La lenta cadencia con la que aparecía su nombre en informaciones sobre los casos caja B y Kitchen o en la Operación Catalunya hacía difícil saber quién era en realidad Javier Iglesias Redondo (Madrid, 1960), más allá de su participación formal como abogado en esas causas. Aquellas alusiones, tan inquietantes, eran piezas sueltas de un puzle incompleto hasta que se abrió la puerta del almacén sonoro de Villarejo. Las grabaciones del comisario han aportado el material suficiente para reconstruir el tríptico del poder corrupto que habita en la zona noble de Madrid. Luis Bárcenas lo aseguró esta semana en la Audiencia Nacional: El Largo siempre estuvo ahí. Con el Partido Popular. Aunque no se viera.
Los abogados de los grandes casos conocen a Iglesias desde los tiempos de las torres KIO o Banesto, aunque sus clientes no fueran los principales acusados. O como parte de la defensa inglesa del dictador chileno Augusto Pinochet. Pero si Javier Iglesias participó en un juicio irrepetible fue en 2003 como abogado defensor del teniente general Javier Calderón, antiguo director del CESID, por las escuchas ilegales del servicio de Inteligencia español a la sede de Herri Batasuna en Vitoria. Calderón y su antecesor, Emilio Alonso Manglano, fueron condenados por la Audiencia de Álava y absueltos después por el Tribunal Supremo.
Uno de los muchos clientes que tiene en la actualidad Javier Iglesias es Beatriz García Paesa, sobrina del agente del servicio secreto que se quedó con el botín de Luis Roldán. La cliente de Iglesias dirige desde Luxemburgo el entramado societario creado en aquella época y la Fiscalía pide para ella 50 años de cárcel por su participación en el caso Defex, la compañía pública de armamento. Fuentes de otros servicios de Información aseguran que ya en los noventa Iglesias se presentaba como interlocutor del espionaje español, algo que niegan taxativamente desde el entorno del abogado, donde aseguran que su trabajo se ha ceñido siempre a la representación letrada y al “interés exclusivo de sus clientes”, entre los que nunca se ha encontrado, añaden, el Partido Popular.
Hijo del catedrático de Derecho Romano Juan Iglesias, autor del manual con el que se han formado varias generaciones de abogados en esa especialidad, el entorno de Francisco Javier Iglesias Redondo afirma que ha defendido a políticos de todo signo político. “Hasta a dos acusados de terrorismo de Terra Lliure”, explican. Un letrado que ha compartido la defensa con algunos clientes se dice incapaz de identificarle con las informaciones que aparecen en la prensa en los últimos tiempos: “Es un magnífico profesional, con valores de la abogacía tradicionales, con dedicación al cliente, deontología, profesionalidad… No me lo imagino haciendo ninguna ilegalidad”.
Javier Iglesias comienza a frecuentar las crónicas del lado oscuro de la política a partir de 2013, pero son las grabaciones del caso Villarejo las que le otorgan altas cotas de poder. El comisario y el resto de componentes de su banda hablan en 2017 de El Largo como su vía de contacto con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Estas son las piezas del puzle que alumbran la silueta de Javier Iglesias en los últimos ocho años.
Pieza 1. Despacho de Javier Iglesias. Invierno de 2013. A falta de documentos inéditos, Luis Bárcenas había reservado varios titulares para el juicio de la caja B en su ajuste de cuentas con el PP de Mariano Rajoy. Ante el tribunal habló de una reunión en el despacho de El Largo en 2013 en la que el abogado, en nombre del PP, le habría ofrecido 500.000 euros en metálico, procedente de donaciones de empresarios, a cambio de que fabricara unos papeles distintos a los que había publicado El País y que así la formación política pudiera denunciar en público una maniobra en su contra.
