José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat (Jaca, 1955) entra en el Senado después de atravesar la Plaza de la Marina. El candidato del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a ocupar un sillón en el Tribunal Constitucional llega con uno de sus compañeros de sala, el conservador José Luis Requero, y durante dos horas presenta su nuevo libro sobre el futuro de las ciudades. Lo hace en el antiguo salón de sesiones de la Cámara Alta, desde cuyos bancos escuchan algunos de los protagonistas del bloqueo que sufre la renovación del Constitucional y del propio CGPJ: desde Carlos Lesmes hasta algunos de los vocales conservadores que taponan el nombramiento del propio Bandrés como magistrado del tribunal de garantías.
Él es uno de los miembros más veteranos de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Llegó allí en 2003 con el beneplácito de un CGPJ conservador después de dos décadas dictando sentencias en juzgados de País Vasco, Aragón y Catalunya, así como en su Tribunal Superior de Justicia, entonces llamado Audiencia Territorial de Barcelona. Durante más de una década también dio clase de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona.
Con un perfil público bajo y un perfil técnico considerado alto por sus compañeros de sala, Bandrés y su perfil progresista nunca habían atraído grandes titulares en sus cuatro décadas con la toga puesta. Es uno de los miembros fundadores de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, aunque en 2001 no consiguió votos suficientes entre sus propios compañeros para optar a un puesto de vocal en el Consejo General del Poder Judicial. En octubre de 2003 fue nombrado magistrado del Supremo por un CGPJ controlado por los conservadores.
A lo largo de 23 años en la sala tercera, Bandrés ha sido ponente de más de 1.600 sentencias, aunque centrado en temas que le han mantenido razonablemente alejado de las portadas. Resoluciones, por ejemplo, sobre multas millonarias impuestas a empresas que forman cárteles y se saltan las normas de competencia o directivos que usan información privilegiada. Sobre asuntos relacionados con el mercado energético, la concesión de licencias para Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), sanciones por infracciones de la normativa de blanqueo de capitales, peticiones de asilo y protección internacional, el derecho al olvido o la TDT, entre otros.
En 2011, por ejemplo, reconoció el derecho de asilo a una mujer argelina por ser víctima de violencia machista. En 2015, avaló una multa de 2,2 millones a una empresa del sector de los residuos sanitarios por mantener acuerdos para repartirse el mercado en cinco comunidades autónomas. Un año antes había confirmado una multa de 210.000 euros a Román Sanahuja, presidente de Metrovacesa, por usar información privilegiada para beneficiarse en una compraventa de acciones. Ese mismo año quitó la condición de refugiado a un ciudadano paquistaní por escribir artículos contra el islam en internet.
No ha formado parte de la sección del Supremo que ha tratado algunos de los asuntos más mediáticos de los últimos años, como por ejemplo la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos, pero sí estuvo en el polémico pleno de lo contencioso-administrativo que en 2018 corrigió su propia doctrina y decidió que el impuesto hipotecario corría a cargo del cliente. José Manuel Bandrés firmó uno de los múltiples votos particulares contrarios, aunque menos beligerante que el resto de sus compañeros: consideró que el caso tuvo que ser puesto en manos del Constitucional, o incluso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras cosas porque cargar este impuesto en la cuenta del cliente “dificulta el acceso de los consumidores al crédito inmobiliario y pone en riesgo la transparencia del mercado hipotecario”. Podía afectar, razonó, al derecho a la vivienda digna de todos los ciudadanos.
Firmó otro voto particular en 2013, cuando su sala anuló el indulto concedido por el Gobierno de Mariano Rajoy al kamikaze que diez años antes había matado a otro conductor en la AP-7, pero lo hizo para apoyar la revocación de la medida de gracia. Pedía, incluso, que el Consejo de Ministros tuviera que justificar “de forma reforzada” la razón por la que se concede un indulto en contra del criterio del tribunal que sentenció al criminal. En la actualidad forma parte de la sección que establece el primer filtro al admitir o inadmitir recursos.
