Jesús Arteaga: “Nuestra obligación es cumplir las leyes, se llame de amnistía o de lo que sea”

Jesús Arteaga (Madrid, 1964), fiscal con tres décadas de experiencia, fue elegido el pasado octubre presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la segunda organización profesional en representación en la carrera. Atiende por teléfono a elDiario.es desde Santander, donde ejerce actualmente como fiscal delegado de Seguridad Vial. La conversación se produce en la última fase de la negociación entre el PSOE y los partidos independentistas y en medio de una enorme presión contra la posible amnistía, también desde determinados sectores de la judicatura y la Fiscalía. 

Arteaga rechaza hacer pronunciamientos tajantes sobre la hipotética despenalización del procés, cuyo texto todavía desconoce, pero afirma que no cree que “vaya a atentar tan gravemente contra el orden constitucional”. Recuerda que la obligación de jueces y fiscales es “cumplir las leyes, se llame de amnistía o de lo que sea”. Y sostiene que los pronunciamientos antes incluso de conocer el contenido de esa posible norma “desprestigian a las carreras [judicial y fiscal] de un modo injusto”. También califica de “aberrante” desde “el punto de vista constitucional” que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleve casi cinco años en funciones, pero afirma que la Justicia “no deja de funcionar” aunque su órgano de gobierno no esté “legítimamente formado”. 

¿Cuál es su opinión sobre la ley de amnistía? ¿Cree que tiene cabida la amnistía en nuestro ordenamiento jurídico?

En la UPF hemos debatido estas cuestiones y, como tenemos bastantes sensibilidades, hay opiniones de todo tipo. Aunque últimamente está muy de moda, como asociación profesional, por sistema, no solemos meternos en política. No entendemos cómo algunos estamentos se adelantan tanto y ya la dan por mala o por buena [la hipotética ley de amnistía] cuando, yo por lo menos, no manejo ningún texto. Nuestra obligación es cumplir las leyes, se llame de amnistía o de lo que sea. Otra cosa distinta es que, dentro de nuestras competencias, tengamos que interpretar las leyes conforme a nuestro saber y buen entender. En todo caso, no creo que una ley vaya a atentar tan gravemente contra el orden constitucional. Y me arriesgo diciendo esto porque no la conozco. 

Todavía no se conoce la proposición de ley de amnistía, pero sí el acuerdo entre el PSOE y Junts. ¿Qué opina de las referencias al lawfare que recoge ese texto? El PSOE explicó después que el Parlamento no fiscalizará sentencias y solo tendrá en cuenta las conclusiones de investigaciones parlametarias ya comprometidas.

Respecto a las referencias al “lawfare” recogidas en el texto del pacto PSOE-Junts, me reitero en la defensa de la separación de poderes de nuestro sistema constitucional democrático. Subrayo la obligación constitucional de respetar la independencia de los jueces y la autonomía de los fiscales en el desarrollo de su trabajo, sin supervisión ni tutelas por otros poderes.

Decía que hay otros estamentos que se han pronunciado. Precisamente este lunes, nueve vocales del bloque conservador del CGPJ suscribieron una declaración institucional que afirma que la hipotética amnistía supone “la abolición del Estado de derecho”. ¿Cree que en la situación en la que está el CGPJ está legitimado para hacer este tipo de consideraciones?

La verdad es que no, me parece muy arriesgado. Es un órgano que lleva casi cinco años de cumplido mandato y que no está al completo. En el articulado que regula el Consejo yo no he sido capaz de encontrar ninguna facultad que justifique tal actuación. En todo caso, el orden constitucional español es muy fuerte y se compone de muchos elementos e instituciones. Acabamos de hacer unas elecciones, todavía no está resuelta la formación de Gobierno, pero se ha elegido un Parlamento con toda la democracia y meses antes se habían elegido los parlamentos autonómicos, alcaldes, alcaldesas… Evidentemente, tenemos un problema en la cúpula del Poder Judicial —que no deja de tener su importancia—, pero la Justicia no deja de funcionar porque el CGPJ no esté legítimamente formado. 

También se han pronunciado en contra de la hipotética amnistía la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales. ¿Le parece apropiado que jueces y fiscales se pronuncien en estos términos sobre una ley que aún desconocen y que, si finalmente es aprobada, tendrán que cumplir?

No me parece apropiado. Dentro de su libertad de expresión pueden decir lo que quieran, pero me parece arriesgado dado que nuestra profesión se basa en la seguridad jurídica, que consiste en aplicar las leyes aprobadas legítimamente. No sé si son adivinos y empieza el fin del Estado de derecho. Desde luego, no lo deseo. Quizá son pronunciamientos que deberían hacerse sólo a título individual. Considero que desprestigian a las carreras [judicial y fiscal] de un modo injusto.

¿Se refiere al CGPJ o a las asociaciones o a ambas?

A todo en general. Las asociaciones, obviamente, tenemos absoluta libertad para decir lo que queramos, pero esa misma libertad hay que conjugarla con el hecho de que representamos a nuestros asociados, pero también al conjunto de la carrera, donde más de la mitad de los compañeros —aunque no están asociados— pueden sentirse representados en algunos momentos o les gustaría que les representáramos. Hay que decir lo que haya que decir pero con mesura y prudencia. 

¿Cómo valora que haya órganos constitucionales como el CGPJ que están a punto de cumplir cinco años en funciones por la falta de acuerdo para su renovación? ¿Quién es responsable? 

En democracia hay que estar lo más actualizado posible y que un órgano de gobierno como el Consejo lleve casi cinco años en funciones es aberrante desde el punto de vista constitucional. No puedo echar la culpa a nadie porque cada uno tiene sus responsabilidades y sabrá por qué lo hace. Tengo mi propia opinión, pero es particular.