Al encuentro habrían asistido también el fallecido Álvaro Lapuerta y Ana Gutiérrez, antigua socia de Bárcenas y esposa de Jesús Merino, exvicepresidente de Castilla y León, condenado en el caso Gürtel. “El Largo, aunque no es el John Silver de 'La Isla del Tesoro', es Javier Iglesias, el abogado que en esta causa aparece por todos lados, en todas partes”, soltó el extesorero. Fuentes del entorno de Iglesias aseguran que la revelación no es nueva y que, como hace ocho años, resulta falsa.
Pieza 2. Prisión de Solo del Real. Julio de 2013. La primera participación de Iglesias, al menos pública, en el caso de la caja B es como abogado de Álvaro Lapuerta, el otro guardián del dinero negro del PP. Al ya por entonces octogenario Lapuerta le había facilitado los servicios del abogado la propia formación política, con Rajoy de presidente y María Dolores de Cospedal como secretaria general, según confirman fuentes del entorno del tesorero fallecido.
El 15 de julio de 2013, el día de la confesión de Bárcenas ante el juez Pablo Ruz, El Mundo publicó que Javier Iglesias había visitado una semana antes al extesorero en prisión para trasladarle un mensaje: “Si hablas, tu mujer irá a la cárcel. Si callas, Alberto Ruiz-Gallardón será destituido en el último Consejo de Ministros antes de vacaciones y tu tema se archivará en septiembre por nulidad”. Iglesias hizo público un comunicado en el que aseguraba: “Jamás me he prestado ni me prestaría a una actuación del tipo como la que se describe en la noticia”. Su círculo niega que llegara a defender a Lapuerta por indicación del partido y sí a través de una persona muy próxima al anciano tesorero.
Tres semanas después de la confesión de Bárcenas y de la publicación de la noticia, Lapuerta cambió de abogado, alertado por el papel de Iglesias en la visita a la cárcel. El letrado explicó que se hacía incompatible la defensa de Lapuerta con la del constructor Alfonso García Pozuelo, quien después pactaría con Anticorrupción una confesión a cambio de una condena reducida en Gürtel y que aparece como uno de los donantes en el caso de la caja B del PP.
Pieza 3. Despacho de Javier Iglesias. Febrero de 2014. Josep Pujol, uno de los hijos del expresident, contó al juez Pablo Ruz que en el invierno de 2014 se reunió con el comisario Villarejo en el despacho de Javier Iglesias y que el policía le ofreció reventar el caso de corrupción que afecta a su familia a cambio de que el patriarca realizara una “proclama” en contra del proceso soberanista, según consta en el sumario. Javier Iglesias aseguró que no tiene nada que ver con ese ofrecimiento y que se limitó a ceder el despacho para el encuentro.
En la actualidad, Iglesias representa a los dueños de la Banca Privada de Andorra en una querella contra los responsables de la brigada política del PP que habrían extorsionado a los Cierco para conseguir las cuentas de la familia Pujol en su entidad. Es uno de los argumentos que esgrimen desde el círculo de Iglesias para defenderse de las acusaciones de ser parte de la Operación Catalunya.
Uno de los testigos que ha utilizado Iglesias contra Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas en esa causa en los juzgados andorranos ha sido José Manuel Villarejo, enemigo declarado de esos otros comisarios. Un audio incautado a Villarejo muestra al comisario y a sus compinches planeando “un asalto de 50 millones de euros” a los dueños de la banca rival de los Cierco, mezclando los intereses políticos de la Operación Catalunya con su afán crematístico. Villarejo y sus colaboradores implican a Javier Iglesias en el plan.
Pieza 4. El reservado de un restaurante de Madrid. Enero de 2017. José Manuel Villarejo y el también imputado en la causa Tándem Adrián de la Joya quedaron para comer ese 19 de enero de 2017 en el reservado de un restaurante de Madrid y durante media hora se les unió Alberto Pedraza, que acudió a contarles novedades. Pedraza, afincado en Andorra, afirma: “Javier (Iglesias) está preparando un documento con las implicaciones penales que ha cometido Andbank, y decir Andbank es decir el presidente del Gobierno (andorrano) porque es su puto hermano, y tengo las conexiones preparadas, documentadas... y les vamos a meter una hostia allí, en la Audiencia Nacional con la autorización del ministro de Justicia, del Mazo, del Maza, de su puta madre, de Moix y de todos”.
