La “campaña de radicalidad democrática” impulsada en el seno de Izquierda Unida ya está plasmada en un documento oficial aprobado ayer por la Ejecutiva de la coalición y que, desde hoy, está abierto a las aportaciones de las bases del partido pero también de toda la ciudadanía. En los próximos meses, dirigentes de IU recorrerán “todo el Estado” para explicar a la sociedad en qué consiste, según han explicado hoy el secretario general del PCE y número dos del grupo parlamentario de Izquierda Plural, José Luis Centella, y el coordinador del documento, el diputado Alberto Garzón.
“Queremos abrir el debate a la sociedad, sacarlo del Parlamento, porque hay quien se extraña de que un escrache sea una manifestación democrática al margen del Congreso”, ha señalado Centella, quien ha asegurado que la propuesta busca “que el Parlamento no esté rodeado de vallas”. “Es un debate que no tiene fechas. Queremos que sirva de brújula a IU”, ha aseverado Garzón.
Ambos dirigentes han fiado largo el proceso de lectura y debate del documento y han reconocido que, aunque algunas de las propuestas podrían ser puestas en marcha hoy mismo, otras exigirían un cambio en profundidad de la legislación española y de la propia Constitución de 1978.
La coalición ha puesto en marcha esta misma mañana la web revoluciondemocraticaysocial.org para facilitar la participación y recopilar las propuestas y enmiendas, aunque de momento esta parte no está habilitada.
El documento se divide en dos partes (revolución económica y política) y, tal y como adelantó eldiario.es, “se trata de dotar a la democracia de un adjetivo del que siempre debe ir acompañada: participación”, según ha señalado Alberto Garzón, quien ha recordado que no es una propuesta cerrada que deban asumir las bases y la sociedad, sino “servir de plataforma para un debate riguroso y honesto”.
En cuanto a la “revolución económica”, el documento recoge propuestas que la coalición ya ha llevado en alguna ocasión a los órganos en los que tiene representación. Ahora, se reúnen en un informe que, además, está abierto a ser enmendado.
Su motivación parte de que “la mayoría social trabajadora no puede esperar nada positivo del gran capital” lo que hace necesarias “medidas urgentes que no pueden venir nunca de la derecha”. Dichas medidas consisten en una auditoría ciudadana de la deuda pública tras la “socialización acometida por el proyecto neoliberal”; priorizar el gasto social, lo que implicaría “una reforma constitucional que elimine el artículo 135, así como la derogación de la reforma laboral y de las pensiones”; adoptar un “plan de emergencia para combatir el desempleo” elevando el salario mínimo interprofesional y la pensión mínima a los 1.000 euros; establecer políticas de igualdad y tiempo de trabajo “como garantía de una sociedad justa y solidaria”; acometer una reforma fiscal que rebaje el peso de los impuestos indirectos en favor de los directos; establecer una banca pública como “requisito para poder garantizar que el crédito fluya” y que “sustituya el criterio de la rentabilidad por otro social”; apuntalar el derecho social a la vivienda “por medio de la moratoria inmediata de desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social” y de la conversión del parque de vivienda vacías en alquiler público barato; por último, el documento propone el fomento del sector primaria (agricultura y ganadería) “para un mundo rural vivo en lo económico, lo social y lo ecológico.
Control efectivo del representante por parte del representado
La “revolución política” que propone IU en el documento presentado este miércoles propone un “modelo de integración horizontal y solidario” frente al “golpe de la troika” que pretende una “democracia formal” que puede derivar en un “régimen autoritario”.
Los cuatro ejes que IU quiere someter al debate de la sociedad son revisar el estatus del cargo público; propiciar la participación civil, la transparencia y la democracia participativa; revisar el procedimiento electoral; y luchar contra la desinformación y la monopolización de los medios de comunicación.
Tal y como ocurre con el apartado económico, IU recopila iniciativas que ya ha presentado en algún momento, aunque incluye elementos inéditos como la creación de la figura del revocatorio, un mecanismo que permitiría a los ciudadanos descabalgar a un cargo público sin tener que esperar a las regladas elecciones.
La idea es dotar a la democracia española “de unas reglas del juego aprobadas por todos y que permitan el control del representante por parte del representado”, según ha señalado Alberto Garzón. “El representante no puede estar desconectado del ciudadano para que no acabe al servicio de los grupos de poder. Se trata de desincentivar comportamientos poco éticos y corruptos”, ha rematado el diputado.
El planteamiento que hace IU es teórico, sin establecer el mecanismo concreto que permitiría que la ciudadanía decidiera expulsar a un ministro o a un consejero autonómico. Será la ciudadanía, durante el debate que ahora empieza, quien establezca qué cargos pueden ser reprobados y de qué manera.
Izquierda Unida rechaza priorizar alguno de los múltiples elementos que propone. “No queremos jerarquizar para que el debate sea honesto. Esto no tiene nada que ver con las elecciones”, ha asegurado ambos dirigentes, que han recordado que IU ya ha abierto a la sociedad la confección del programa electoral de las próximas elecciones europeas.
Consulta íntegro el documento presentado hoy por IU.