¿Está de acuerdo con el actual sistema de elección de vocales del CGPJ? ¿Haría algún cambio?

En la UPF no hemos hecho una ponencia o una resolución específica sobre esto, pero nos gusta el sistema de elección democrática y que haya representación de la sociedad en esta parte del Poder Judicial. Es bueno que haya gente de la carrera —debe haberla— pero no necesariamente la mayoría debe estar nombrada por gente de la carrera. Eso podía oler un poquitín a corporativismo y no es bueno de cara a la imagen a la que he aludido antes. En todo caso, los representantes políticos deberían apurarse y tener más respeto por ese tercer poder que, en esa parte [en alusión a su renovación], no depende de sí mismo. Por otro lado, insisto, si se cambia la ley, se acata y punto. Pero lo que sí es verdad es que habría que empezar la casa por los cimientos y ahora mismo lo que habría que hacer es renovar el Consejo y después hablar. 

Tras dos años de investigación la Fiscalía archivó sus investigaciones al rey emérito. ¿Cree que un ciudadano cualquiera habría recibido el mismo trato?

La verdad es que no lo sé. Es verdad que el ciudadano ahora ya rey emérito Juan Carlos I no es un ciudadano cualquiera. Su posición tiene sus pros y sus contras, aunque obviamente tiene más privilegios que perjuicios. Pero tanto como meterme en igual trato o desigual trato… la verdad es que no lo sé. Cuando se aprobó la amnistía fiscal también se cuestionó con el mismo argumento —que me parece completamente válido— si a los que tenemos cuatro duros nos habrían tratado igual. Y la verdad es que no lo sé. 

La UPF es partidaria de la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal. Es una medida contenida en la Lecrim que el Gobierno de coalición no ha tramitado. ¿Ha supuesto una decepción?

¿Decepción? Pues se puede emplear esa palabra, pero ahora y hace 15 años y más… Llevo treinta años en esta carrera y es algo de lo que se hablaba cuando estaba preparando las oposiciones. El modelo actual es un poquito anacrónico respecto al mundo occidental en general. En Estados Unidos, Holanda o Alemania el fiscal es el director de la instrucción. El juez tiene que ser imparcial e independiente y conocer lo menos posible de la investigación previa para redactar una buena sentencia o tomar una buena decisión.Y para eso tenemos a los fiscales, que estamos igual de capacitados e incluso tenemos una mayor especialización en el ámbito penal. 

La UPF y el resto de asociaciones han denunciado que el Gobierno no ha cumplido con el compromiso de aumentar en un centenar las plazas de acceso para las carreras judicial y fiscal para el año 2023. ¿Cómo afecta la falta de medios a su tarea diaria?

Puedo poner un ejemplo de lo que me está pasando esta misma semana: estoy haciendo un juicio con jurado importante y he tenido que aparcar todo el trabajo que me ha entrado desde hace unos días. Si hubiera una mayor posibilidad de ayuda personal de otros compañeros… pero es que están todos saturados. La falta de medios personales —y, a veces, materiales— se acumula. Se ha hecho un esfuerzo en los últimos años y creo que en cantidad trabajamos menos que antes, aunque ahora se exige más calidad y un mayor respeto de trámites de derechos fundamentales, como debe ser en un Estado de derecho. No se trata solo de 100 plazas más o menos… sino de dotarnos de personas cualificadas especializadas, de profesionales que nos puedan ayudar en nuestro trabajo. Si queremos un Estado de derecho y una justicia moderna, no solo, pero en parte, pasa por gastar más dinero en medios materiales y personales.

Desde algunos sectores se critica la politización de la Fiscalía. ¿Debería impedirse por ley que alguien que ha sido diputado o alto cargo pueda ser nombrado fiscal general del Estado por ese partido si llega al Gobierno?

Es una pregunta general que encubre una directa, pero está bien. Es verdad que es algo que no gusta en la carrera y que creo que tampoco se recibe con mucha emoción en la sociedad. En todo caso, sería complicado regularlo por ley. ¿Qué limite se pone? Hay que contar con las personas más válidas. Además, tenemos que tener en cuenta que, nos guste o no, el artículo 124 de la Constitución dice que al fiscal o la fiscal general lo nombra el Gobierno. Quizá estamos confundiendo los términos… Sería grave si la Constitución dijera que el Gobierno nombra al presidente del Tribunal Supremo porque podría darse el caso de pasar de un partido político o de un Gobierno en concreto —el que fuera— a un orden jurisdiccional. Aquí pasa a dirigir a los fiscales, aunque el fiscal general no participa en casi ninguna cuestión concreta en el día a día de la Justicia. 

¿Cuáles son las principales conclusiones del Congreso de la UPF? ¿Cuáles son sus objetivos como presidente?

No hay una conclusión principal porque sería hacer de menos a las otras. Pero, por destacar una, nos gustaría que fuera, de una vez por todas, la legislatura de la Justicia. No creo que haya ningún compañero —ni de esta carrera, ni de la judicial—, ni el último funcionario que acaba de llegar a trabajar con nosotros en la Administración de Justicia que no note que es una segundona. No queremos hacer esto en contra de nadie, pero necesitamos una Justicia mucho más actual, más ágil, más exigente —también con nosotros— y mucho más dotada y más preparada. También me gustaría destacar la lucha contra la violencia machista, que es una seña de identidad de la UPF que pensamos seguir llevando adelante hasta el límite de nuestras fuerzas. Y la vertiente de derechos humanos, donde hemos aprobado conclusiones sobre menores migrantes, memoria democrática, el Sáhara Occidental o —con mucha discusión e intercambio de pareceres— sobre Palestina e Israel.