En ese momento, el ministro de Justicia era Rafael Catalá; el fallecido José Manuel Maza era el fiscal general del Estado; y a Manuel Moix le quedaba un mes para ser nombrado fiscal jefe Anticorrupción. Villarejo también dice que ha amenazado a El Largo con “levantar el pie a” Esperanza Aguirre en el caso de la fuga de la expresidenta madrileña con su coche de la Policía municipal, en la que una asociación del comisario ejercía la acusación popular.
En el audio aludido, el empresario Alberto Pedraza añade: “Le ha dicho el presidente al ministro: Oye, Rafael, me gustaría una Audiencia Nacional nueva. Utiliza a Javier que él lleva treinta años trabajando ahí y que te diga cómo lo haríamos”. En el momento de la publicación de esta información, en el verano de 2019, Iglesias declaró a elDiario.es que no conoce a Mariano Rajoy y que solo ha tratado con Catalá en una ocasión al defender los intereses de un Estado extranjero en una causa. Catalá, por su parte, afirmó: “En mi vida he hablado de rediseñar la Audiencia Nacional. Pedirle a un abogado eso es bastante idiota”.
Pieza 5. Cárcel de Valdemoro. Abril de 2017. El abogado Javier Iglesias visita a Francisco Correa en un momento clave del caso de la caja B. El cabecilla de la Gürtel había contado en el juicio de la Primera Época de la trama de corrupción ue la gran obra pública del Gobierno de Aznar era concedida a cambio de una mordida de entre el 2 y el 3% para el partido. En ese momento, el caso de la caja B estaba en fase de instrucción y el juez José de la Mata quería que Correa, presto a colaborar para reducir su condena, le ratificara unos hechos que afectaban de lleno a la investigación que él dirigía. Tras la visita de Iglesias, Francisco Correa se echó atrás y ante el juez se negó a confirmar lo que había dicho en el juicio. Javier Iglesias asegura que el abogado valenciano de Correa le escribió un correo electrónico transmitiéndole el interés de su cliente por que se incorporara a su defensa y que a eso se debió exclusivamente su visita. Iglesias escribió un mes después al juez para comunicar que se incorporaba a la representación letrada del jefe de Gürtel.
Pieza 6. Informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Octubre de 2018. Uno de los informes incorporados a la pieza 7 del caso Villarejo, conocida como Kitchen, recoge las conclusiones de la Unidad de Asuntos Internos a partir de otras grabaciones incautadas al comisario. El informe dice acerca del operativo: “Se colige que en realidad se trataría de una operación encaminada a la localización de documentos y archivos comprometedores con dirigentes del Partido Popular, la cual habría tenido un resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad (con conocimiento de El Asturiano y El Largo) sin que exista constancia hasta el momento de que el material incautado haya sido obtenido en el procedimiento judicial”.
En su informe, Asuntos Internos identifica a El Asturiano como Mariano Rajoy y a El Largo, como Javier Iglesias. En el escrito de Anticorrupción solicitando la imputación de Jorge Fernández Díaz y de su número dos -ambas ya acordadas- y de María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, la Fiscalía Anticorrupción hace suyas estas conclusiones. El mismo entorno de Javier Iglesias reconoce que el abogado supo del operativo por Villarejo, pero que nunca de su carácter ilegal y rechazan que hubiera participado en él. Javier Iglesias es el abogado de Gemma Alcalá, esposa de Villarejo, en la causa Tándem y en la que investiga la grabación ilegal a policías y miembros del CNI en la investigación al Pequeño Nicolás.