Audiencia Nacional de la pieza del caso Villarejo que apunta a presuntos delitos de Juan Carlos I, y en la que el juez ha llamado a declarar como investigada a Corinna Larsen, ha motivado que Izquierda Unida, el PCE y la asociación de abogados FAI-RAD reclamen al Tribunal Supremo que reconsidere la querella que presentaron contra el rey emérito en diciembre de 2018 y que fue inadmitida precisamente basándose en el sobreseimiento de la causa seguida por el juez Manuel García-Castellón.
Las nuevas revelaciones aportadas por la justicia de Suiza, país que investiga también en parte los mismos hechos, así como el contenido de unos informes de la Policía de hace dos meses analizando el material incautado al excomisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión provisional, han llevado a la reapertura del caso. García Castellón ha citado para los días 7 y 8 de septiembre como investigados a Corinna Larsen, a Villarejo, al socio de éste Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga.
Pero la Audiencia Nacional no es competente para investigar a Juan Carlos de Borbón, aforado por su condición de rey emérito ante el Supremo. Ese fue el motivo por el que los querellantes se dirigieron al Alto Tribunal en 2018. Y por que el que vuelven a hacerlo ahora. La querella, que se presentó coincidiendo con el 40º aniversario de la Constitución Española, señalaba al exrey por pertenencia a organización criminal y otros seis delitos: cohecho, delito contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude, tráfico de influencias, y por actividades y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, los querellantes recuerdan que el único motivo que esgrimió el Supremo para archivar su denuncia fue que la Audiencia había sobreseído el caso sin elevar además posibles indicios contra el padre de Felipe VI que hubieran podido detectarse en la instrucción. “Los hechos ya han sido investigados y el proceso penal se ha archivado”, sostuvo el juez Manuel Marchena en su escrito de inadmisión.
Pero desde entonces hasta hoy, dicen los querellados, la situación no es la misma. No solo porque la Audiencia Nacional haya reabierto el caso, también por la documentación remitida por la Fiscalía de Suiza, donde un juez investiga las supuestas comisiones cobradas por el rey emérito en la construcción del AVE en Arabia Saudí.
En este sentido, recuerda el escrito, “la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, tras diversos contactos con la Fiscalía Suiza, el expediente de las diligencias de investigación 38/2018 incoadas por la Fiscalía Anticorrupción para investigar los fondos irregulares que S.M Juan Carlos de Borbón habría tenido depositados en Suiza y relacionados con los pagos realizados por Arabia Saudí”.
Los querellados aseguran que “pese a lo avanzado de las investigaciones y al acervo probatorio e indiciario recopilado, aún no se ha interpuesto acción penal alguna por parte de la fiscalía, corriendo sin embargo los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos”. La inviolabilidad y la irresponsabilidad del rey impide cualquier investigación previa a junio de 2014, cuando abdicó en favor de su hijo, Felipe VI. Pero lo ocurrido después no escapa de la Justicia, en teoría. Simplemente, está sujeto al aforamiento que tiene el rey emérito en el Supremo. Y a las investigaciones se les aplica el mismo criterio de prescripción que al resto.