La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés) expresó hoy su preocupación al Gobierno de Nicaragua por el posible uso inadecuado de vehículos donados en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa este país centroamericano.
“La oficina de JICA Nicaragua manifiesta su preocupación sobre el posible uso de equipos y medios donados de forma inadecuada”, indicó ese organismo en una declaración.
El JICA emitió ese comunicado a raíz de una fotografía que está circulando en las redes sociales en la que se observa una camioneta con vagón trasero, donada por Japón, “presuntamente utilizándose en actividades que no corresponden al propósito para el cual fue entregado”.
Según la denuncia que circula en las redes sociales, en la que aparecen personas con bandera del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el Gobierno usa esa camioneta para las operaciones represivas contra los manifestantes antigubernamentales.
“Ante esta situación, hemos presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Nicaragua nuestra preocupación por el uso inadecuado de nuestra donación, a fin de evitar hechos parecidos”, continuó la delegación diplomática.
En la nota, el JICA aclaró que su cooperación está dirigida a apoyar programas y proyectos para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza que beneficien a todos los nicaragüenses, sin exclusión.
La semana pasada, la embajada estadounidense en Managua confirmó que solicitó a la Policía de Nicaragua la devolución o el pago de los vehículos que donó EE.UU. a la institución al considerar que están siendo utilizados para “reprimir” al pueblo.
La Policía negó que hayan usado esos vehículos para reprimir las manifestaciones y transportar a fuerzas irregulares.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.
Las violaciones incluyen “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, según la CIDH, lo que ha sido rechazado por el Gobierno de Nicaragua.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Daniel Ortega también como presidente, que ha dejado 309 muertos y más de 2.500 heridos, según un informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) publicado ayer.
Desde entonces, las autoridades y los organismos humanitarios han confirmado al menos dos muertos más.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.