Acabó la Comisión de Interior del Congreso con el fracaso de la reforma de la ley mordaza y los diputados de PP y Vox rompieron a aplaudir muy satisfechos. La más entusiasta era la portavoz del PP en temas de Policía, Ana Vázquez Blanco. Hace unos días, la diputada tuiteó el resultado de una encuesta aparecida en la web de Telemadrid –el canal privado de Isabel Díaz Ayuso– tan creíble como un billete de veinte euros con la cara del Pato Donald. “Un 96% cree que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana desprotege a Policía y Guardia Civil”, decía el titular. No deberían haberse cortado. ¿Por qué no un 100%?
Fue un gran día para la derecha. También para el sindicato policial Jusapol después de una campaña repleta de bulos y mentiras contra el intento de cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana. Y una buena noticia para Jorge Fernández Díaz, al que la Fiscalía pide quince años de prisión por los delitos cometidos por la 'policía política' del PP, que puede comprobar que su criatura ha sobrevivido a cinco años de Gobierno de izquierda.
El gatillazo legislativo deja en muy mal lugar a Pedro Sánchez, que ya en 2015 prometió que esa ley no sobreviviría a su llegada al poder. “La vamos a derogar en cuanto entremos en el Gobierno”, dijo en la campaña electoral de ese año. Y luego reiteró ese compromiso en ruedas de prensa, entrevistas y discursos en el Parlamento. Formó parte del acuerdo que hizo posible el Gobierno de coalición.
Al final, la ley ha sido un hueso duro como la piedra para la mayoría de izquierda en el Congreso que sólo ha podido roerlo hasta darse por vencida. Ha colocado en trincheras diferentes al PSOE y a los dos partidos más importantes entre los socios habituales, ERC y EH Bildu. Ha terminado por ser otro motivo de división dentro del grupo parlamentario de Unidas Podemos, cuyas heridas internas acabaron plasmadas en las redes sociales.
Todos se lavaron las manos y señalaron al otro como culpable.
La ponencia legislativa que no salió adelante al contar con el rechazo de ERC y EH Bildu, además del de la oposición, había modificado 35 de los 54 artículos de la ley y alterado 22 sanciones de las más de 40 establecidas, escribió hace unas semanas en este medio Enrique Santiago, portavoz adjunto de Unidas Podemos. El resultado de las negociaciones “ya recupera la mayoría de libertades recortadas por el Gobierno de Rajoy”, dijo Santiago el lunes.
No era suficiente para los críticos con la reforma al no haber cambios drásticos en cuatro asuntos: infracciones de desobediencia, falta de respeto a la autoridad, uso de pelotas de goma por los antidisturbios y devoluciones en caliente en las fronteras. Fueron estos dos últimos ejemplos los que destacó Gabriel Rufián, que mostró dos fotos en una rueda de prensa. Una de ellas era la de Ester Quintana, que perdió un ojo por el disparo con una bala de goma hecho por los mossos en 2012.
“La maravillosa propuesta que supuestamente deroga la ley mordaza –dijo Rufián– sigue permitiendo esto, apalear gente en la frontera (foto de patada de un policía a un migrante cuando intentaba entrar en Ceuta o Melilla) y sigue permitiendo esto (foto de Quintana), sacar un ojo a la gente con pelotas de goma”.
Los socialistas respondieron que el uso de pelotas de goma “no se regula en una ley”, que las devoluciones se regulan en la ley de extranjería y que han “objetivado” lo que se pueda considerar faltas de respeto a los agentes de policía: “Lo que no podemos es desvestir de autoridad a los agentes de autoridad”, argumentó Patxi López.
Un informe de Amnistía Internacional establece que en las últimas dos décadas las pelotas han causado la muerte de una persona —Iñigo Cabacas en Bilbao en 2012— y lesiones graves a otras 24, de las que cuatro acabaron perdiendo la visión de un ojo. En Euskadi y Catalunya no están prohibidas por ley, pero no se utilizan por decisión de las consejerías de Interior, que han elegido como alternativa las balas de 'foam'.
Fue dentro de Unidas Podemos donde la discrepancia fue más llamativa, porque ni siquiera se pusieron de acuerdo en identificar al responsable. Santiago respondió a un artículo de Pablo Iglesias contra las pelotas de goma diciendo que la propuesta de reforma no las menciona porque eso “es materia de las leyes de policía autonómicas y del Estado”. No aceptó que se renuncie a la reforma sólo a causa de las pelotas de goma: “Unidas Podemos ha trabajado para eliminarlas, pero no conseguirlo aún no justifica cuatro años más de mordaza”.
El uso de pelotas de goma por los antidisturbios no aparecía en el texto de la ley aprobada con la mayoría absoluta del PP en 2013.
Tanto Ione Belarra como Pablo Echenique acusaron directamente al PSOE. “La derogación de la ley mordaza ha caído porque el PSOE así lo ha querido”, les acusó Echenique.
Por el contrario, En Comú Podem señaló a los aliados. Jaume Asens dijo que tanto el PSOE como Esquerra y EH Bildu “han contribuido al fracaso”, pero achacó más responsabilidad a los segundos. “Su electoralismo lo paga la ciudadanía. Las derechas están contentas y las calles enfadadas”, escribió el diputado catalán Joan Mena.
El PNV miró en la misma dirección. “La semana que viene o la siguiente o el año que viene, si hay una manifestación y se producen sanciones desproporcionadas, que los afectados se dirijan a ERC y Bildu”, dijo Aitor Esteban.
Los socialistas podrían haber prorrogado las negociaciones, aunque creían que las posibilidades de éxito eran nulas. Ninguna de las dos partes estaba dispuesta a ceder. Para el PSOE, ha llegado el momento de la legislatura en que toca limpieza de proyectos pendientes. Los que no tengan un futuro muy claro se van a la papelera, con la excepción del proyecto de ley de vivienda, que aún no puede darse por muerto.
Quien no abrió la boca el martes fue el ministro de Interior. Fernando Grande-Marlaska ha hecho anuncios sobre la reforma de la ley mordaza al igual que Sánchez, pero es difícil encontrar rastros de su presencia en las conversaciones. Otros ministros con cambios legislativos que afectan a sus departamentos han sido más activos y se han movido con la intención de facilitar el acuerdo. Marlaska, que no es precisamente el ministro favorito de los socios del PSOE, ofrecía la imagen de que si no se cambiaba finalmente la ley, él no iba a perder muchas horas de sueño.
La movilización de Jusapol contra los cambios en la ley mordaza originó una campaña de desinformación en la que sus dirigentes, con el apoyo decidido del PP y Vox, anunciaron todo tipo de catástrofes si culminaba con la derogación o reforma. “El triunfo de la anarquía”. “Un auténtico infierno”. “Si la reforma se consuma, va a arder la calle”. La distopía de intención reaccionaria era la culminación de un proceso de radicalización de los nuevos representantes sindicales de la Policía y Guardia Civil.
Como si España fuera uno de esos países latinoamericanos en que la policía es un poder fáctico habituado a proferir amenazas contra el Gobierno elegido democráticamente, los policías optaron por politizar de lleno su condición de funcionarios del Estado.
Ellos han terminado siendo los principales vencedores del proceso abortado de reforma de la ley mordaza.
En palabras de Enrique Santiago sobre lo ocurrido el martes, fue “un mal día para los derechos fundamentales”.