Presentación en el Senado
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo es uno de los grandes caladeros de candidatos y candidatas a ocupar un puesto en el CGPJ y el Tribunal Constitucional. De esa sala procede Carlos Lesmes, presidente del Consejo hasta hace menos de dos meses, y la inmensa mayoría de hombres que hasta ahora han presidido este organismo. De esa sala proceden también muchos magistrados que han ocupado sillones en el Constitucional y en el órgano de gobierno de los jueces.
Este miércoles, una de las salas históricas del Senado ha acogido la presentación de su último libro, 'El derecho a la ciudad y el buen gobierno urbano. Los nuevos retos de la gobernanza urbana sostenible para el siglo XXI' (Editorial Marcial Pons, 2022). Allí, algunos de los ponentes que han acompañado al magistrado han agradecido que considere el feminismo como “un punto de vista pertinente” para pensar el futuro de las ciudades. Y entre el público, actores y actrices principales y secundarios del doble bloqueo que viven actualmente el CGPJ y el Tribunal Constitucional.
Uno de los últimos en entrar era Carlos Lesmes, presidente del Consejo y el Supremo hasta hace menos de dos meses, cuando dimitió para intentar forzar, sin éxito, un desbloqueo en las negociaciones para renovar el organismo. Allí estaban también varios de sus compañeros y compañeras de sala, considerados tanto conservadores como progresistas. También de otras salas, como la de lo penal. Entre otras personas, dos magistradas que en los últimos años han sonado como parte de las ternas de candidatas a presidir el CGPJ: Pilar Teso y Ana María Ferrer.
En otro de los bancos, varios vocales del actual CGPJ, que tiene el mandato caducado desde finales de 2018. Entre ellos Wenceslao Olea, que intentó sin éxito que el Supremo anulara el nombramiento del presidente interino del órgano de gobierno de los jueces. Y justo al lado, el vocal José Antonio Ballestero, uno de los integrantes del sector conservador que bloquean desde septiembre la renovación y que ahora, en particular, piden poder vetar el nombramiento de Bandrés como candidato del sector progresista. No estaba José María Macías, vocal del que Bandrés fue tutor a lo largo de su carrera y que ahora también bloquea su nombramiento.
El magistrado que hubiera querido juzgar a Pujol
Bandrés desarrolló la mayor parte de su vida judicial en Catalunya antes de viajar a la sala tercera del Supremo en la calle Marqués de la Ensenada de Madrid. Allí presidió hasta 2004, por ejemplo, el Institut de Drets Humans de Catalunya, que en la actualidad forma parte de la Estructura de Drets Humans de esa comunidad junto con el Síndic de Greuges y que recientemente se ha mostrado crítico con la sentencia del procés catalán, aunque dos décadas después de la salida de Bandrés.
Fue en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona –posteriormente sala de lo contencioso del Tribunal Superior– donde Bandrés intervino en dos asuntos clave para la vida pública y política catalana de la década de los 80: la exculpación de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, que apoyó con reticencias, y la sentencia que impulsó la “normalización lingüística” en Catalunya. Una resolución de la que, como explicó en La Vanguardia, se sentía orgulloso.
En cuanto al caso Banca Catalana, Bandrés fue uno de los magistrados que apoyaron, aunque con reticencias, que el ya entonces president de la Generalitat de Catalunya no fuera procesado. Los fiscales habían pedido que Pujol fuera enviado al banquillo por delitos de falsedad documental, apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas, pero la mayoría de los jueces decidieron exculparle.
Bandrés apoyó la decisión pero redactó un voto particular contrario, porque consideraba que Jordi Pujol había cometido irregularidades que merecían “reproche penal” pero que en ese momento no entraban en el delito de apropiación indebida, según informó entonces El País.
En 1997 también publicó un artículo en la revista de su asociación sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos, que considera reconocido a nivel internacional en situaciones de opresión pero que, entiende, “no puede invocarse cuando un pueblo vive, libre y voluntariamente, dentro de un orden jurídico estatal (...) porque este derecho no acoge un derecho indiscriminado de secesión”. La Constitución española, dijo entonces, no es inmutable y puede reformarse de manera que posibilitaría “a las comunidades autónomas expresar su voluntad de separación del Estado a través de un proceso complejo”, pero que “tiene límites, porque no se puede escindir el derecho a la libre determinación de los pueblos del derecho del ciudadano al disfrute de la democracia”.