“¿Cómo se atreve el Gobierno a espiar al exmagistrado Baltasar Garzón?”, interpela Izquierda Unida en una batería de preguntas parlamentarias que ha presentado ante la Mesa del Congreso para conocer los motivos que llevan al Ejecutivo de Mariano Rajoy a seguir los pasos del exjuez de la Audiencia Nacional en el extranjero, tal y como informó eldiario.es.
Concretamente, IU pide al Gobierno que dé explicaciones sobre la información remitida al ministro relacionada con un viaje del exmagistrado a Nicaragua el pasado mes de octubre. La coalición de izquierdas quiere saber “qué autoridad ordenó” ese seguimiento y las “razones” que impulsaron a la petición de un informe elaborado por el embajador en Managua, León de la Torre. En esa comunicación se detallaba la presencia del exmagistrado en el país para hacer negocios como representante de una empresa eléctrica con intenciones en la compra de la distribución de energía que, por entonces, estaba en manos de Gas Natural Fenosa.
El diputado Gaspar Llamazares también pregunta si es cierto que el ministerio de Asuntos Exteriores recibe información sobre “los movimientos del exjuez Baltasar Garzón en sus viajes al extranjero” y, en su caso, si lo hacen agentes del CNI: “¿Cuáles son los criterios utilizados por el Gobierno para ordenar seguimientos e informes del CNI a ciudadanos españoles durante sus estancias en el extranjero?”. “¿Considera el Gobierno que a nuestros agentes de inteligencia se les paga para seguir a ciudadanos españoles que no suponen riesgo alguno para nuestro país?”, cuestiona.
IU destaca en su interpelación que se espía a un ciudadano español que ha servido al Estado “en su lucha contra narcotraficantes, corruptores y terroristas” y plantea que, en este caso, se espía a un exjuez de la Audiencia Nacional que “precisamente fue despojado temporalmente de su cargo de juez de la Audiencia Nacional por haber ordenado escuchas a presuntos delincuentes en el caso Gürtel”.
Baltasar Garzón, que se mostró “perplejo” ante el seguimiento, aseguró a eldiario.es que “en ningún momento” había pedido “auxilio a la embajada” ni la había informado del viaje. En este sentido, Llamazares condena que el exjuez “haya sido objeto de seguimientos que podrían afectar a su intimidad y a su libertad como ciudadano español y en su trabajo de abogado y asesor jurídico”.